El Gobierno francés trató ayer de detener el creciente movimiento de protesta estudiantil que ganó amplitud en el país, pese al incremento de las medidas policiales y a la apertura de un diálogo entre los asociaciones de alumnos y Édouard Geffray, el ministro de Educación.
Geffray se reunió en el Ministerio con representantes de los principales sindicatos de estudiantes de instituto, en un intento de frenar un movimiento que comenzó la semana pasada y en algunos lugares ha derivado en actos violentos.
Al término del encuentro, los representantes de los estudiantes expresaron su satisfacción por renovar el diálogo, pero consideraron insuficientes los compromisos del ministro, por lo que decidieron mantener la protesta y los bloqueos de institutos.
Por esta razón instaron a acudir a una gran manifestación convocada para el próximo martes, a la que también se han asociado los sindicatos tradicionales de personal docente.
Los estudiantes se apresuraron a distanciarse de actos violentos y de enfrentamientos con las fuerzas del orden que se están viviendo en los últimos días que, afirmaron, no corresponden a alumnos y que atribuyen a personas ajenas a los institutos.
Igualmente, denunciaron el fuerte despliegue policial y, en algunos casos, la dureza con la que actuó la policía para disolver sus manifestaciones y sus intentos de bloquear el acceso a institutos. El Sindicato de la Magistratura, la segunda asociación de juristas del país, acusó al Gobierno de enviar “una respuesta brutal” a “la cólera legítima de los estudiante, señalando que el empleo de la fuerza “no es una respuesta adecuada a un movimiento formado esencialmente por niños”.
La degradación de las condiciones de la enseñanza en Francia, con profesores que no son sustituidos cuando están de baja o la suciedad en los institutos (incluso con ratas) fue el detonante de una protesta que comenzó en las afueras de París y que se ha ido extendiendo por todo el país.
Según los datos oficiales, el bloqueo de institutos, que ha ido en aumento, alcanzó ayer a 564 centros, algunos de los cuales sufrieron incendios de contenedores.
Los prefectos (delegados del gobierno) prohibieron manifestaciones en las puertas de los institutos en muchos departamentos, al tiempo que ordenaron su cierre de forma provisional para evitar altercados.
Pero estos se trasladaron a otros lugares y generaron choques con las fuerzas del orden. El más grave de ellos, grabado por testigos, provocó una dura agresión a un agente de policía de paisano en Belfort.
Tras haber tratado de arrestar a uno de los militantes violentos, fue rodeado por otros compañeros que le tiraron al suelo, donde fue pateado en la cabeza, lo que motivó que la fiscalía abriera una investigación por tentativa de asesinato.
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, consideró “inadmisibles” esos actos y reiteró que en muchos casos la protesta es “violencia urbana”.
En algunos departamentos los prefectos comenzaron a contactar con los padres de los menores detenidos en las protestas, siguiendo las instrucciones del ministro de Justicia, que pidió hacerles responsables de los actos de sus hijos.
El Gobierno siguió acusando al partido izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, de atizar los actos violentos, cometidos con frecuencia por jóvenes encapuchados y que a menudo no son estudiantes de los institutos afectados.