“Esta es una organización inútil, que miró para otro lado con la causa Malvinas” sentenció Javier Milei en su tercera exposición en la Asamblea General de Naciones Unidas. Con su intervención, el presidente consolidó una mutación profunda en la diplomacia argentina. La novedad política no radicó en sus habituales descalificaciones hacia los organismos y la burocracia internacional, sino en un replanteo frontal sobre la posición de nuestro país frente a su soberanía en las Islas. En su discurso, el jefe de Estado denunció abiertamente la explotación británica de hidrocarburos en la cuenca norte del archipiélago y advirtió que el país no esperará pasivamente “a que la ONU actúe”, enlazando ese reclamo a la tensión entre Estados Unidos y Reino Unido y a las urgencias financieras locales.
En este punto, el discurso de Milei funcionó en sincronía con los pasillos de Manhattan. Mientras el presidente interpelaba al plenario de las Naciones Unidas, la delegación oficial negociaba con agencias del gobierno estadounidense, como el Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), un esquema de financiamiento multimillonario destinado a infraestructura crítica y a la exportación del gas licuado de Vaca Muerta. En paralelo, Donald Trump utilizó su encuentro bilateral con el primer ministro británico Andy Burnham para poner sobre la mesa la disputa de soberanía en el Atlántico Sur, quebrando la tradicional neutralidad del Departamento de Estado y ofreciéndose como mediador. Milei leyó esa grieta entre Londres y Washington como una oportunidad para saltarse el camino del consenso global y apostar a una alianza bilateral de seguridad económica con la Casa Blanca.
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Para muchos, la estrategia argentina desplegada en esta Asamblea General marca el certificado de defunción práctica de la Resolución 2065 de 1965. Durante seis décadas, aquel texto consagrado por la ONU operó como la piedra angular del reclamo argentino que reconocía la existencia de una disputa colonial de soberanía, excluía expresamente el principio de autodeterminación para los pobladores británicos en las islas (ya que son considerados “población implantada sobre un territorio que se encuentra en disputa”) y obligaba a las partes a negociar. Desde la óptica libertaria, aquel andamiaje jurídico y los incontables pronunciamientos del Sur Global constituyeron una pérdida de tiempo protocolar que, en todo este tiempo, no desalojó a una sola fragata ni impidió que Gran Bretaña perforara el lecho marino y explotara de forma “no autorizada nuestros recursos en el área en disputa”, tal como afirmó el mandatario.
Esa interpretación, y el posicionamiento argentino hoy minimiza lo que el blindaje sudamericano intentó construir, con ambigüedades, a lo largo de todos estos años. La región hizo valer principios estructurantes del derecho internacional, como la integridad territorial emanada de la Carta de la ONU y de la histórica Resolución 1514, pero además impuso costos concretos. A través de resoluciones explícitas en el Mercosur y en la Unasur, los países vecinos sellaron un cerco logístico prohibiendo el amarre en sus puertos de buques con bandera de las islas, limitando el auxilio naval a las plataformas petroleras extranjeras y vetando la conexión aérea regular directa desde sus capitales. Argentina no recuperó las islas, es verdad, pero encareció de manera decisiva la presencia británica.
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Es cierto que ese andamiaje regional mostró siempre sus propios límites y contradicciones. La solidaridad de los vecinos nunca fue incondicional y mientras se firmaban declaraciones enfáticas en las cumbres presidenciales, firmas uruguayas y chilenas mantuvieron negocios con entidades británicas por debajo de la mesa, y el costo diplomático de alinearse con foros del Sur Global frecuentemente dejó a Argentina enredada en alianzas incómodas con regímenes autoritarios que poco sumaban al interés nacional. Por eso, el diagnóstico de la Casa Rosada fue contundente: acumular documentos durante décadas no alteró un ápice el control militar británico ni obligó a Londres a sentarse a discutir la soberanía de fondo.
El problema, sin embargo, radica en la fragilidad del reemplazo que propone el Gobierno. Al dinamitar ese consenso imperfecto y ambiguo para apostar exclusivamente a la sintonía ideológica con Washington, la política exterior argentina queda atada a la voluntad oscilante de Donald Trump. Si el mandatario norteamericano utiliza la tensión con Reino Unido solo como una carta de presión momentánea para negociar otros acuerdos comerciales o concesiones de seguridad con Londres, el expediente de Malvinas volverá a quedar archivado. Romper con nuestros vecinos puede parecer una decisión pragmática ante un multilateralismo cada día más obsoleto, pero cambiar un cerco regional (con todas sus fallas) por una apuesta personalista en el Norte corre el riesgo de dejar al país en el peor de los escenarios: sin la influencia de la superpotencia, sin el auxilio de los puertos vecinos y con un reclamo histórico que puede, lamentablemente, llegar a perder respaldo internacional en caso de que la causa Malvinas deje de ser estratégica para nada más ni nada menos que una figura como Donald Trump.
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