
La gestión de los bosques de Panamá entrará en una etapa de planificación a largo plazo, con propuestas para actualizar la legislación y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Las recomendaciones surgieron de la primera Semana Forestal, celebrada con participación internacional, y servirán como insumo para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056.
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El encuentro reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México, además de investigadores, funcionarios, empresas y representantes indígenas.
La discusión abordó cómo proteger los ecosistemas sin desaprovechar su potencial económico, mediante decisiones sustentadas en investigación, participación comunitaria y mecanismos de inversión.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Forest Stewardship Council. Entre sus objetivos estuvo identificar cambios que permitan fortalecer la gobernanza forestal y modernizar las reglas aplicables a la conservación y al uso sostenible de los bosques panameños.
Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt, explicó que las mesas de trabajo produjeron recomendaciones concretas para fortalecer tanto el plan maestro como la futura legislación.
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Las propuestas se organizaron alrededor de cuatro ámbitos: gobernanza, investigación, participación territorial y mercados, con atención al financiamiento de las actividades forestales.
Carlos Espinosa, director nacional Forestal de MiAMBIENTE, sostuvo que las decisiones deben apoyarse en evidencia científica y en una gestión responsable de los recursos. El funcionario destacó la necesidad de articular al sector público con empresas, investigadores y comunidades para construir una política forestal que trascienda los períodos de gobierno.
La discusión ocurre en un contexto de pérdida significativa de cobertura forestal. El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, divulgado por MiAMBIENTE en agosto de 2024, identificó 352.873 hectáreas perdidas en apenas dos años, con afectaciones importantes en Veraguas, Darién y Coclé.
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El contraste resulta relevante porque el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 había establecido que los bosques y otras tierras boscosas representaban aproximadamente el 68% del territorio nacional. Ese registro constituye una referencia anterior al diagnóstico de pérdidas, por lo que no debe interpretarse como una medición actualizada de 2026.
El Ministerio de Ambiente también reconoce que la expansión de las actividades agropecuarias constituye una presión sobre los ecosistemas forestales. Entre sus metas para 2024–2028 figura desarrollar una estrategia de financiamiento para conservar los servicios ambientales, junto con medidas de restauración y adaptación climática que requieren información científica y recursos económicos.
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Durante la clausura, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, señaló que Panamá alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial, según la estimación presentada en el encuentro. Planteó que semejante patrimonio natural requiere investigación propia, herramientas tecnológicas y profesionales especializados, además de recursos públicos para su conservación.
El funcionario también defendió la necesidad de ampliar el financiamiento nacional para investigaciones sobre biodiversidad. Explicó que la Senacyt continuará respaldando proyectos forestales mediante convocatorias científicas y oportunidades de formación, incluidas becas de posgrado y doctorado para especialistas interesados en estudiar los ecosistemas del país.

Otro componente del encuentro fue la búsqueda de alternativas económicas compatibles con la conservación. Las mesas sobre mercados, inversión y bioeconomía analizaron mecanismos para financiar actividades forestales sostenibles, mientras la Senacyt impulsa una estrategia nacional de bioeconomía orientada a convertir el conocimiento científico en oportunidades productivas.
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La participación indígena también ocupó un espacio dentro de las propuestas de gobernanza territorial. Durante las actividades se entregaron certificaciones a comunidades de las comarcas Emberá Wounaan, Wargandí y Madugandí, como reconocimiento a su compromiso con el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales.
La agenda incluyó una feria de pósteres donde estudiantes, docentes y profesionales presentaron investigaciones y experiencias de campo. Este intercambio permitió incorporar trabajos científicos y técnicos a las discusiones, con el propósito de vincular la formación académica con los desafíos forestales que enfrenta Panamá.
Las recomendaciones serán insumos para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal. Su incorporación dependerá de los procesos institucionales posteriores, en un país donde la conservación, la deforestación y el aprovechamiento económico plantean decisiones para las próximas tres décadas.
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