7 de octubre, 2026 - 07h00
El Código Civil define a la fuerza mayor como el imprevisto al que no es posible resistir. Un naufragio, un terremoto o el ataque de piratas constituyen casos de fuerza mayor.
Desde el derecho romano, el concepto de fuerza mayor ha desempeñado un papel central en la teoría de las obligaciones. Normalmente la gente debe cumplir con sus obligaciones, pero excepcionalmente, si la obligación se vuelve imposible debido a un caso de fuerza mayor, la persona queda exonerada de cumplir puesto que nadie puede ser obligado a cumplir lo imposible o, dicho en latín, impossibilium nulla obligatio est. Si una persona vende una cosa y esta se destruye antes de la entrega por un evento imprevisible, el vendedor queda liberado de su obligación.
Lo mismo ocurre en el derecho anglosajón. En el célebre caso Taylor v. Caldwell, una compañía había contratado el uso de un teatro para realizar espectáculos, pero el edificio se incendió antes de la fecha pactada. La corte concluyó que el contrato se había extinguido porque aquello que hacía posible su ejecución había desaparecido.
Sin embargo, la fuerza mayor fue concebida como una excepción. Todo el sistema jurídico descansa sobre la idea elemental de que el futuro es, en términos generales, previsible. No porque podamos adivinarlo, sino porque podemos asumir que mañana se parecerá razonablemente a hoy. Gracias a esa expectativa celebramos contratos a largo plazo, invertimos dinero, construimos empresas, adquirimos viviendas y planificamos nuestras vidas. El progreso económico, en buena medida, consiste en la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro.
Pero en el Ecuador pareciera que la fuerza mayor ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. Pensemos únicamente en la última década. Un terremoto devastó ciudades enteras en la costa. Paros nacionales paralizaron la actividad económica durante semanas y pusieron en jaque a gobiernos democráticamente electos. Un presidente fue forzado a disolver la Asamblea y gobernar bajo un mecanismo constitucional extraordinario. La crisis de seguridad transformó radicalmente la vida cotidiana. Luego llegaron los apagones que suspendieron actividades productivas y educativas, y ahora convivimos nuevamente con la amenaza recurrente de fenómenos climáticos extremos. Cada uno de estos eventos, considerado aisladamente, podría calificarse como imprevisible e irresistible. El problema es que ya no ocurren aisladamente. Se han vuelto una constante. Vivimos en un país donde la única certeza parece ser la incertidumbre. Vivimos en el país de la fuerza mayor.
El derecho creó la figura de la fuerza mayor para enfrentar acontecimientos excepcionales, pero nosotros hemos terminado construyendo una normalidad basada en lo excepcional. Y cuando lo excepcional se vuelve cotidiano, tal vez debemos adaptar nuestras instituciones. La figura de la fuerza mayor tiene sentido cuando el futuro es previsible y los acontecimientos imprevistos son raros. ¿Es necesario repensar la fuerza mayor como excusa de cumplimiento de obligaciones en un país en donde todo es incierto? (O)