El contraste fue demasiado obsceno para pasarlo por alto. Mientras la localidad rionegrina de Allen se declaraba al borde de la quiebra y la municipalidad repartía telegramas de despido, la gestión local decidió gastar 576 millones de pesos para organizar la Fiesta Nacional de la Pera. Esa contradicción financiera fue la bomba de tiempo que terminó de dinamitar el gobierno del intendente libertario Marcelo Román, quien este viernes tuvo que entregar el poder, acorralado por el Concejo Deliberante y la Justicia.
La caída del funcionario comenzó en las calles en septiembre del año pasado. Frente a los recortes, los trabajadores municipales lanzaron un paro total que dejó a la ciudad tapada de basura. En medio de ese caos, el entonces jefe comunal intentó declarar la crisis económica oficial, pero el legislativo local le frenó la maniobra. La imagen de Román saliendo a levantar bolsas de residuos junto a un concejal aliado se convirtió en la imagen definitiva del colapso en su gestión.
Con las cuentas bajo la lupa, el escándalo de la fiesta millonaria derivó en una causa penal directa por administración fraudulenta y peculado (apropiación, uso ilegal o desvío de dinero, bienes o servicios públicos). Ya sin ningún margen de maniobra, los concejales avanzaron con una votación lapidaria: por seis votos a favor y tres en contra, decidieron suspender al intendente y cortarle el pago de su sueldo hasta que los tribunales definan si cometió un delito con los fondos públicos.
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La caída de Román se explica también por su profunda soledad territorial. Llegó al sillón de la intendencia impulsado por una alianza entre el radicalismo y el gobernador Alberto Weretilneck, pero apenas asumió el poder cruzó de vereda y se sumó a las filas de La Libertad Avanza. Ese salto lo dejó completamente carente de apoyo y escudos protectores cuando las denuncias penales llegaron.
Sin embargo, antes de resignarse, el libertario intentó atrincherarse en el despacho por todas las vías posibles. Quiso meter un veto de última hora que fue rechazado administrativamente y presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia que rebotó de inmediato. Finalmente, el viernes acató la destitución. En su retirada, denunció un supuesto golpe institucional orquestado por los concejales y advirtió: "No voy a renunciar y confío firmemente en la Justicia".
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El vacío de poder fue llenado automáticamente por Fabián Figueroa, dirigente de la UCR Auténtica y titular del Concejo Deliberante, quien ya está al frente del Ejecutivo municipal. Su mandato es estrictamente transitorio y está atado al calendario judicial. El propio Figueroa explicó que si Román logra demostrar su inocencia en la causa, recuperará su cargo; pero si es condenado, el interinato deberá completar el ciclo de Gobierno.
El cambio de mando trajo, a su vez, un giro de 180 grados en la relación con la provincia. Mientras la gestión de Román se caracterizó por un cortocircuito constante, las nuevas autoridades apostarán a reconstruir los puentes dinamitados con Weretilneck. Figueroa recordó que un municipio no puede sobrevivir políticamente aislado del gobernador y señaló que buscarán rearmar esos lazos institucionales con carácter de urgencia.
De todas formas, la nueva gestión sabe que su éxito inicial no dependerá de las fotos políticas, sino de actuar “de verdad” en el territorio. Tras prometer una administración basada en la honestidad, el flamante intendente marcó cuál será su máxima obsesión para los próximos días. "La prioridad es arrancar y prestar los servicios básicos. El vecino quiere que le levanten la basura", resumió a la prensa rionegrina.
TC/ML