Los distintos partidos políticos que componen el Congreso de los Diputados arrancaron su vacaciones veraniegas con los deberes a realizar a la vuelta bien definidos y con sus estrategias marcadas para el periodo de campaña permanente que arrancará en septiembre. Pero la crisis provocada en Ceuta tras la avalancha masiva de más de 70.000 personas a finales de julio y que sigue sin resolverse ha roto los planes de unas formaciones que pretendían activar el cronómetro electoral en cuanto arrancase el curso político. Lo harán igualmente, pero tendrán que centrar gran parte de sus discursos en el debate, de nuevo reabierto, sobre la inmigración y el reparto de 500 menores por la Península que el Gobierno ha preparado y ya ha provocado diferentes posturas en las comunidades autónomas y sus líderes políticos.
Con un Gobierno ceutí reclamando más implicación del Ejecutivo y la devolución de todos los que entraron en el asalto y permanecen en la ciudad; el debate político sobre la inmigración se perfila como uno de los grandes ejes de confrontación en la vuelta al curso político. La crisis desatada en Ceuta ha reavivado el enfrentamiento entre los principales partidos acerca de la gestión de las fronteras, la acogida de migrantes y el reparto de menores. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de una respuesta coordinada y basada en la solidaridad entre territorios, la oposición acusa al Ejecutivo de falta de control y utiliza el episodio como ejemplo de lo que considera una política migratoria fallida.
La inmigración es un asunto que ha pasado a formar parte de las principales preocupaciones de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), llegando a situarlo en alguno de los barómetros como la segunda, solo por detrás de la vivienda. En el de junio ocupaba el tercer puesto. Con esta percepción, los partidos políticos tienen que posicionarse en esta materia, especialmente cuando se inicia un periodo de campaña constante con las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 cada vez más presentes en el horizonte. Así, la inmigración será una de las principales armas electorales que se arrojarán durante el último curso político de la legislatura, desplazando así -aunque sea mínimamente- a los ataques al Ejecutivo por las causas judiciales por corrupción que seguirán avanzando a partir de septiembre.
PP y Gobierno ya se han enfrentado por esta cuestión durante la crisis de Ceuta. Los de Alberto Núñez Feijóo han endurecido su discurso y han exigido la devolución de todos los que entraron en el asalto masivo el pasado mes de julio y continúan en la ciudad autónoma. Han definido lo sucedido como una "invasión" y como un "daño sin precedentes a la seguridad nacional"; mientras que desde el Ejecutivo han llegado a acusar al principal partido de la oposición de copiar la "estrategia", el "discurso de odio" y la "xenofobia" de Vox y defienden una respuesta centrada en la "atención humanitaria".
En medio de esta lucha por el relato en torno a la situación ceutí, el ministerio de Infancia y Juventud ha puesto en marcha un plan para trasladar a la Península a 500 menores migrantes. Sin embargo, Feijóo elevó el tono y exigió la expulsión de todos los inmigrantes que accedieron de forma irregular, menores de edad incluidos. Esto provocó que diferentes ministros cargasen en sus apariciones públicas contra la política migratoria del principal partido de la oposición, acusándole de "sembrar discursos de odio". Desde la ciudad autónoma el líder popular ya activó el modo electoral en su segunda visita, al desgranar un plan para Ceuta que cumplirá "si llega al Gobierno". Dicho programa recoge convertir a la frontera del Tarajal en "inviolable" ante futuros asaltos, lo que incluye ampliar el espigón; fijar unas futuras relaciones con Marruecos libres de "chantajes", el refuerzo de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas en el territorio o endurecer la ley de Extranjería.
En realidad, el debate en torno a la inmigración nunca ha dejado de estar sobre la mesa y cada formación ha desgranado su opinión en esta materia. Para Vox, es una de sus banderas principales y ha visto cómo su electorado ha ido aumentando fruto de su discurso antiinmigración, asociando inmigración con delincuencia. Su postura choca frontalmente con la del PSOE y en algunos aspectos también con la del PP. La formación de Santiago Abascal ha llegado a plantear deportaciones masivas, un control de fronteras más estricto y la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares que delincan.
