
Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado como testigo presencial del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, Sinaloa.
La medida cautelar fue impuesta este jueves 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, un día después de su detención en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
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La audiencia inicial, que se celebró a puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por riesgos a la seguridad nacional, también registró la solicitud de duplicidad del plazo constitucional por parte de la defensa de Corrales. El abogado defensor Miguel Albarrán confirmó ambos hechos a la salida de la diligencia, aunque se negó a ofrecer mayores detalles.
La audiencia se reanudará el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.
Albarrán confirmó a la salida de la audiencia que su defensa pidió la duplicidad del término constitucional, un recurso que amplía el tiempo del que dispone el juzgador para definir si se le vincula o no a proceso por los delitos imputados. Cuando los reporteros le preguntaron al defensor por los alcances de esa solicitud, el abogado cerró el tema: “En aras de salvaguardar el debido proceso, no puedo dar mayores comentarios”.
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Según reportes previos de este medio, la defensa no objetó tampoco que la sesión transcurriera sin acceso de prensa ni público. La fiscal del caso, adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, sustentó esa petición en dos puntos: la existencia de diligencias pendientes en procesos paralelos y el riesgo que representa el expediente para la seguridad nacional.
El juez de control Mario Elizondo Martínez despejó la sala antes de que iniciara la diligencia. También estableció que el plazo de retención de Corrales Rodríguez comenzaría a contarse desde las 14:55 horas del miércoles 19 de agosto, cuando la FGR lo recibió formalmente, y no a partir de las 19:00 horas, hora en que fue ingresado al penal federal del Altiplano.
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El Ministerio Público formalizó los cargos durante la audiencia: encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. Ambos delitos se desprenden de la versión que Corrales Rodríguez dio a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Ante esa instancia, Fausto declaró que Cuén Ojeda murió baleado por dos hombres en motocicleta mientras cargaban combustible en una gasolinera Pemex de La Presita, en Culiacán. La entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez avaló el relato y lo respaldó con un video. Quiñónez renunció en septiembre de 2024, después de que la FGR desacreditara las actuaciones de su fiscalía.
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Los peritajes federales desmontaron la versión punto por punto. La grabación que mostraba el presunto asesinato de Cuén no tenía sonido, ningún empleado de la gasolinera reportó haber escuchado disparos y el cuerpo del exrector presentaba cuatro heridas de bala, no una como sugería el video. La FGR intervino la finca Huertos del Pedregal y halló sangre de Héctor Melesio Cuén dentro del predio, lo que situó el crimen ahí y no en la gasolinera.
Víctor Antonio Corrales Burgueño, diputado local, coordinador de la bancada del PAS en el Congreso del Estado de Sinaloa y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) salió a los medios a defender a su hijo después de que el juez dictara la medida cautelar. Al ser cuestionado por el cambio de estatus de testigo a imputado, el legislador dijo no tener una explicación: “No lo sé, no sé en qué se fijen para eso, él ha sido víctima”.
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Sobre la inocencia de Fausto Ernesto, fue categórico: “Plena confianza, es totalmente inocente, de eso no tengo ninguna duda, lo digo como padre que lo conozco bien y, además, por la propia situación, Fausto no tiene que ver en esto”.
Corrales Burgueño también aprovechó para exigir resultados en la investigación del asesinato de Cuén Ojeda, fundador del partido que él mismo coordina en el Congreso sinaloense. “Nosotros hemos estado aguantando dos años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, yo voy a seguir en esa postura”, advirtió. Descartó solicitar licencia a su cargo legislativo.
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En agosto de 2024, el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta de dos cuartillas en la que el capo relató su versión de los hechos. Zambada sostuvo que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” y su propio ahijado, lo convocó a la finca Huertos del Pedregal bajo el pretexto de una reunión donde los protagonistas eran el ahora gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén. Según el narcotraficante ya sentenciado a cadena perpetua en EEUU, el objetivo declarado era resolver problemas entre los dos políticos por el control de la UAS.
Según el relato, la cita estaba programada para las 11:00 horas del 25 de julio de 2024. Al llegar, Zambada encontró a Cuén Ojeda acompañado de uno de sus asistentes —quien, según las investigaciones de la FGR, habría sido Fuasto Corrales— y entró a una habitación donde lo esperaba Guzmán López. Ahí fue emboscado.
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“Llegué un poco temprano. Vi un gran número de hombres armados con uniformes verdes que supuse eran sicarios de Joaquín Guzmán y sus hermanos”, escribió El Mayo. Una vez dentro, un grupo de hombres le colocó un pasamontañas, lo maniató y lo subió a una camioneta. Lo trasladaron a una pista clandestina a unos 20 minutos del rancho y lo subieron a un avión privado con destino a Nuevo México.
El capo también señaló que Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, habría estado presente en la operación. Y fue directo sobre el destino de Cuén Ojeda: el exrector fue asesinado en el mismo sitio y al mismo tiempo que él fue secuestrado, no en una gasolinera ni por un robo, como sostuvo la versión inicial que Fausto Corrales ofreció ante la Fiscalía de Sinaloa.
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