Un año y cinco meses llevan esperando que se defina una audiencia de apelación las 20 personas que fueron sentenciadas como líder (1) y colaboradores (19) dentro del caso Metástasis, proceso que analizó a una “empresa criminal” que estaba manejada por el narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, y mantenía como objetivos infiltrar la justicia, sobornar jueces, obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada sobre causas penales que estaban en curso.
Nueve años y cuatro meses de cárcel es la condena que se impuso en primera instancia, con un voto de mayoría, al exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, alias Diablo, y a otras doce personas condenadas por colaborar con una “empresa criminal” investigada bajo el delito de delincuencia. A todos se les tomó en cuenta la agravante de haber sido funcionarios públicos al momento de cometer el delito.
Los jueces del Tribunal de Juzgamiento de la CNJ, Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, hicieron pública su resolución oral en noviembre de 2024, casi once meses después de iniciado el procesamiento penal en el que se llamó a juicio a 30 personas, pero solo 21 se mantuvieron presentes en la etapa de juicio. En cambio, en febrero de 2025 se notificó la resolución por escrito en la que se ratificaba todo lo dicho oralmente.
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Otras seis personas también fueron ubicadas como colaboradoras, pero al no haber cumplio la agravante de ocupar un cargo público durante los momentos en que se cometió el delito analizado, recibieron el máximo de la pena determinada en el segundo inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, la pena de cárcel de siete años. Solo para uno de los 21 procesados en esta etapa se le ratificó su estado de inocencia.
El único de los procesados que obtuvo una pena de diez años de cárcel, la máxima pena señalada en el artículo 369 del COIP, primer inciso, fue Xavier Alexander Novillo Arana, uno de los líderes de la organización conocido en el expediente de Metástasis con el alias Novi o Novita.
Como un “insulto a la inteligencia y a la dignidad humana” es como calificó Gabriel Terán, padre y abogado del extitular de la Judicatura, la sentencia agravada emitida de forma unánime contra su hijo. A decir de Terán padre, la resolución no se compadece con las pruebas que se evacuaron en 28 días de audiencia.
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“Lo único que están dando es el camino para enjuiciar al Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana. (...) Ese es el camino que nos impone el Estado ecuatoriano con esta clase de sentencias”, afirmó Gabriel Terán, quien adelantaba que apelarán la decisión de la Sala porque la ‘lucha continúa y ellos no pueden dejar así las cosas’.
Una reparación económica de $ 4 millones es lo que definió deben pagar de ‘forma solidaria’ estos 20 sentenciados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Así quedó determinado en el punto 869.9 de la sentencia por escrito notificada a las partes el 18 de febrero de 2025 por el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional que dictó el fallo de primera instancia.
Al no estar de acuerdo con estas condenas de prisión y de reparación económica, los 20 sentenciados han planteado formalmente los recursos de apelación. Estos recursos, más el interpuesto por la Procuraduría General del Estado, instancia que actúa como acusadora particular, serán conocidos por un Tribunal de Apelación integrado por sorteo por Hernán Barros (ponente), Javier de la Cadena y Manuel Cabrera, quien se excusó y fue reemplazado por el conjuez Fernando Cantos.
Actualmente esta Sala de Apelación se encuentra incompleta debido al traslado que se dio del juez De la Cadena de la CNJ a la Corte de Provincial de Imbabura. El cambio se dio debido a que el pleno CJ decidió el 23 de junio pasado terminar con la designación temporal realizada en 2019 en el más alto órgano de justicia ordinaria del país.
Las 20 personas con una pena de primera instancia fueron parte de los procesados en el caso Metástasis que el 7 de octubre de 2024 fueron llamados a juicio por el conjuez nacional Manuel Cabrera. 30 de los 37 procesados a ese momento recibieron un auto de llamamiento a juicio dentro de una investigación que se inició a raíz del asesinato de alias Patrón, en 2022, en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi.
