Editorial
Por Editorial La Tercera6 SEPTIEMBRE 2026

Cuando el 3 de enero pasado se supo de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la extracción de ese país del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cylia Flores y su traslado a Nueva York, donde está a la espera de un juicio por conspiración en narcoterrorismo e importación de cocaína a ese país, los más de 7 millones de venezolanos en el exilio celebraron, ante la expectativa de que Washington abriría el camino hacia una transición política que permitiera al país recuperar la democracia tras más de 25 años.
Sin embargo, el acuerdo petrolero anunciado a fines de la semana antepasada por el presidente Donald Trump, que calificó como “el mejor acuerdo de la historia”, fue un duro golpe a esas expectativas e instaló un gran signo de interrogación sobre el verdadero compromiso de Estados Unidos con una transición política que favorezca elecciones libres y la democratización del país. El pacto alcanzado con la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez le da a Washington una concesión por 25 años para tener acceso a 65 mil millones de barriles de crudo a cambio de una inversión que permitiría renovar las desgastadas capacidades de explotación petrolera de Venezuela, que hoy produce menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles diarios que generaba a fines de los años 90.
Hasta ahora, sin embargo, persisten dudas sobre los términos del acuerdo. Se sabe que este operará a través de una compañía privada, propiedad de Alejandro Betancourt, un empresario venezolano cercano a Rodríguez. El Pentágono tendrá el 35% de la propiedad de esa empresa que posee el derecho de explotación de 17 campos petroleros venezolanos. Según la presidenta encargada, su país recibirá 19 dólares por cada barril producido, lo que le permitiría, según ella, obtener ganancias por poco más de US$ 200 mil millones en el plazo de 25 años. Eso, sin embargo, obligaría a producir 1,2 millones de barriles al día y, según precisaba el diario Financial Times, la empresa de Betancourt hoy apenas logra extraer 200 mil barriles diarios.
Más allá de esas interrogantes, Trump insistió en lo excepcional de la operación, asegurando que duplicaría “las reservas de petróleo de Estados Unidos” y reduciría “de forma sustancial los precios de la gasolina para todos los estadounidenses”. Todo ello sumado a que permitiría recuperar las reservas estratégicas de su país que han sido explotadas al máximo en el último tiempo. Para Washington contar con una fuente segura y cercana de suministro de crudo en momentos en que la situación en Medio Oriente sigue inestable y sin una salida clara es una buena noticia, pero para ello es importante no arriesgar el futuro del acuerdo. Por ello, el pacto pone en duda el compromiso real de Washington con un proceso que permita un cambio político en el país.
Si bien parte de la oposición ha valorado la apuesta de Estados Unidos para recuperar la industria petrolera, también advierte sobre la necesidad de dar pasos concretos hacia la democratización. Sin señales claras que entreguen certezas jurídicas y estabilidad a futuro es poco probable que la apuesta de Washington por atraer más inversión finalmente se concrete. Para ser efectiva, la recuperación económica de Venezuela debe ir de la mano de su recuperación política.
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