Durante años, modernizar la Administración significó principalmente digitalizar. Formularios que dejaron de entregarse en papel, trámites que pasaron a realizarse por Internet y procedimientos que comenzaron a gestionarse desde plataformas electrónicas. Ese proceso, agrupado bajo el concepto GovTech, permitió avanzar hacia unos servicios públicos más accesibles y ágiles.
La irrupción de la inteligencia artificial abre ahora una etapa distinta. El cambio ya no consiste únicamente en trasladar procesos al entorno digital, sino en utilizar la tecnología para interpretar grandes cantidades de información, detectar relaciones entre documentos y asistir a los profesionales en tareas que hasta hace poco requerían una elevada dedicación manual.
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La diferencia entre ambas etapas está en el papel que desempeña la tecnología. Si la primera gran transformación permitió hacer de forma digital muchos de los procesos que ya existían, la inteligencia artificial incorpora capacidades para analizar documentación, localizar información concreta, contrastar requisitos o identificar posibles incidencias dentro de un expediente.
Uno de los ámbitos donde esta evolución empieza a tener una aplicación más clara es la contratación pública. Los procedimientos de licitación obligan a trabajar con pliegos extensos, normativa, criterios técnicos, documentación administrativa y ofertas que deben analizarse con detalle antes de tomar cualquier decisión.
La carga de trabajo que existe detrás de estos procesos explica buena parte del interés que está despertando la IA. Automatizar determinadas tareas puede permitir que los técnicos dediquen menos tiempo a búsquedas documentales o comprobaciones repetitivas y concentren su trabajo en aquellas decisiones donde sigue siendo imprescindible el criterio profesional.
Sin embargo, incorporar inteligencia artificial a un entorno regulado plantea exigencias distintas a las de otros sectores. Una respuesta incorrecta, una normativa mal interpretada o una información que no pueda verificarse pueden condicionar un procedimiento administrativo.
Por ese motivo, una de las tendencias que empieza a ganar peso es la especialización. Frente a los modelos generalistas, aparecen herramientas desarrolladas para trabajar sobre ámbitos muy concretos y con fuentes de información delimitadas.
Es el terreno en el que trabaja Tendios, compañía tecnológica especializada en contratación pública. Su plataforma utiliza inteligencia artificial para analizar pliegos y documentación, localizar normativa, comparar información y agilizar diferentes fases relacionadas con los procesos de licitación, tanto desde el lado de la Administración como desde el de las empresas que participan en concursos públicos.
La evolución refleja un cambio que va más allá de incorporar una nueva herramienta. En sectores donde el contexto técnico o jurídico resulta determinante, el valor de la inteligencia artificial dependerá en buena medida de su capacidad para ofrecer respuestas vinculadas a fuentes fiables y facilitar que el profesional pueda comprobar cómo se ha llegado a una determinada conclusión.
A esta transformación se suma la regulación europea sobre inteligencia artificial. El AI Act establece diferentes obligaciones en función del nivel de riesgo de los sistemas y sitúa cuestiones como la transparencia, la supervisión humana o la trazabilidad entre los elementos centrales de su desarrollo y utilización.
Para las administraciones, estas exigencias pueden marcar también la forma en la que se adopten las nuevas herramientas. La posibilidad de automatizar determinadas tareas tendrá que convivir con mecanismos que permitan mantener el control sobre las decisiones y conocer el origen de la información utilizada.
Ese equilibrio entre automatización y supervisión será especialmente relevante en ámbitos relacionados con la gestión de recursos públicos.
España cuenta además con un ecosistema creciente de compañías tecnológicas que trabajan alrededor de la Administración y de la contratación pública, un mercado donde la complejidad normativa ha favorecido la aparición de soluciones cada vez más especializadas.
El paso del GovTech al GovAI no significa, por tanto, abandonar la digitalización iniciada durante los últimos años, sino añadir una nueva capa sobre ella. Una Administración que ya dispone de procedimientos digitales puede empezar ahora a utilizar la información acumulada de otra manera, reduciendo determinadas cargas operativas y apoyándose en sistemas capaces de asistir en el análisis.
La incógnita ya no parece estar tanto en si la inteligencia artificial llegará a la Administración como en qué tareas conseguirá integrarse de forma realmente útil. El reto será hacerlo sin sustituir el criterio profesional y manteniendo las garantías que exige la gestión pública.