Es oficial: el Gobierno cambia las normas y, a partir de ahora, prohíbe despedir a los trabajadores españoles que informen sobre casos de corrupción en su empresa
calendar_today 31.07.2026 - person - timer ~2 Minutos
El pasado 28 de julio, el Ejecutivo lo hacía oficial. Con la aprobación de la propuesta emitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Gobierno modificará el texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, se añadirá un supuesto más en el apartado de la protección de las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
"Resulta necesario reforzar las garantías de indemnidad en el ámbito laboral, mediante la modificación de los preceptos correspondientes contenidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ya que el sistema de protección quedaría enormemente debilitado si su respuesta se circunscribiese a garantizar la percepción de la indemnización prevista para el despido improcedente", sostiene el ministerio.
"Denunciar la corrupción no puede costarte el trabajo. Aprobamos una medida de protección para las personas trabajadoras que denuncien infracciones o corrupción en sus empresas. El despido por denunciar será nulo", se especifica en el anuncio que emitía el Ministerio de Trabajo en su perfil oficial de Twitter esta misma semana.
"El texto recoge la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo o, una vez iniciada la relación laboral, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia, la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias, cuando se produzcan con ocasión de una revelación o de la presentación de información o comunicación conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", se indica en la nota de prensa del Ministerio de Trabajo.
Y no es ese el único cambio que contempla la aprobación de esta nueva medida. Se incluye, además, la "prohibición de represalias, amenazas o cualquier trato desfavorable o discriminatorio al denunciante o sus familiares. Se refuerzan las garantías frente al uso de poder disciplinario como represalia por denunciar", se garantiza.