Estudio confirmaría el fracaso de la Paz Total de Petro: grupos armados ilegales crecieron en un 90% y se dispararon los desplazamientos forzados y las desapariciones
calendar_today 09.09.2026 - person - timer ~5 Minutos
Un informe elaborado por organizaciones defensoras de derechos humanos concluyó que los grupos armados ilegales en Colombia crecieron un 90% entre diciembre de 2022 y julio de 2026, periodo que coincidió con la aplicación de la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro.
El documento también advirtió aumentos en desplazamientos forzados, desapariciones, víctimas de explosivos y reclutamiento de menores, varios de los delitos que son prioridades para enfrentar en el país por parte de su sucesor: Abelardo de la Espriella.
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La investigación fue presentada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Los informes se titulan Los alcances del cambio: brumas en el horizonte y Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto.
Las organizaciones plantearon un balance crítico sobre los resultados de la política de diálogo con grupos armados y estructuras criminales. En una de sus conclusiones, señalaron que la paz total volvió a situar la salida negociada en el centro de la discusión pública, pero no consiguió resultados sostenibles en los territorios.
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“Si bien la política de paz total volvió a poner la salida negociada en el centro, no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad”, indicaron las plataformas en la presentación de los informes.
El documento señala que el número de integrantes de estructuras criminales aumentó de 15.120, en diciembre de 2022, a 28.802, en julio de 2026. Esto representa un crecimiento del 90% en menos de cuatro años.
El Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—) registró, según los datos citados en la investigación, una expansión territorial del 152%. La organización habría alcanzado presencia en 429 municipios, cifra equivalente a cerca del 39% del territorio nacional.
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En el caso de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), habrían aumentado su presencia en un 109%, hasta llegar a 376 municipios.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) creció un 22%, mientras que los grupos asociados a la Segunda Marquetalia habrían registrado una expansión del 108%.
Las organizaciones resaltaron que las principales estructuras ilegales mantuvieron, en distintos momentos, acercamientos o procesos de negociación con el Gobierno de Petro y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No obstante, sostuvieron que esos espacios no lograron impedir la expansión territorial ni el fortalecimiento de los grupos armados.
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El documento alertó por el impacto humanitario de la expansión de las organizaciones armadas. Según las plataformas, Colombia registró más de 120.000 desplazamientos forzados durante 2025, una cifra que describieron como una muestra de la crisis que enfrentaron varias regiones, tal y como lo ha reportado en varias alertas tempranas la Defensoría del Pueblo.
Las desapariciones forzadas habrían aumentado un 34%, de acuerdo con el reporte. También se elevó el número de civiles afectados por artefactos explosivos: entre enero y agosto de 2025, las víctimas crecieron un 145%, hasta llegar a 544 casos.
El informe añadió que las víctimas de minas antipersonal aumentaron un 23%.
“La expansión de los grupos armados disparó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes”, señalaron las organizaciones como otra de las conclusiones más preocupantes de su análisis.
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En cuanto a las agresiones contra defensores de derechos humanos, el balance indicó que el total de ataques en la administración Petro disminuyó un 12% frente al Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, los asesinatos de líderes y lideresas sociales se mantuvieron en niveles altos, con 618 expedientes reportados.
Pese a los cuestionamientos sobre seguridad y violencia, el informe reconoció avances en otras áreas. Entre ellos, mencionó la reducción de la pobreza monetaria al 28% y de la pobreza extrema al 9,6%.
Las organizaciones también resaltaron el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural. Además, incluyeron entre los avances las reformas pensional y laboral, dirigidas a ampliar las garantías para adultos mayores y trabajadores.
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En materia de protección de derechos humanos, el reporte destacó la instalación de Mesas Territoriales de Garantías en 29 departamentos. También mencionó la adopción de la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos.
El documento valoró de igual forma la creación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, así como el primer Plan de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
En el caso de la población LGBTIQ+, las plataformas señalaron que hubo una mayor presencia de sus derechos en la agenda estatal y se crearon nuevos instrumentos institucionales. Sumado a lo anterior, destacaron la disminución de agresiones atribuidas a integrantes de la Fuerza Pública durante manifestaciones sociales.
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El informe sostuvo que el estancamiento de la política de Paz Total no debe derivar en una política de seguridad basada en operativos militares, una de las mayores apuestas del Gobierno de De la Espriella para impactar a los principales grupos armados ilegales y estructuras criminales que delinquen en el país, y que en algunos casos, se valen del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión como fuentes de financiamiento.
Por tal motivo, ambas plataformas plantearon que la respuesta estatal debe combinar negociación política, inversión social, garantías para las comunidades y desmonte de organizaciones paramilitares.
El documento expresó preocupación por los anuncios del jefe de Estado sobre posibles recortes al gasto social, el fortalecimiento de una estrategia de seguridad de enfoque militar y los cuestionamientos a políticas de equidad.
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Para las organizaciones, esas decisiones podrían afectar el principio de no regresividad de los derechos humanos. Por esa razón, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que acompañe las garantías que, a su juicio, se consolidaron durante los últimos cuatro años.
“Los derechos humanos no pertenecen a un Gobierno ni pueden depender de la administración de turno”, concluyeron las plataformas.