
El caso de una madre que perdió a su hijo recién nacido en el Hospital General de Tula, Hidalgo ha puesto en el centro del debate la calidad de la atención médica y el respeto a los derechos humanos en los servicios públicos de salud.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que se presentaron graves deficiencias en la atención médica, lo que derivó en la muerte del bebé y múltiples afectaciones a la paciente. Por este motivo, el organismo nacional exigió al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) la reparación integral del daño.
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De acuerdo con la investigación oficial, la mujer fue víctima de violencia obstétrica y de otras omisiones severas por parte del personal del personal de salud. El organismo documentó que ante el dolor intenso que presentaba la embarazada, una doctora le pidió guardar silencio en vez de proporcionarle auxilio oportuno. Tanto ella como el feto dejaron de mostrar signos vitales antes de recibir el cuidado adecuado, situación que desencadenó la intervención quirúrgica tardía.
El suceso no solo provocó la pérdida del recién nacido; también tuvo consecuencias físicas y psicológicas para la madre, quien fue sometida a procedimientos médicos sin su consentimiento informado y recibió un trato inadecuado por parte del personal sanitario. Las amenazas y malos tratos posteriores agravaron considerablemente su estado emocional.
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La situación evidencia un patrón de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la salud materna. La CNDH señaló que la paciente sufrió vulneraciones a su dignidad, acceso a la información y proyecto de vida. Entre los hallazgos, se resalta que el equipo médico omitió iniciar maniobras urgentes como la reanimación intrauterina y la administración de oxígeno, pese a que la frecuencia cardíaca fetal ya era alarmantemente baja.
El informe detalló que la mujer fue llevada al quirófano hasta que tanto ella como el bebé dejaron de manifestar actividad cardiaca, lo que resultó en la muerte del producto. Tras la cesárea, los familiares fueron informados de la extirpación de la matriz de la paciente, procedimiento realizado sin autorización previa. Un ultrasonido posterior reveló daños adicionales, incluyendo perforaciones intestinales, mientras que los testimonios recabados refieren amenazas y hostigamiento por parte de directivos y personal médico.
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Además que la paciente nunca recibió el acompañamiento psicológico necesario al momento de conocer la noticia del fallecimiento de su hijo, ni durante su proceso de recuperación. Esta omisión agravó el impacto emocional de la situación.
Como resultado de la investigación, la CNDH emitió la Recomendación 23/2026, en la que exige a IMSS-BIENESTAR la reparación total de los daños ocasionados por el actuar negligente del Hospital General de Tula. El organismo pide que se proporcione atención médica de alta especialidad a la afectada, así como apoyo psicológico o tanatológico tanto a la paciente como a sus familiares, en caso de requerirse.
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También solicitó implementar un programa de capacitación en derechos humanos con perspectiva de género dirigido al personal médico de ginecología y obstetricia, así como fortalecer los mecanismos internos para que pacientes y sus seres queridos puedan denunciar cualquier forma de maltrato o discriminación que ponga en riesgo la salud o la vida de quienes acuden a los servicios de salud.
El expediente del caso deberá ser seguido por el Órgano Interno de Control, mientras que la recomendación oficial ya fue notificada y puede consultarse públicamente. La Comisión reiteró que la protección a los derechos humanos debe ser una prioridad en cada nivel de atención médica, e hizo un llamado a evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.
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