Madrid, 7 ago (EFE).- El PP ha afirmado este viernes que la Fiscalía General del Estado está para defender la legalidad y el interés superior de los menores migrantes llegados en los últimos días a Ceuta, no para salir al auxilio del Gobierno ante las consecuencias de lo que, entienden, son sus propios incumplimientos.
Fuentes de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo han reaccionado de esta forma después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, haya indicado a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una de ellas se niega a acoger a los menores que sean derivados desde Ceuta al sistema de protección.
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El decreto de la Fiscalía se ha conocido en pleno debate sobre la gestión de los niños y adolescentes que llegaron solos a Ceuta durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio -no se sabe con exactitud cuántos son pero la Policía ha recabado los datos de 1.342- y su futura derivación a otras comunidades, según el modelo de reubicación vigente que no comparten las comunidades gobernadas por PP y Vox.
Desde el PP piden a la Fiscalía que no olvide su papel de neutralidad y le reclaman la misma diligencia para exigir el cumplimiento de la ley al Gobierno de España que la que muestra para advertir ahora a las comunidades autónomas.
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Le recuerdan que tiene obligaciones previas y esenciales a las de las comunidades autónomas y en concreto que en el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados, suscrito por la propia Fiscalía General del Estado, se atribuye expresamente al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar las pruebas médicas de determinación de edad cuando se localiza a un menor extranjero indocumentado, cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, y se indica que la decisión sobre su práctica le corresponde exclusivamente.
Por eso, consideran que, antes de advertir a las comunidades, la Fiscalía debería explicar cuántos de los menores llegados a Ceuta tienen su edad determinada, cuántos expedientes se han incoado, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos continúan pendientes de determinar.
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Como ha hecho en los últimos días, después de un inicial rechazo, el PP asegura que su posición y la de sus gobiernos autonómicos es inequívoca: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento de la legalidad.
No hay ninguna rebelión de las comunidades, afirman las fuentes del PP, sino la exigencia de que cada administración cumpla las obligaciones que le corresponden y que la ley se aplique a todos por igual. EFE
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