Gobierno cancela y suspende licencias de empresas de seguridad por presuntas irregularidades con armas
calendar_today 02.10.2026 - person - timer ~4 Minutos
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que varias empresas de vigilancia y seguridad privada fueron sancionadas o están en proceso de perder sus licencias, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo y control de armas.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el mandatario confirmó que algunas decisiones ya fueron adoptadas y que otras se encuentran pendientes de quedar en firme.
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“Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”, explicó De la Espriella a través de su cuenta de X.
El Gobierno sostiene que las actuaciones hacen parte de una ofensiva de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Supervigilancia, contra empresas que estarían incurriendo en irregularidades relacionadas con armas y que, en algunos casos, serían investigadas por posibles conexiones con organizaciones delincuenciales.
Supervigilancia investiga posibles nexos con bandas
El presidente señaló que la entidad avanza en investigaciones contra compañías por presuntas conexiones con Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de anomalías vinculadas con el control de armamento.
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“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, afirmó.
Las menciones del mandatario corresponden a investigaciones en curso y no implican por sí mismas que las empresas señaladas hayan sido declaradas responsables judicialmente de vínculos con organizaciones criminales.
De la Espriella también aseguró que desde la llegada del actual superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada impartió instrucciones para identificar compañías que eventualmente pudieran ser utilizadas como fachada para facilitar el acceso de delincuentes a armas o mecanismos de protección.
“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, dijo el mandatario.
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El Ejecutivo plantea que las empresas de seguridad privada deben estar sujetas a controles especialmente estrictos debido a que manejan armamento y prestan servicios que implican responsabilidades sobre la protección de personas, instalaciones y bienes.
El presidente anunció además que las autoridades realizarán una revisión en todos los departamentos de Colombia para establecer si existen otras empresas que estén incumpliendo las normas aplicables al sector.
Uno de los puntos centrales será determinar qué ocurrió con armas cuyo paradero no estaría plenamente establecido dentro de las investigaciones que adelanta la Supervigilancia.
“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, señaló De la Espriella.
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La información divulgada no precisa cuántas armas están siendo buscadas, a qué empresas estarían asociadas ni en qué regiones se habrían presentado las inconsistencias.
Tampoco se detallan las conductas específicas que dieron origen a cada una de las decisiones administrativas adoptadas contra las compañías mencionadas.
Por ahora, la situación jurídica y administrativa varía entre las empresas señaladas por el presidente.
Mientras Maximus ya tendría la licencia cancelada, en los casos de Blink, Lost Prevention y Atenas las decisiones de cancelación todavía deben quedar en firme.
En cuanto a OL Security Group–Servisecurity, la compañía permanece suspendida y el procedimiento para cancelar su licencia continúa en trámite.
El Gobierno indicó que la revisión nacional buscará establecer si existen más irregularidades en el sector y reforzar los controles sobre las compañías autorizadas para prestar servicios de vigilancia.
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Las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes, mientras la Supervigilancia continúa con las actuaciones administrativas relacionadas con las licencias y el control del armamento.