El sistema penitenciario necesita una mejora importante

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~3 Minutos

Criterio urbano

Reducir las extorsiones implica tener un mejor control de las cárceles.

Guatemala encarcela a menos personas que cualquier otro país de América Latina (con relación a su población) y, aun así, tiene las cárceles más saturadas de la región. Esa contradicción —123 privados de libertad por cada cien mil habitantes, la tasa más baja del continente, junto a una ocupación de 289% de la capacidad instalada, la más alta— resume el problema del sistema penitenciario nacional. No es un problema de exceso de prisión. Es un problema de un Estado que dejó de construir, de contratar y de rehabilitar.

Esto ocurre por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de aumentar la inversión pública, así como no hemos podido construir carreteras, hospitales, escuelas nuevas, tampoco el Estado puede construir cárceles. Este es el momento de buscar nuevos modelos de APP y sistemas de contratación con contratos de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

Los números son claros. Según la presentación del Cien, realizada durante el foro retos y oportunidades del Sistema Penitenciario en Guatemala, organizado la semana pasada por Fundesa, como parte de las actividades previas al Enade 2026, entre 2008 y 2020 la población reclusa se triplicó, de ocho mil 409 a 25 mil 335 personas. En ese mismo periodo, la capacidad carcelaria pasó de seis mil 812 a seis 842 espacios: 30 plazas adicionales en más de una década.

Hoy hay 22 mil 933 personas recluidas en siete mil 922 espacios, y ese leve incremento no proviene de centros nuevos, sino de ampliaciones menores y del traslado de instalaciones que antes administraba la Policía Nacional Civil. En 15 años Guatemala no ha construido una sola cárcel. El pico de ocupación se alcanzó en 2019, con 374%. Cuando se supera el 120%, ya se habla de hacinamiento crítico.

Mientras tanto, el vecindario se movió. Costa Rica tiene cinco mil cien espacios en construcción, Honduras planifica 20 mil; Panamá, siete mil 500. El Salvador construyó 66 mil 300. Guatemala apenas registra mil 110 espacios construidos en la última década, con dos mil en construcción y tres mil en planificación. La diferencia no es ideológica: es de inversión sostenida. El país destina 0.08% del PIB a la administración penitenciaria; menos de la mitad del promedio centroamericano (0.17%) y del promedio latinoamericano (0.18%).

El déficit también se refleja en el personal. Casi cuatro mil agentes penitenciarios custodian a más de 22 mil reclusos —una relación aproximada de uno a 15—, en turnos de ocho días por ocho, con una remuneración líquida de Q6 mil cien al mes. No se recluta con periodicidad: hubo años sin una sola promoción de graduados. Y no existe carrera penitenciaria: un agente ingresa en el nivel 1 y ahí permanece toda su vida laboral, sin ascensos, sin especializaciones y sin un régimen disciplinario propio. Es difícil exigir control interno a una institución diseñada para no profesionalizarse.

Las consecuencias se ven todos los días. En 12 meses se realizaron 719 requisas, y solo entre enero y julio de 2026 se incautaron mil 780 teléfonos celulares. La talacha —el cobro extorsivo dentro de los centros— acumula 178 denuncias en la Oficina de Protección al Testigo y más de Q2 millones pagados.

Lo que falta es planificación de largo plazo: los dos centros de máxima seguridad, la carrera penitenciaria con régimen disciplinario propio, la tecnología de control de ingreso y, sobre todo, entender que casi todas estas personas recuperarán su libertad. Rehabilitar no es un gesto humanitario opcional; es un mandato constitucional. Sin cárceles que funcionen, las extorsiones se seguirán realizando desde las cárceles.