El PSOE no entregará todavía la información reclamada el 6 de octubre por el juez Santiago Pedraz sobre la contratación de abogados externos al partido, pese a que el magistrado reiteró su solicitud este martes y pidió su entrega en 48 horas. El abogado Alberto Cachinero explica que previamente debe preguntar al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ante la posible afectación al secreto profesional de los letrados. Además, se justifica en que "el periodo electoral" ha dificultado el cumplimiento de los plazos acordados por el magistrado de la Audiencia Nacional.
El juez que investiga las supuestas cloacas de Ferraz realizó este requerimiento tras interrogar como investigada a la gerente socialista Ana María Fuentes, que habló sobre la contratación de dos letrados —Ismael Oliver y Jacobo Teijelo— a los que el instructor vincula con las cloacas. Concretamente, Pedraz ha pedido una "relación completa" de los abogados, despachos y consultores contratados por cualquiera de los órganos del PSOE entre 2021 y 2025.
En su respuesta, el letrado de Ferraz reivindica en primer lugar la colaboración "manifiesta" de la formación política con el procedimiento judicial, y trata de explicar los tres motivos que han impedido que dicha colaboración se haya materializado en esta ocasión. En primer lugar, aduce que la información que pide el juez "no está centralizada y hay que recabarla de muy distintos interlocutores". "Las distintas organizaciones territoriales del partido pueden efectuar ese tipo de encargos que afectan a procedimientos y necesidades del propio territorio", precisa el escrito aportado en la Audiencia Nacional.
Acto seguido, el letrado Cachinero se escuda en que el "periodo electoral" hace que "la capacidad de respuesta inmediata" se haya visto "obviamente mermada". Finalmente, expone que "la información solicitada afecta a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados". Por tanto, la formación "ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida". El PSOE estima necesario este paso dado que "la información solicitada afecta a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados".
La formación política acota que la información que se le ha requerido concierne a terceras personas, empezando por "los abogados externos, titulares de su secreto profesional respecto de los documentos y comunicaciones relacionadas con su trabajo, cuya autorización sería necesaria y que, además, podrían querer ser oídos antes de su entrega". Asimismo, los datos podrían afectar a "los cargos públicos, representantes orgánicos o militantes del partido, cuando se trata de servicios encargados consistentes en su asesoramiento o defensa que se encomendó a esos abogados en relación con su actividad política", razona el letrado de Ferraz.
"Ponemos esta circunstancia en conocimiento de este tribunal, señalando que la consulta al CGAE no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado, sino únicamente dotarlo de las garantías que la propia providencia exige en relación con el secreto profesional", recoge el escrito de Alberto Cachinero, al que ha accedido este periódico. Junto a este documento, el PSOE ha aportado el escrito remitido, efectivamente, al Consejo General de la Abogacía.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha pronunciado al respecto de este asunto en la mañana de este jueves, desvelando que la formación había hecho una consulta al CGAE. "Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es el secreto profesional y la confidencialidad, la relación entre los abogados y los clientes", ha expresado Torró.
Después ha aludido a una circular del Consejo General de la Abogacía "donde venía a decir que ese secreto profesional, esa confidencialidad entre abogado y cliente, es sagrada, un derecho fundamental". "Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados", ha incidido la secretaria de Organización