Más de una década (y una sentencia penal absolutoria) después, el horizonte judicial de la mina de Aznalcóllar vuelve a estar amenazado. Con los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones ya en marcha y la previsión de empezar la producción, como tarde, en 2029, el concurso público convocado en 2014 (y resuelto en 2015) por la Junta de Andalucía a favor de la empresa cordobesa Magtel y la multinacional Grupo México vuelve a estar pendiente de un tribunal.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tomado el relevo de la Audiencia Provincial de Sevilla -que dictó sentencia exculpatoria en diciembre del año pasado- y tendrá que estudiar ahora si hubo irregularidades administrativas en el proceso por el cual el gobierno andaluz entonces presidido por Susana Díaz dejó la mina en manos de Magtel y Grupo México, en un primer momento, y definitivamente en manos de Minera Los Frailes, controlada por el conglomerado mexicano.
Lo hace ahora, precisamente, una vez que la sentencia de la Audiencia de Sevilla que constató que no hubo tráfico de influencias ni connivencia entre los funcionarios que participaron en el concurso es firme. Eso supone que la vía penal queda definitivamente cerrada y es lo que justifica la reactivación de una demanda que, de forma paralela, interpuso Emerita Resources (la empresa que perdió el concurso) ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Aquella demanda, competencia del TSJA, llevaba más de diez años en estado de hibernación, suspendido el procedimiento por los magistrados del Alto Tribunal andaluz porque entendían que lo que se trataba de dilucidar en uno y otro procedimiento era sustancialmente lo mismo y, por eso, decidieron esperar a que el proceso penal finalizara.
Una vez finiquitado por la Audiencia a finales del año pasado, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla ha resuelto levantar la suspensión "por prejudicialidad penal" del recurso presentado en su momento por Emerita, tal y como había pedido esta parte y pese a la oposición de la Junta de Andalucía, de la Fiscalía y de Minera Los Frailes.
Lo hace en un auto fechado este miércoles en el que los magistrados Pedro Roas, María Luisa Alejandre y Julián Manuel Moreno señalan que, una vez declarada la firmeza de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ya no hay motivos para mantener la suspensión del recurso contencioso interpuesto por Emerita, lo que significa que el TSJA reactiva la causa y dictará una nueva sentencia, ésta exclusivamente en el ámbito adminitrativo del proceso.
Nada cambia en el aspecto penal y las absoluciones de los 16 acusados no tienen marcha atrás, pero este procedimiento, su resultado, sí podría tener consecuencias sobre la adjudicación del yacimiento sevillano, que Emerita Resources le sigue disputando a Minera Los Frailes once años después.
En la sentencia de la Audiencia de Sevilla, fechada el 4 de diciembre, el tribunal absolvió a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción.
La Audiencia condenó al pago de las costas procesales a las tres entidades acusadoras "al apreciarse una connivencia" entre ellas "en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada". La Fiscalía, de su lado, solicitó la absolución de todos los encausados.
La sentencia arremetió contra la "injusticia y sinrazón" de la posición mantenida por las acusaciones. De hecho, en el juicio resultó "claramente desvirtuada" la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados, algunos de ellos inculpados sin "sustento fáctico y probatorio" y "sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada", dijo la Audiencia.
El tribunal agregó que, frente a la postura de las acusaciones privadas y popular, "la posición del Ministerio Fiscal ha sido diáfana a lo largo de la causa invocando su conclusión absolutoria, cuyo fundamento basaba en pruebas de especial consistencia", como son el informe de los interventores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la UCO, "de los que no cabía inferir la comisión de los delitos por los que han sido acusadas 16 personas, en su mayoría funcionarios de alto nivel profesional, quienes, desde un principio, se han mostrado propicios a explicar su participación y actuación en el desarrollo y resolución del concurso minero, que a juicio de este tribunal lo han realizado con profesionalidad e imparcialidad".
Entre los 16 absueltos hay ex altos cargos, funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía además de los responsables de las sociedades Minera Los Frailes S.L., AMC Mining Iberia S.L.U., Grupo México, Minorbis S.L. y Magtel S.L. Todas estas empresas y la Junta han quedado eximidas de la responsabilidad civil que se les reclamaba. Entre los absueltos están la que fuera directora general de Minas, María José Asensio, y Vicente Fernández, que era entonces secretario general de Innovación en el gobierno de Susana Díaz y, posteriormente, asumió la presidencia de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de la que dimitió cuando se conoció su imputación en el caso.