Al analizar los dispositivos celulares de Norero la Fiscalía descubrió que, desde la cárcel, él dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios dentro del centro penitenciario, así como de buscar impunidad para él y su familia en un proceso por lavado de activos. La red investigada estaba conformada por jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados.
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Según la Fiscalía, la presunta organización habría tenido varios frentes de acción: financiamiento, dirección y planificación, y estuvo liderada por el abogado Cristian Romero, Xavier Jordán y otros dos procesados, quienes recibieron la colaboración de personas como el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga.
Romero, Jordán, Aleaga son parte del grupo de cinco procesados en Metástasis a quienes se les suspendió la etapa de juicio por estar prófugos de la justicia. El ordenamiento jurídico actual define que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.
A más de dos años de que se les ordenó prisión preventiva y se dispuso que se emita una difusión roja dentro de Metástasis contra Jordán, quien es ubicado en el expediente de la causa con el alias Marido, Mauricio, Ravioli o Daddy Yankee, y Aleaga, con el alias de Ruso, el presidente subrogante de la CNJ, Alejandro Arteaga, solicitó a Estados Unidos y Venezuela que conceden la extradición de los dos procesados por el delito de delincuencia organizada.
La secretaría general de la Corte Nacional informó en providencia del 14 de julio pasado al magistrado de instancia de Metástasis, que Alejandro Arteaga, en su calidad de presidente subrogante de la CNJ, ha solicitado formalmente a la República Bolivariana de Venezuela y a los Estados Unidos de América, que concedan la extradición de los ecuatorianos Ronny Xavier Aleaga Santos y Xavier Edmundo Jordán Mendoza, respectivamente, para que continúe el proceso penal en Ecuador.
El exlegislador del correísmo salió del país en diciembre de 2023, meses antes de ser vinculado al caso Metástasis, vía terrestre por la frontera con Colombia y se encontraría radicado en Venezuela bajo el estatus de refugiado. Aleaga ha dicho que salió del país debido a las innumerables amenazas contra él y su familia.
En cambio Xavier Jordán está radicado en Miami, Estados Unidos. A ese país llegó en febrero de 2020, luego de salir del aeropuerto de Guayaquil y tiempo antes de que se le iniciara un proceso penal por irregularidades en la venta de medicamentos durante la pandemia.
Tanto Aleaga como Jordán son también investigados en el caso Magnicidio FV, proceso penal en el que se analiza la intervención de siete personas como los autores intelectuales del asesianto del candidato presidencial Fernando Villavicencio, hecho criminal ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. Sobre ambos pesan órdenes de prisión preventiva y se ha notificado a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que los ubique y detenga con fines de extradición a Ecuador.
En inicio el caso Metástasis contó con 52 personas procesadas, de las cuales tres recibieron un dictamen abstentivo y otras doce recibieron penas reducidas de entre 15 meses y 44 meses de cárcel al acogerse a las figuras de procedimiento abreviado y cooperación eficaz. Luego, a inicios de octubre último, ya en el llamado juicio se sobreseyó a siete más y solo 30 fueron convocados a la etapa de juzgamiento.
De los 30 llamados a juicio, para ocho quedó esta etapa en suspensión al estar prófugos y el delito delincuencia organizada no poder ser juzgado en ausencia. A la suspensión del juicio se sumó un procesado más, quien demostró ante el Tribunal que había sido calificado como candidato a la Asamblea Nacional y eso hacía que se le podrá seguir procesando cuando termine el proceso electoral y se den los resultados definitivos.
Con la sentencia de finales de noviembre los 20 condenados como culpables se suman a los 12 sentenciados por procedimiento abreviado; mientras que Jhon Camposano, agente fiscal de la Unidad de de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional e Internacional (Fedoti) del Guayas, recibió en la audiencia de juzgamiento un auto de sobreseimiento, al no existir el convencimiento de su responsabilidad, pues no existían pruebas suficientes de su participación en los actos ilícitos investigados. (I)