Una investigación documentó casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a familiares que se habían presentado como posibles patrocinadores de migrantes menores de edad bajo custodia federal. Los adultos entregaron sus datos personales durante el proceso de evaluación y posteriormente fueron localizados y detenidos por su situación migratoria.
El informe de The Texas Tribune explica que desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, su administración modificó los controles aplicados a familiares cercanos y otros adultos que se ofrecen para recibir a niños indocumentados. Los cambios incluyeron tres medidas centrales:
Una emisora de NPR en California registró más de 100 detenciones de posibles patrocinadores en Estados Unidos hasta marzo de 2026. La administración de Trump no informó una cifra total.
Bob Carey, exdirector de la ORR durante el gobierno de Barack Obama, advirtió a The Texas Tribune que esta práctica puede generar temor entre las familias. Los parientes podrían evitar presentarse ante las autoridades por miedo a quedar detenidos, pese a que los niños continúen bajo custodia federal.
La abogada Alexa Sendukas, del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, sostuvo que la política separa a las familias de una forma “mucho menos evidente” que las divisiones ocurridas en la frontera durante el primer mandato de Trump. Según explicó, estos arrestos reciben menor atención porque ocurren “en secreto”.
La ORR tenía bajo custodia un promedio de casi 1800 niños en todo el país en junio. La cifra representó una reducción frente a los más de 5000 registrados en enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca.
Sin embargo, el tiempo promedio de permanencia alcanzó los 117 días durante el año fiscal 2025. Ese período duplicó el promedio del primer gobierno de Trump y triplicó el registrado una década antes.
Una ley federal no establece un límite específico para la estadía de un niño en un albergue. No obstante, los abogados que representan a los menores sostienen que las demoras incumplen la obligación de ubicarlos con rapidez en el entorno menos restrictivo y más adecuado para ellos.
Algunos defensores acusaron al ICE de utilizar a los niños como “señuelo” para localizar a familiares indocumentados. También señalaron que las estadías prolongadas afectan la salud mental de quienes esperan durante meses la autorización para reunirse con sus parientes.
Sural Shah, pediatra de California y presidente del Consejo de Salud de Niños y Familias Inmigrantes de la Academia Estadounidense de Pediatría, comentó que la demora puede deteriorar la confianza de los jóvenes en sus cuidadores. Ellos pueden preguntarse por qué sus familiares no fueron a buscarlos, una situación que influye en la forma en que procesan el trauma.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa al ICE, defendió las detenciones de algunos patrocinadores indocumentados con antecedentes penales. También responsabilizó al gobierno de Biden por permitir el ingreso de miles de menores no acompañados a través de la frontera sur.
La respuesta oficial incluyó más de una docena de ejemplos de patrocinadores con antecedentes por posesión de pornografía infantil, robo, fraude y homicidio. El vocero indicó que el “objetivo principal” de la iniciativa consiste en efectuar controles de bienestar para comprobar que los niños estén seguros y no sufran explotación.
Sendukas rechazó ese argumento. La abogada aseguró que las tres mujeres entrevistadas cumplieron los requisitos impuestos por el gobierno y afirmó que las familias a las que representa solo buscan reunirse con los menores.
Una persona identificada por Texas Tribune con siglas como Y.R. emigró desde Honduras en abril de 2022 con una visa de turista. Había dejado a su hija con el padre de la niña y también se había separado de su sobrina y su sobrino, a quienes ayudó a criar junto con su hermana.
Un año después, los padres de los menores huyeron de Honduras tras recibir amenazas de una pandilla que, según relató Y.R., exigía un pago de protección. La familia llegó a México y esperó durante meses una cita para solicitar asilo ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Después cruzaron la frontera y se entregaron a la Patrulla Fronteriza, pero fueron deportados a Honduras, de acuerdo con el relato de Y.R. En un segundo intento, presuntos integrantes de un cartel los secuestraron para exigir un rescate, según contó el sobrino de la mujer. El adolescente afirmó que lograron escapar cuando sus captores se distrajeron.
La familia decidió que los niños cruzaran solos. Ambos atravesaron el río Grande el 25 de abril de 2025 y se acercaron a agentes de la Patrulla Fronteriza. Al día siguiente ingresaron en un albergue federal, mientras sus padres regresaron a Honduras.
La ORR contactó a Y.R. y le preguntó si aceptaba hacerse cargo de ellos. La mujer permitió una inspección de su departamento, completó formularios y presentó una prueba de ADN y una verificación de antecedentes.
Después, los funcionarios le exigieron tramitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) le informó que el proceso demoraría cuatro semanas y retuvo su pasaporte mientras gestionaba la solicitud.
Durante esa espera venció la verificación de antecedentes penales y las autoridades le pidieron que la repitiera. Y.R. consideró que los sucesivos pasos buscaban que abandonaran el proceso.
En marzo, un funcionario migratorio la citó en una oficina para verificar su identidad. Ella narró que el IRS todavía conservaba su pasaporte y decidió no presentarse porque sospechó que podían detenerla.
Un mes después, dos agentes la arrestaron en el estacionamiento de su vivienda, cuando se dirigía a su trabajo en la construcción. La declaración jurada indicó que los funcionarios obtuvieron sus datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Y.R. permaneció dos semanas en un centro de detención del norte de Texas. Un juez migratorio autorizó su liberación bajo fianza, en parte porque había ingresado legalmente al país norteamericano. En mayo, se reunió con su sobrina de 11 años y su sobrino de 14, aunque quedó sometida a un proceso de deportación.
F.S., una guatemalteca de 32 años que también fue identificada únicamente por sus iniciales por temor a represalias gubernamentales, quedó detenida después de iniciar el procedimiento para recibir a su hijo. Había abandonado su país en 2023 por la violencia y porque no podía mantener allí a sus tres hijos. Viajó en una caravana hasta México, cruzó la frontera, se entregó a las autoridades y solicitó asilo.
Luego recibió permiso para permanecer en Estados Unidos mientras avanzaba su caso y se instaló con una amiga de la infancia en las afueras de Dallas. Más tarde, un tribunal emitió una orden de deportación porque faltó a una audiencia. F.S. aseveró que nunca recibió la notificación debido a una mudanza.
Su hijo mayor cruzó solo la frontera en octubre de 2025, cuando tenía 13 años, y fue trasladado de inmediato a un albergue. F.S. hablaba con él con frecuencia y recorría cuatro horas en cada dirección para visitarlo al menos una vez por semana.
Los documentos judiciales presentados por su abogado indicaron que el ICE la arrestó como parte de una operación destinada a localizar patrocinadores indocumentados. Ella consideró que la detención ocurrió porque se presentó para reclamar a su hijo y contó que el adolescente se culpa por lo sucedido. Ambos aceptaron ser deportados para poder reunirse antes.
M.R., una salvadoreña de 41 años, vivió una situación similar. Había cruzado la frontera de manera irregular en 2021 con uno de sus tres hijos después de que una organización criminal asesinara a su esposo, su hermano y una prima embarazada.
Sus otros dos hijos ingresaron en 2025 y fueron enviados a un albergue. La hija mayor salió al cumplir 18 años, pero la menor, de nueve, permaneció bajo custodia.
Un trabajador social le dijo a M.R. que no tendría problemas si se ofrecía como patrocinadora. Cuando entregó sus datos, la ORR la citó en una oficina para una prueba de ADN. Los agentes del ICE la esperaban allí y la arrestaron.
Según The Texas Tribune, tres meses después del arresto, M.R. permanecía detenida en un centro de Luisiana a la espera de su deportación. Su hija de nueve años llevaba más de siete meses en un albergue de Texas