13 de julio, 2026 - 07h00
La Ley Electoral establece la realización de los procesos de democracia interna y elecciones primarias en las organizaciones políticas para definir a sus candidatos a nivel nacional o seccional, como es el caso actual de los comicios de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, periodo que terminó a comienzos de este mes.
Según la información oficial, se supervisaron 480 procesos aproximadamente de democracia interna, en la parte formal, cuando en el país están reconocidas y habilitadas alrededor de 230 organizaciones políticas. Procesos que se han transformado en una farsa por la falta de legitimidad y seriedad de los movimientos.
Tanta organización ha prostituido el sistema, con empresas electoreras que se transforman en maquinarias políticas y en negocio cuando se conforman las listas de candidatos, sin sustentos programáticos e ideológicos y por ello se han tornado en movimientos de alquiler que ofrecen los puestos para participar en los comicios y con ello evitar su desaparición, a cambio de aportes y cotizaciones, de acuerdo a la ubicación en las listas. Al final dejan réditos económicos a los dirigentes dueños de las organizaciones a costa de la política en corto tiempo.
Candidatos que participan en una u otra elección auspiciados por diferentes movimientos, en unos casos “coherentes” porque se han unido entre quienes tienen exfuncionarios públicos que están en la cárcel condenados por la justicia por corrupción, otros que ya salieron luego de cumplir su pena, unos prófugos de la justicia y otros que aún siguen procesados judicialmente, con órdenes de prisión preventiva.
Hay movimientos que por vergüenza niegan públicamente a sus fundadores, porque fueron condenados por delincuencia organizada y pagaron sus penas en la cárcel e incluso reconocieron los delitos para que sus sentencias sean reducidas, y las organizaciones se han mantenido pero con otros dueños. Otros propietarios de movimientos ejercieron ministerios y también fueron procesados por lavado de activos, recibieron condenas y fueron a centros penitenciarios.
Al momento hay al menos cinco alcaldes que están procesados y presos en cárceles (otros son investigados), acusados de haber cometido delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, que demuestra para qué llegaron a un cargo público, no para servir al país, a una provincia, a un cantón, sino para enriquecerse con recursos públicos en medio de la demanda de obras y la angustia de las comunidades que exigen atención de servicios básicos.
Resulta una afrenta a los electores conocer que autoridades que recibieron el voto popular se hayan enriquecido y manejado ilegalmente pero con facilidad millones dólares, gran parte en efectivo, que hayan crecido sus patrimonios de manera exponencial en tan poco tiempo y que ha sido determinado en las investigaciones realizadas por la UAFE, la Fiscalía, la Policía Judicial, que confirman las irregularidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la impunidad y se les condene en el debido proceso, con derecho a la defensa, y que se sienten precedentes para escarmentar a las autoridades corruptas. (O)