Detuvieron en Bolivia al senador Nilton Condori por terrorismo e instigación a delinquir en un proceso que también incluye a Evo Morales
calendar_today 19.10.2026 - person - timer ~4 Minutos
Nilton Condori, senador suplente suspendido y uno de los opositores más activos al presidente Rodrigo Paz, fue detenido este domingo 18 de octubre en El Alto por los presuntos delitos de terrorismo e instigación a delinquir. En el mismo proceso está acusado el expresidente Evo Morales (2006-2019). El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la detención en declaraciones a la radio Panamericana.
La captura ocurrió cuando estaba prevista una reunión política convocada por el propio Condori para conformar un bloque unido de izquierda. Entre los invitados figuraban Morales, el vicepresidente Edmand Lara y otros líderes de movimientos populares.
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la aprehensión durante una entrevista con radio Panamericana: “El señor senador Condori ha sido aprehendido por instigación a delinquir asociado a los 53 días”.
El caso se originó en una denuncia que presentó hace dos semanas Manolo Rojas, diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), por un encuentro celebrado semanas antes en el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales. Condori asistió a esa reunión, en la que los participantes exigieron revertir la eliminación del subsidio al diésel y anunciaron movilizaciones. Morales planteó que sus demandas debían cumplirse por las buenas o por las malas.
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Rojas celebró la detención en redes sociales con la foto de la orden de captura de la Fiscalía. “La aprehensión de Nilton Condori marca el inicio de un camino contra la impunidad. Que tiemblen los que se creían intocables”, escribió. La Vicepresidencia respondió con un comunicado en el que sostuvo que “el disenso político, la crítica y el pensamiento distinto no pueden ser motivo de represalia”.
La posición de Lara tiene un trasfondo propio. El vicepresidente está enfrentado con Paz: se declaró en “oposición constructiva”, acusó al presidente de corrupto y respaldó las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles.
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Ese decreto, firmado por Paz en diciembre de 2025, puso fin a un subsidio vigente casi dos décadas y elevó el precio del diésel hasta un 162%. El Gobierno calculó que mantenerlo costaría en 2026 unos USD 3.500 millones, el 6,4% del producto interno bruto. El diésel se vende a precio internacional desde el 19 de septiembre, medida que el ministro de Economía, Christian Morales, vinculó a un préstamo de USD 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La tensión social escaló entre mayo y junio, con 53 días de protestas y cortes de ruta que asfixiaron a La Paz y otras ciudades, y cuyo reclamo central pasó a ser la renuncia de Paz. El Gobierno decretó un estado de excepción que rige hasta fin de año. En mayo, la Fiscalía ya había emitido órdenes de aprehensión por terrorismo e instigación pública a delinquir contra el líder de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes, entre ellos Condori.
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Condori, disidente de la alianza Unidad, había firmado un pacto con la COB y los Ponchos Rojos, organización indígena aymara, para exigir la salida del presidente. El 25 de mayo reapareció en la Asamblea Legislativa, negó estar escondido y se ofreció como mediador. En agosto, la comisión de ética del Senado, ante la que fue denunciado por su papel en las protestas, definió suspenderlo durante ocho meses.
El 29 de julio, la Fiscalía de Santa Cruz emitió orden de captura de Morales por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros delitos, por su presunta implicación en esas protestas. Morales denunció en X que el Gobierno buscaba responsabilizarlo. Vive desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, custodiado por seguidores, por una orden de captura en una investigación por trata agravada de personas.
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Condori ganó notoriedad por subastar un toro familiar para financiar una campaña que pide a los legisladores reducir sus salarios a la mitad. También por proponer “fusilar” a quienes considerara corruptos o miembros de élites ociosas si llegaba a la Presidencia.
La detención de un legislador cuando intentaba articular una alianza opositora, con el estado de excepción vigente y el diésel como foco de conflicto, coloca a la Fiscalía en el centro de la disputa política. El avance del proceso mostrará si el Gobierno de Paz puede tratar como causa penal un conflicto que, hasta ahora, la calle planteó como social.
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