
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prohibición de la doble nacionalidad para ocupar cargos como titular del Ejecutivo Federal, gubernaturas o la Jefatura de la Ciudad de México, fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados con 344 a favor, 116 en contra y 1 abstención.
El tema ha generado polémica debido a que la iniciativa parece tener “dedicatoria”, ya que se enmarca en la disputa pública que la mandataria mexicana ha mantenido con el político prófugo de la justicia, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se perfila a contender por la presidencia de México, sin embargo, a parte de sus asuntos pendientes con la ley, también mantiene la nacionalidad estadounidense, lo que ha complicado su entrega a las autoridades de México.
PUBLICIDAD
La discusión en San Lázaro se prolongó por varias horas, donde legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), se manifestaron en contra, entre calificativos de nombrar al oficialismo como “narco”, además de reprochar la poca atención legislativa que ha tenido el fallecimiento de cinco bebés en Durango.
Desde el inicio del debate legislativo, los grupos parlamentarios de coalición Morena, el Partido Vede Ecologista de México (PVEM)y el Partido del Trabajo (PT), mostraron su respaldo a la reforma presidencial.
Las y los diputados aprobaron un dictamen para impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan o adquieran otra nacionalidad. En caso de contar con una, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, en los términos que establezca la ley.
PUBLICIDAD
La reforma plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina, las personas deberán ser mexicanas por nacimiento, hijas de padre o madre mexicanos, y no poseer otra nacionalidad. El requisito de renuncia aplicará a quienes ya cuenten con una ciudadanía distinta a la mexicana.
La prohibición también comprende el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos como ciudadano extranjero y el acceso a protección diplomática de ese país. Las modificaciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y no alcanzarían a quienes estén en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto.
PUBLICIDAD

Alrededor de las 17:30 horas, legisladores de San Lázaro aprobaron la reforma en lo general, presentando reservas para su discusión en lo particular de los artículos 116, 122, así como los transitorios: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.
Ante el avance de la sesión ordinaria, el coordinador del PAN, Elías Lixa, solicitó los nombres de altos funcionarios que tienen doble nacionalidad, sin embargo, fue rechazada debido a que son ajenos al legislativo.
Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las reservas presentadas por las y los diputados de Movimiento Ciudadano han sido avaladas por la mayoría calificada, representada por la coalición oficialista.
PUBLICIDAD
Cabe destacar que, una vez que el dictamen sea avalado en San Lázaro, éste será turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
Tal como lo anticipó el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, el debate de la reforma presidencial duró varias horas este 22 de septiembre de 2026. Entre los posicionamientos se encuentra el de Vanessa López Carrillo, diputada del PT, quien respaldó el dictamen y precisó que la nacionalidad única aplica solo a quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México:
PUBLICIDAD
“Quien tenga en sus manos la conducción del Estado debe tener un vínculo jurídico y político inequívoco con México”.
En sentido contrario se pronunció María Angélica Granados Trespalacios, diputada del PAN, quien acusó al Ejecutivo de “condenar las aspiraciones políticas de los migrantes mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad” y advirtió que la reforma afecta a casi el 70 por ciento de la población hispana de origen mexicano en Estados Unidos.
Alma Rosa de la Vega Vargas, diputada de Morena, argumentó que el artículo 32 constitucional actual habla de “adquirir” otra nacionalidad, no de “tener” o “poseer”, lo que generó un vacío interpretado por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
PUBLICIDAD
La legisladora aclaró que la reforma no es retroactiva y no afecta a quienes ya ocupan estos cargos, además de exigir que el vínculo con el otro Estado “haya cesado efectivamente, conforme a su propia legislación”.

Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado del PRI, rechazó el dictamen y recordó que en 1996 esta misma Cámara aprobó la doble nacionalidad con apoyo de la izquierda. “Hoy, treinta años después, en un acto de cinismo insuperable, pretenden lo contrario”, señaló, y acusó a Morena de aplicar “doble moral” al citar el caso de la llamada Ley Taibo, que permitió a un español naturalizado dirigir el Fondo de Cultura Económica.
PUBLICIDAD
El panista Federico Döring planteó una salida negociada: aceptar la renuncia voluntaria y temporal a otra nacionalidad únicamente para quien busque la Presidencia de la República, sin extender la restricción al resto de los cargos.
El legislador retó a Morena a tomarle la palabra al coordinador panista Elías Lixa para construir esa reforma acotada y acusó a la mayoría de priorizar “su narrativa” sobre casos como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, antes que resolver el fondo del dictamen.