Aunque las defensas de los imputados en el caso Imperio Ámsterdam celebraron ampliamente que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogiera sus reclamaciones y declarara nula la interceptación del teléfono del abogado Hernán Bocaz, representante del Dispensario Nacional, desde el Ministerio Público han sido claros en sostener que sus diligencias se han apegado a la norma.
En conversación con La Tercera, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, manifestó que recibieron la determinación tranquilos, y que están confiados en que el alcance de la resolución será acotado.
“El Código Procesal Penal protege especialmente las comunicaciones entre un imputado y su abogado, y el Ministerio Público eso lo comparte. Pero la ley permite interceptar esas comunicaciones cuando existen hechos que permiten estimar que el propio abogado podría tener responsabilidad penal en lo que se investiga. Ser abogado en ningún caso impide que sea investigado, no es una especie de fuero”, manifestó el persecutor al ser consultado sobre el origen de la cuestionada interceptación telefónica.
El persecutor agregó que “con los antecedentes que se tenían a la vista en ese momento, que provenían de otra interceptación legítimamente autorizada, se solicitó la medida informando al tribunal que se trataba de un abogado, y fue autorizada judicialmente. El tribunal reconoció en la audiencia que el Ministerio Público no omitió esa información. Lo que objetó fue la fundamentación de las resoluciones que autorizaron la interceptación, y respetamos esa decisión”.
“Resulta completamente incorrecto afirmar que la Fiscalía intervino un teléfono de manera irregular, ya que el propio tribunal descartó cualquier irregularidad u omisión nuestra, y lo que se acogió en la audiencia del día viernes se refiere únicamente a la fundamentación de la resolución judicial que autorizó la interceptación”, ahondó Libedinsky.
Consultado respecto del alcance que tendrá la determinación, pues se tendrán que excluir aquellas pruebas que deriven de las escuchas objetadas, el fiscal regional insistió en que la indagación no corre riesgos. “Todo el resto de la investigación se sostiene en sus propias fuentes, que son autónomas. En consecuencia, no hay ninguna prueba excluida y las autorizaciones judiciales siguen siendo plenamente válidas en todo cuanto no deriven de esa limitada línea investigativa que es la que se refiere a las escuchas del abogado”, dijo.
“Esas escuchas no son piezas fundamentales de la carpeta. Es una línea investigativa, entre muchas otras, en una investigación que se sostiene sobre múltiples fuentes independientes, como otras interceptaciones telefónicas, análisis de flujos de dinero, agentes encubiertos o reveladores, vigilancias e incautaciones de cuantiosas cantidades de droga, la que supera la media tonelada y que proviene de centros de cultivos clandestinos”, manifestó Libedinsky.
En la audiencia programada para diciembre el persecutor recalcó que van a defender lo que se resolvió en cuanto a que el alcance de esta decisión se limita única y exclusivamente a lo que provenga de la interceptación telefónica a Bocaz.
Respecto de las estrategias que han seguido las defensas, el representante del Ministerio Público indicó que es legítimo que los imputados hagan sus descargos, aunque subrayó que hay que distinguir entre las discusiones de carácter procesal y el fondo del caso.
“Ninguna decisión judicial adoptada hasta ahora ha cuestionado los antecedentes de la investigación. Es más, la propia Corte de Apelaciones de Santiago, al revisar las medidas cautelares, no puso en duda la existencia de los delitos ni de la participación, y sólo consideró que la necesidad de cautela se satisfacía suficientemente en este caso concreto con medidas cautelares de menor intensidad que las fijadas por el Juzgado de Garantía porque no había peligro de reiteración”, apuntó.
Libedinsky también enfatizó en la solidez del caso: “Como Fiscalía estamos absolutamente tranquilos y confiados en que nos encontramos frente a una investigación sólida, que se ha desarrollado en forma seria, acuciosa y objetiva, y que la prueba recabada durante el curso de las indagatorias se ajusta plenamente a la legalidad y nos permitirá acreditar, en un futuro juicio oral, los delitos por los que fueron formalizados los imputados. En esta causa, las penas que arriesgan son muy altas y obviamente de cumplimiento efectivo, en especial, para quienes lideraban este tráfico ilícito de drogas”.
“Esta es una investigación en pleno desarrollo, quedan aún muchas diligencias por realizar y nuestra legislación contempla hoy herramientas como la cooperación eficaz que cualquier imputado puede evaluar con su defensa. Esta causa todavía tiene mucho camino por recorrer”, acotó el fiscal.