
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la noche de este jueves 16 de julio que la red de huachicol fiscal encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es la más grande detectada en México, con un daño de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
El anuncio lo realizó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, horas después de la aprehensión del exmandatario panista en Ensenada.
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La investigación estableció que la red declaraba ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaba: reportaba alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaba hasta 110 mil, y que también se declaraban diferentes contenidos en las importaciones para no informar que eran combustibles.

También fue revelado que servidores públicos participaron en el esquema.
Por otra parte, la fiscal informó que en términos generales contra el huachicol fiscal, desde el 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
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El punto de partida para descubrir la red fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, según un video informativo difundido por el Gobierno de México. En esa acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas.
A partir de ese aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con las operaciones.
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Los trabajos de inteligencia permitieron reconstruir la estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa.
Según los datos revelados, la red operó a través de una empresa de servicios portuarios, dragados y operación de puertos que Ruffo Appel fundó y en la que figuraba como accionista mayoritario, la cual sería Ingemar.
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Las firmas relacionadas a la red se dedicaban formalmente a la importación de derivados del petróleo, pero al cruzar la mercancía desde Estados Unidos declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los transportados.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Las operaciones de importación se realizaron a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Una vez en territorio nacional, la mercancía ingresaba sin revisión aduanera y era descargada en espuelas ferroviarias.
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Desde esos puntos, y sin contar con permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el producto pasaba a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas encargadas de su distribución.
La investigación también detalló la participación de servidores públicos dentro del esquema. Entre los objetivos identificados figuran agentes aduanales y personal autorizado de agencias que facilitaron el ingreso de los productos sin las revisiones correspondientes.
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La investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades y que la red operó con 162 carros tanque identificados.
Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos. A esa cifra se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado.
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Esa cifra es parcial. Según los datos compartidos por Ernestina Godoy, el daño total a la hacienda pública derivado de las 4 mil 238 operaciones de importación irregular detectadas entre enero y julio de 2025 superó los 4 mil millones de pesos.
En el caso del diésel, la red introdujo más de diez veces el volumen autorizado; en gasolina regular, más de tres veces y media lo permitido.
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De manera paralela, la FGR identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
Presuntamente las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos, patrón característico de las denominadas cuentas puente, según el informe.
Según la investigación, los recursos se canalizaban hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, configurando un esquema de triangulación financiera.

La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. Al momento del anuncio, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido detenidas. Infobae México reportó previamente que un supuesto socio de Ingemar, identificado como Ricardo Thompson Navarro, fue capturado este mismo día en Ensenada por fuerzas federales.
Asimismo, la Fiscalía federal informó que la primer parte de las acciones operativas generó una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos a la organización y permitió localizar decenas de carros tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
Durante la conferencia, Godoy Ramos no vinculó a la red con ninguna organización criminal como los cárteles mexicanos, ni le asignó nombre alguno a la estructura de huachicol fiscal.