En estos dos último puntos coincide el Partido Popular, pero no rechaza la inmigración de pleno. Apoya una "regulada y ordenada", ligada al mercado laboral y con flujos controlados; así como reformar la ley para agilizar las expulsiones y los rechazos de migrantes en la frontera. Los socialistas, por su parte, defienden mecanismos de acogida y reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas y han impulsado en los últimos años una estrategia favorecedora con medidas como la regularización.
Con todo, mientras PP y Vox compiten por capitalizar electoralmente el debate sobre el control de las fronteras y la inmigración irregular; entre los socios del Ejecutivo hay disparidad de puntos de vista en la forma de tratar el asunto. Sumar apuesta por la integración real y por incrementar el número de inmigrantes regularizados; mientras que PSOE, ERC y EH Bildu defienden una respuesta basada en la cooperación institucional y la acogida, rechazando los discursos más duros. En una posición intermedia, el PNV apuesta por combinar integración y regulación de los flujos migratorios, mientras Junts ha endurecido en los últimos meses su discurso sobre la gestión de la inmigración, consciente del impacto que el asunto puede tener en el electorado, llegando incluso a exigir las competencias en esta materia, máxime en un momento en que se vislumbra una sangría de sus votantes hacia la extrema derecha independentista de Aliança Catalana.
Tendrán la oportunidad de fijar sus posturas en el Congreso de los Diputados, donde la inmigración promete convertirse en uno de los asuntos centrales de la actividad parlamentaria en los próximos mese. Esta semana arranca la cascada de comparecencias de ministros del Gobierno para rendir cuentas sobre la gestión de la crisis ceutí en el marco de sus competencias. Pero desde la oposición ya han registrado varias proposiciones no de ley -dos Vox y una PP- con el objetivo de llevar el debate al Pleno y forzar al Gobierno y sus socios a pronunciarse sobre cuestiones como el control de las fronteras, la acogida o el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Durante la crisis, que se alarga ya casi un mes, los partidos que sostienen al Ejecutivo se han dividido a la hora de calificar lo sucedido: ERC, Junts, PNV o Podemos han criticado las actuaciones de Pedro Sánchez y han señalado a Marruecos como responsable; mientras que Bildu ha guardado silencio. Pero ahora está sobre la mesa el reparto de las menores que pretende llevar a cabo el Gobierno por las distintas comunidades autónomas. Junts desde un principio ha exigido que Cataluña se quede "fuera" del reparto, argumentando que la comunidad autónoma ya ha sido "sobradamente solidaria" y que ahora no toca solidaridad, sino "responsabilidad". Ante este escenario, la líder de los independentistas en el Congreso advirtió que los siete votos del partido en la Cámara Baja no servirán para que Cataluña acoja a más menores.
En el caso de ERC, la formación ha criticado que se utilicen a personas como "moneda de cambio o instrumento de presión política", asegurando que es un "drama humanitario". El partido de Oriol Junqueras critica la "preocupante batalla partidista" que la crisis migratoria ha abierto entre el PSOE y el PP: "Hay que estar a la altura", aseguraron los republicanos en un comunicado. En cuanto al reparto de menores, a diferencia de Junts, desde ERC afirmaron que Cataluña "seguramente tendrá que seguir haciendo esfuerzos", aunque ha instado al Gobierno a esforzarse más pese a asegurar que es "un Estado fallido".
La distribución de los menores también amenaza con generar conflicto entre PP y Vox, compañeros de gobierno en varias comunidades autónomas. Los de Abascal han rechazado el reparto al considerarlo un incentivo para el 'efecto llamada' y lo ha utilizado para marcar distancias con los populares. Cabe recordar que el desacuerdo sobre esta cuestión en los gobiernos de coalición que compartían ambas formaciones provocó la ruptura por decisión unilateral de Bambú en verano de 2024. Desde entonces, el debate no ha hecho más que ganar intensidad y todo apunta a que, a partir de septiembre, la inmigración se consolidará como uno de los grandes campos de batalla de la política.