Desde hace varios días, Colombia sigue con atención los acontecimientos del crimen de María Camila Potosí, una joven embarazada de 21 años que fue hallada sin vida el 20 de julio pasado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste del país), cuatro días después de que se reportara su desaparición.
El cuerpo de la joven fue encontrado en las inmediaciones del río Meléndez, en una zona rural de Cali, en un avanzado estado de descomposición, atada de pies y manos, con signos de tortura y varias heridas de arma blanca.
Sin embargo, según el relato de la madre de la víctima a medios locales, los expertos de Medicina Legal (autoridad forense) que realizaron la autopsia revelaron que no encontraron en el vientre de la mujer a la bebé de ocho meses que estaba gestando, un giro que ha intensificado la investigación y conmocionado a la sociedad.
El jueves 23 de julio, familiares, amigos y vecinos de la víctima se movilizaron por las calles de Cali para exigir mayor celeridad en las indagaciones y para pedir que las autoridades encuentren al neonato, a quien sus padres habían decidido llamar Alaya.
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La madre de María Camila, Alba Rubí Gómez, contó que los médicos solo le contaron que la bebé no estaba solo después de que ella reclamara el cuerpo de su hija para darle sepultura.
"Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (...) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía", declaró la mujer.
"Esa fue la noticia que me dieron, una noticia impactante. La bebé no estaba. Eso fue lo único que me dijo el fiscal. De ahí para allá fue todo papeleo", añadió Gómez.
Con eso en mente y la convicción de que la bebé podría estar con vida, la madre de la víctima llamó "a las personas que tienen a la niña" a que "por favor se pongan la mano en el corazón, que piensen en el dolor que nos están haciendo pasar y la devuelvan".
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Las circunstancias que rodean al crimen han sacudido a la opinión pública en Colombia, mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y ha evitado, de momento, revelar qué hipótesis maneja o si se han dado detenciones.
María Camila Potosí fue vista con vida por última vez el 16 de julio. Ese día, las cámaras de seguridad la mostraron subiéndose en la parte trasera de una motocicleta conducida por otra mujer, quien ahora está en el centro de las sospechas.
Tras trascender el paradero desconocido del bebé que la mujer portaba en su vientre, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa inicial de hasta 50 millones de pesos colombianos (unos 15.000 dólares) por información que permita "identificar y capturar a los responsables", una cifra que este viernes 24 de julio elevó a 200 millones (alrededor de 60.000 dólares).
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"En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia", indicó Eder en su cuenta de X.
Por su parte, la Personería Distrital de Cali manifestó su "profunda preocupación" por la desaparición del neonato, un hallazgo que "hace aún más urgente el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de la recién nacida".
El organismo –dependiente del Ministerio Público y que tiene como misión proteger los derechos de los habitantes locales– advirtió que "este tipo de violencias contra las mujeres no es un hecho aislado".
"Desde la Personería Distrital hemos venido advirtiendo de manera reiterada sobre el incremento de las violencias basadas en género y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia, con el fin de evitar que casos como este sigan ocurriendo", reclamó en un comunicado, publicado el jueves.
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En el texto, la entidad señala que, hasta el 18 de julio, Cali había registrado 49 homicidios de mujeres en 2026, entre ellos 6 de menores de edad, además de 2 casos tipificados como feminicidios.
"Estas cifras reflejan una realidad que exige una respuesta firme, articulada y urgente de todas las instituciones para proteger la vida de las mujeres, las niñas y la primera infancia. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas ni sembrando incertidumbre en nuestra ciudad", concluyó.
Aunque las circunstancias del caso de María Camila Potosí aún deben esclarecerse (lo que, entre otras cosas, determinará si su crimen es tipificado o no como feminicidio), Colombia arrastra una crisis estructural de violencia extrema contra las mujeres.
Según datos de la Fiscalía, el país ha mantenido una tendencia alta en feminicidios, con 614 en 2022, 630 en 2023 y 746 en 2024. En tanto, el Observatorio Feminicidios Colombia documentó 621 casos en 2025, y la Fundación Justicia para Todas contabilizó, hasta el 16 de abril de este año, al menos 41 feminicidios en 2026.
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Uno de los hechos más reciente fue el de Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien fue atacada el 12 de julio de 2026 mientras cumplía su jornada laboral en un conocido almacén de productos para el hogar en la localidad de Soacha, aledaña a Bogotá.
Su agresor, identificado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, la mató con cuatro puñaladas, luego de acosarla durante meses porque ella había rechazado sus insinuaciones sentimentales.
Otros dos casos conmocionantes de este año muestran las dificultades que todavía enfrentan las autoridades para prevenir estos hechos.
A finales de marzo, Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijas, de 20 y 17 años, fueron asesinadas en Bosa (barrio del suroeste de Bogotá) con arma blanca por la pareja de Deisy, a quien ella ya había denunciado dos veces por violencia intrafamiliar y sexual.
Menos de un mes después, otras tres mujeres de una misma familia, Praxedis Calderón y sus dos hijas, también fueron asesinadas durante una reunión familiar en una zona rural del departamento del Meta, en el centro de Colombia. El principal sospechoso es la expareja de una de las víctimas.
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Si bien el gobierno del izquierdista Gustavo Petro puso la violencia contra las mujeres como una prioridad, su gestión dejará algunos resultados desiguales. Aunque su Ministerio de Justicia ha elaborado una guía que hoy es utilizada para las alertas tempranas, su mandato apenas pudo presumir una reducción mensual significativa de los feminicidios en enero de este año, cuando se registraron 10 casos frente a los 21 del mismo mes de 2026.
Y no se trata solo de la prevención, sino de la justicia para las víctimas: Sisma Mujer estima que el 86% de los casos denunciados de violencia en el ámbito familiar o ataques feminicidas no avanzan ni reciben condena.
Con EFE y medios