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El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, ha presentado en la noche de este lunes su dimisión, horas después de apuntar que no lo haría, en la que ha descrito como “una decisión política” tomada a fin de que su cargo no sea empleado “como herramienta de confrontación política”. La Fiscalía ucraniana está siendo investigada por las autoridades de Anticorrupción acerca de una trama sobre posibles sobornos sistemáticos de centros de llamadas fraudulentos, blanqueando los fondos obtenidos.
“He presentado mi dimisión del cargo de fiscal general”, reza el comunicado difundido en redes sociales por el propio Kravchenko, que ha querido subrayar que “se trata de una decisión política” tomada “de forma consciente”. El mensaje incluye un agradecimiento a sus compañeros “que realizan su trabajo con honestidad, que presentan los cargos ante los tribunales, trabajan con las víctimas, documentan los crímenes rusos y defienden los intereses del Estado.
Su decisión supone un giro respecto a sus declaraciones previas, en las que aseguró que ”nunca se aferraría al cargo”, pero que no había tomado “ninguna decisión con respecto a la posibilidad de dimitir” y que la decisión sobre su hipotética salida correspondía al presidente Volodímir Zelenski. En el marco de la investigación, las autoridades anunciaron el viernes que desarticularon una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General, la cual presuntamente recibía sobornos de forma sistemática.
Según la investigación, un funcionario de la Fiscalía General creó el grupo a mediados del 2025, con la participación de fiscales en activo y algunos aliados. Los integrantes de la trama hacían uso de métodos extorsivos para permitir el funcionamiento sin restricciones de centros de llamadas clandestinos, que estafaron masivamente a ciudadanos ucranianos y extranjeros, según la NABU.
Kravchenko, que afirmó no tener ninguna relación con el encubrimiento de esos centros, anunció que había suspendido de sus funciones a un empleado de la Fiscalía implicado y que había ordenado la redacción de una resolución para su despido. Asimismo, ordenó una revisión de varios departamentos vinculados al caso y la realización de pruebas de polígrafo a todos los empleados de las unidades relacionadas con la operación.
Ahora, pese a su cambio con respecto a la decisión de dimitir, el fiscal ha reafirmado que su “postura respecto a los cargos sigue siendo la misma, horas después de incidir en que rechaza “la acusación de haber estado involucrado en la recepción de fondos de centros de llamadas ilegales”.