El coste oculto de las reformas del Gobierno: el riesgo de coger una baja aumenta un 40% entre los funcionarios y un 30% entre los temporales convertidos a fijos
calendar_today 16.07.2026 - person - timer ~7 Minutos
La crisis del absentismo ha irrumpido con fuerza en el debate político y se ha convertido en uno de los grandes frentes económicos del año. No es para menos: el coste que asume el Estado por las bajas de los trabajadores enfermos se ha triplicado en una década y ya es la segunda partida de gasto más abultada de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. El Gobierno lleva meses intentando configurar un plan de choque que ataje el problema, pero las negociaciones con los agentes sociales están atascadas y las medidas puestas en marcha se han demostrado insuficientes. Al contrario, algunas de las reformas aprobadas en los últimos años para ampliar la protección de los trabajadores han tenido un efecto no deseado sobre la Incapacidad Temporal (IT), aumentando incluso la probabilidad de que los afectados inicien procesos de baja.
Es una de las conclusiones que arroja la evaluación más completa elaborada hasta la fecha sobre la IT. La firma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que llevó a cabo un exhaustivo estudio por encargo del Gobierno con un doble objetivo: primero, detectar las tendencias que han disparado el gasto y segundo, plantear un paquete de medidas para evitar que el agujero en las cuentas públicas se siga expandiendo. El contenido es de sobra conocido y se resume bien en los gráficos que acompañan estas líneas, si bien el debate actual merece recuperar un capítulo para entender cómo hemos llegado hasta aquí y hasta qué punto las decisiones gubernamentales no solo no han atajado esta crisis, sino que, en algunos casos, han llegado incluso a agravar el problema.
El informe identifica cinco causas que explican el fuerte aumento de las bajas desde 2018: un marco normativo más garantista, los complementos salariales pactados en los convenios, la mejora del mercado laboral, el deterioro del sistema sanitario y el envejecimiento de la población trabajadora. Así, rechaza que exista una única explicación del fenómeno, pero sí concluye que algunas reformas públicas aumentaron los incentivos para solicitar una baja.
La primera evaluación analiza el Real Decreto 956/2018, que devolvió a los empleados públicos el derecho a cobrar el 100% de sus retribuciones durante una baja médica. Mediante una metodología que compara la evolución de trabajadores afectados por la reforma con un grupo similar no afectado, la AIReF concluye que la medida elevó alrededor de un 40% la probabilidad de iniciar un proceso de IT. La segunda se centra en la reforma laboral de 2021, ya que la conversión masiva de trabajadores temporales a indefinidos permitió medir cómo influye una mayor estabilidad laboral sobre las bajas. El resultado es que quienes adquirieron un contrato fijo incrementaron alrededor de un 30% la probabilidad de pedir una baja respecto al grupo de comparación.
No obstante, la AIReF señala que estas reformas apenas explican el incremento de la duración de las bajas, una de las principales preocupaciones empresariales. En el sector público, recuperar el salario íntegro durante la IT no produjo un aumento estadísticamente significativo de la duración de los procesos. Mientras, en el privado, la reforma laboral sí tuvo un efecto, aunque reducido, de aproximadamente un día adicional por baja. Aun así, la duración media de las bajas en el Régimen General aumentó de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024. Y al mismo tiempo, la mejora del complemento retributivo redujo la duración media de la IT en un 30% en el sector público, aunque el efecto agregado fue un incremento del 14% en el total de días no trabajados al mes, ya que el aumento de la probabilidad de iniciar una baja compensó ampliamente esa reducción.
Rechazo sindical
Los sindicatos rechazan las conclusiones del informe de manera frontal. CSIF considera "muy perverso" vincular la incapacidad temporal con el complemento retributivo porque, en su opinión, parte del prejuicio de que los empleados públicos abusan de las bajas. Defiende que este complemento evita que los trabajadores «tengan que elegir entre cuidar su salud o sufrir una penalización salarial» y sostiene que, ante el aumento de las bajas, la respuesta debe consistir en reforzar las administraciones públicas, reducir las listas de espera, respetar la labor de los profesionales sanitarios y mejorar la atención a la salud mental, en lugar de plantear "recortes sobre los trabajadores".
CCOO comparte esa posición y niega que exista un problema específico en el sector público. El sindicato sostiene que el verdadero problema es la insuficiencia de personal en los servicios públicos y afirma que las mejoras en los complementos por IT no influyen en la decisión médica de conceder una baja. También considera que el trabajo de la AIReF se limita al análisis del gasto público en IT dentro de un periodo concreto y no profundiza en las causas del deterioro de la salud de los trabajadores.
En la misma línea, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, sostiene que el informe no puede servir como referencia para orientar las políticas públicas sobre IT porque, según afirma, contiene "errores objetivos y conclusiones metodológicamente discutibles". Critica que relacione una mayor probabilidad de baja con ser mujer, tener un contrato indefinido, trabajar en el sector público o disfrutar de mejores condiciones laborales. A su juicio, esas conclusiones no constituyen un análisis científico, sino una interpretación que pone "bajo sospecha el ejercicio legítimo de derechos laborales y de protección social".
Brecha con los autónomos
El informe también evidencia la enorme brecha que existe entre asalariados y trabajadores por cuenta propia. En 2024, la incidencia media mensual de la IT entre los afiliados al Régimen General alcanzó los 36,8 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos, frente a 10,4 por cada 1.000 entre los autónomos del RETA, una diferencia de más de tres veces. Y la distancia se agranda, porque en 2017 el dato entre los trabajadores por cuenta ajena era 23,9 y entre autónomos se situaba en apenas 9,6 episodios.
La AIReF atribuye esta brecha, en parte, a los distintos incentivos económicos de ambos regímenes. Mientras que un asalariado suele mantener una parte importante -e incluso la totalidad- de sus ingresos durante la baja gracias a la prestación y a los complementos de convenio, el autónomo continúa soportando los costes fijos de su actividad y, en muchos casos, pierde ingresos o clientes si deja de trabajar.
El organismo que preside Inés Olóndriz (aunque este informe fue elaborado bajo el mandato de Cristina Herrero) considera que esa diferencia de incentivos ayuda a explicar por qué los asalariados recurren con mucha mayor frecuencia a la IT, aunque advierte de que también influyen otros factores, como la distinta estructura por edades, ocupaciones y condiciones de trabajo de ambos colectivos.
A la vista de estos datos, el presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, llama a una "reflexión sosegada". "Usamos el mismo sistema de salud los autónomos que los asalariados, vamos a los mismos médicos, la edad media es superior entre autónomos que asalariados, aguantamos las mismas listas de espera y sufrimos la salud mental. También de media trabajamos una jornada más a la semana que los asalariados", apuntaba recientemente en su cuenta de la red social X.
Fernando Luján insiste en que el debate debería centrarse en las causas reales del aumento de la incapacidad temporal: el deterioro de la salud mental, el incremento del estrés y de las cargas de trabajo, la insuficiente prevención de riesgos laborales, el envejecimiento de la población trabajadora y las listas de espera del sistema sanitario, que prolongan innecesariamente la recuperación. A su juicio, reducir las bajas exige reforzar la sanidad pública, actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —cuya reforma sigue bloqueada tras diecinueve meses de negociación por la falta de acuerdo con la patronal— y mejorar la recuperación de los trabajadores, en lugar de "construir un relato basado en datos incompletos y conclusiones sesgadas".