Casi un año después del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el gobierno de Daniel Noboa, la Fiscalía General del Estado informó a la Asamblea Nacional que mantiene 138 investigaciones penales relacionadas con las movilizaciones desarrolladas entre septiembre y octubre de 2025, siendo el delito de paralización de un servicio público el que concentra el mayor número de causas abiertas.
La información consta en una respuesta oficial enviada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que solicitó conocer el estado de las investigaciones iniciadas durante las protestas.
El paro nacional comenzó el 22 de septiembre de 2025, luego de que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, elevando su precio de $ 1,80 a $ 2,80 por galón. La Conaie, presidida por Marlon Vargas, convocó a una movilización indefinida que se prolongó durante 31 días, con bloqueos de carreteras y manifestaciones concentradas principalmente en Imbabura, Pichincha y Carchi.
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Aunque inicialmente la protesta tuvo como eje el rechazo a la eliminación del subsidio, posteriormente incorporaron otras demandas, como la reducción del IVA del 15 % al 12 % y la oposición a proyectos mineros. El Gobierno respondió con estados de excepción, despliegue de Fuerzas Armadas y advertencias de procesar por terrorismo a quienes incurrieran en actos violentos.
Según el documento remitido al Legislativo, con corte al 26 de junio de 2026, dentro del evento institucional denominado “Movilizaciones septiembre-octubre 2025”, registrado en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), existen 138 noticias del delito relacionadas con esos acontecimientos.
El mayor número de investigaciones corresponde al delito de paralización de un servicio público, con 66 causas, seguido de daño a bien ajeno (15), secuestro (11), extralimitación en la ejecución de un acto de servicio (10), instigación (8), robo (6), terrorismo (4), ataque o resistencia (4), lesiones (2), incitación a la discordia entre ciudadanos (2), incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (2) y paralización del servicio de distribución de combustibles (2).
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Además constan investigaciones por asociación ilícita, alteración de evidencias, tenencia de armas prohibidas, hurto de bienes policiales o militares, muerte culposa y receptación.
Uno de los pedidos formulados por la Asamblea fue conocer cuántos dirigentes indígenas, líderes sociales o manifestantes estaban siendo investigados o procesados penalmente. Sin embargo, la Fiscalía respondió que no registra ni clasifica la información según la condición social, política, étnica o de liderazgo de las personas investigadas, pues esos datos no forman parte del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales ni de los elementos previstos en el Código Orgánico Integral Penal para el registro de una noticia del delito.
Respecto de las personas fallecidas, heridas o afectadas durante las movilizaciones, la institución reportó ocho investigaciones relacionadas con lesiones o muerte de víctimas, concentradas principalmente en Imbabura y una en Loja. Entre ellas constan procesos por ataque o resistencia con resultado de lesiones, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte o lesiones y delitos de lesiones y robo con violencia.
La Fiscalía también informó que abrió siete investigaciones de oficio por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos durante las protestas.
El organismo explicó que esas investigaciones fueron impulsadas por la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, creada en cumplimiento de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Además señaló que durante las movilizaciones emitió directrices a las fiscalías provinciales para aplicar estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, realizó seguimiento a denuncias de posibles vulneraciones y solicitó información al Ministerio de Defensa sobre las actuaciones de la fuerza pública.
La Fiscalía aclaró que no puede entregar información específica sobre diligencias, avances investigativos, elementos de convicción o posibles responsabilidades dentro de cada expediente, debido a la reserva prevista en el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, al tratarse de investigaciones aún en curso.
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