Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió intervención en San Andrés por presunta corrupción: “La distancia con Bogotá ya no es garantía de impunidad”
calendar_today 19.10.2026 - person - timer ~4 Minutos
Las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina llevaron al Gobierno nacional a solicitar una actuación coordinada de las principales autoridades de control. La intención es revisar distintos hechos que, según la administración, podrían estar relacionados con redes que habrían interferido en la contratación pública del archipiélago.
La decisión fue anunciada por la Presidencia de la República a través de su cuenta de X, donde informó que la Secretaría de Transparencia solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. La petición se hizo por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella.
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El Ejecutivo busca que las investigaciones se desarrollen de manera articulada y con seguimiento desde Bogotá, con el propósito de reducir posibles presiones locales y facilitar el avance de los procesos relacionados con las denuncias. Por ahora, se trata de una solicitud de intervención para investigar presuntos hechos de corrupción, no de una declaración judicial de responsabilidades.
Cristina Lombana, secretaria de Transparencia de la Presidencia, explicó en el video publicado que la solicitud responde a las denuncias que el presidente habría escuchado durante su visita al archipiélago. Según relató, los habitantes le hablaron de obras inconclusas, deficiencias en los servicios públicos y presuntas fallas de los organismos de control locales.
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“Los isleños le hablaron con dolor, pero también con valentía”, señaló Lombana al referirse a las conversaciones con la comunidad. La funcionaria sostuvo que las quejas no apuntarían a un único episodio, pues involucrarían hechos registrados en distintas entidades y momentos. A su juicio, al examinar esas denuncias en conjunto podrían identificarse patrones relacionados con la contratación pública. “No se trata de un solo caso, son varios hechos dispersos en distintas entidades y en distintos momentos”, afirmó.
Lombana describió un posible esquema en el que algunos contratistas concentrarían adjudicaciones mediante procesos que favorecerían repetidamente a los mismos participantes. También advirtió sobre la eventual influencia de intereses particulares en las decisiones políticas y administrativas, así como sobre posibles interferencias en los organismos encargados de vigilar el uso de los recursos públicos.
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“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que se pierde en corrupción es un peso que se le quita a un hospital, a un colegio, a una vía o al agua potable de una familia”, manifestó. La secretaria explicó que la petición al Gobierno contempla tres medidas: coordinar desde Bogotá las investigaciones que se adelantan en las islas, solicitar a la Procuraduría que ejerza su poder preferente y a la Contraloría que aplique el control excepcional, además de conformar un grupo especial que reúna y examine las denuncias.
La funcionaria justificó la centralización de los procesos con el argumento de que es necesario protegerlos de posibles presiones. “No desconfiamos de los isleños, sino de los tentáculos corruptos que interfieren en los organismos de control en la isla”, aseguró. La solicitud busca que las autoridades nacionales examinen los hechos de manera articulada y determinen si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales. Las afirmaciones expuestas por Lombana corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las entidades competentes.
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El anuncio estuvo acompañado de un mensaje de la Presidencia en el que se cuestionó el manejo de los recursos públicos en el archipiélago y se defendió la necesidad de actuar contra las posibles redes de corrupción. La publicación sostuvo que la distancia geográfica no puede convertirse en una barrera para las investigaciones ni en una garantía de impunidad.
En el mismo sentido, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a través de X con una declaración en la que defendió la posición de su administración frente a las denuncias. “No confundan la diplomacia de mi gobierno, con complicidad.¡Firme por el Archipiélago y Firme por la Patria!”, escribió el mandatario.
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Por su parte, Lombana hizo un llamado a los ciudadanos que tengan conocimiento de posibles irregularidades para que acudan a las autoridades competentes. También aseguró que el Gobierno pretende respaldar a los servidores públicos que cumplan sus funciones y a los empresarios que contraten legalmente con el Estado.