El Gobierno boliviano coordina con la OEA una misión civil de policías para prevenir nuevos conflictos
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~4 Minutos
El Gobierno de Bolivia avanzó este miércoles con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la preparación de una misión civil de policías para prevenir nuevos conflictos, después de las protestas y bloqueos que se extendieron entre mayo y junio, dejaron al menos 16 muertos y provocaron desabastecimiento y pérdidas económicas por más de USD 3.000 millones.
La reunión se realizó en La Paz entre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Griner, y el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada. También participó un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.
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La cita marcó el inicio de una instancia de trabajo orientada a delinear la llegada de efectivos de distintos países para asesorar y acompañar a la Policía boliviana. Oviedo indicó que la iniciativa busca contribuir al resguardo de las garantías ciudadanas y de la convivencia pacífica frente a posibles escenarios de tensión social.
Griner señaló que la visita tiene como objetivo recoger las expectativas que las autoridades bolivianas plantearon al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con vistas a un posible envío de personal. También precisó que la propuesta todavía permanece en elaboración y que contempla la participación de policías sin armas y sin uniformes.
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Durante la reunión con la comitiva, Oviedo presentó un saldo de los conflictos registrados entre mayo y junio y planteó la necesidad de avanzar en tareas preventivas conjuntas. Según sostuvo, la cooperación apuntó a preservar el derecho a la manifestación sin afectar el libre tránsito, la atención médica ni el abastecimiento de productos esenciales.
El ministro remarcó que durante la crisis anterior varias ciudades quedaron sin oxígeno, sin alimentos, sin transporte y sin atención médica, una situación que integró la evaluación del organismo. La agenda prevista hasta el viernes también quedó vinculada al proceso de reinstitucionalización de la Policía boliviana.
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El conflicto se desarrolló durante siete semanas con cortes de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con apoyo de sectores afines al exmandatario Evo Morales. Las protestas exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y tuvieron mayor impacto en el occidente y el centro de Bolivia.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo dispuso el 20 de junio un estado de excepción para levantar las medidas, luego de alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana. La disposición quedó fijada por 90 días, mientras algunas autoridades dejaron abierta la posibilidad de una prórroga ante anuncios de nuevas protestas.
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La ronda de contactos surgió a partir del informe presentado la semana pasada por una comisión de la OEA que visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. Tras ese recorrido, el organismo pidió abrir un diálogo lo más amplio posible entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad boliviana para reducir la polarización y evitar nuevos enfrentamientos.
Sobre esa base comenzó el intercambio entre especialistas en seguridad pública y justicia y las autoridades locales, con la intención de definir mecanismos concretos de prevención.
Además del eje centrado en los conflictos sociales, Oviedo presentó un panorama de seguridad que incluyó la situación del narcotráfico. En ese repaso, reconoció un incremento de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba y señaló que esa evolución contrastó con los resultados obtenidos en interdicción.
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A la vez, sostuvo que bajo el nuevo mando policial aumentaron los decomisos de aeronaves utilizadas para el traslado de cocaína al exterior. Según el detalle oficial, la cifra superan las 80 avionetas incautadas tras pruebas químicas y de microaspirado que, de acuerdo con el Gobierno, confirmaron su uso en operaciones ilegales. También informó sobre la desarticulación de laboratorios y sobre la presencia de redes integradas por ciudadanos extranjeros.
La reunión incluyó una referencia a la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar, en Viacha. Sobre ese caso, el ministro indicó que la investigación avanzó por dos carriles institucionales, uno bajo conducción de las Fuerzas Armadas y otro a cargo del Ministerio Público y de las instancias judiciales.
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(Con información de EFE)