“Cambio de paradigma”, la respuesta del Gobierno sobre las rutas nacionales sin precisiones sobre el destino de los fondos
calendar_today 11.08.2026 - person - timer ~4 Minutos
En su habitual conferencia en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el «cambio de paradigma» hacia las concesiones privadas en las rutas nacionales, pero no dio precisiones sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Pese a que el fideicomiso —constituido por el Decreto 976/2001 y nutrido por la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles— impone por norma una asignación específica e inamovible para obras viales, el Ejecutivo evitó aclarar si mantendrá el destino de esa caja para las metas de equilibrio fiscal del ministerio de Economía.
Consultado por la prensa acreditada sobre los fondos —de los cuales más de $1 billón se encuentra colocado en instrumentos financieros- Ravier evitó dar precisiones sobre el tipo de títulos contratados, sus plazos de vencimiento y en qué periodo volverán a ejecutarse sobre el asfalto.
«Poner dinero en las rutas, en un Estado quebrado, no es sencillo. El nuevo paradigma es el que ha tenido éxito en cantidad de países: que las rutas nacionales no se hagan con dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas», argumentó.
«Un Estado quebrado»: Ravier apostó a la herencia y habló de nuevas licitaciones
Para argumentar la subejecución de los impuestos viales, el portavoz cargó duramente contra la gestión anterior y las irregularidades en la obra pública. «Hasta diciembre de 2023 el sistema para poner las rutas en orden era Vialidad Nacional. Los pagadores de impuestos le daban dinero y eso debería haber llegado a las rutas, pero no ocurrió. Hoy tenemos jueces investigando a dónde fue esa plata», señaló el vocero.
En esa línea, Ravier justificó la asignación de presupuesto y apeló al escenario macroeconómico heredado por la administración de Javier Milei: «Recuerden que recibimos un déficit fiscal de 5 a 6 puntos del PBI y otros 10 puntos de déficit cuasifiscal. Tardamos en adjudicar porque con tasas de inflación arriba del 200% y un riesgo país en 2.700 puntos es muy difícil adjudicar una obra a mediano y largo plazo», sumó.
Vialdiad Nacional cuenta con material de bacheo que permite arreglar baches en cantidad provicnias, cortar el pasto, pintar las rutas y dar mantenimiento con dinero del Tesoro.
Adrian Ravier.
Frente a ese panorama, el funcionario prometió un viraje rápido hacia el modelo de concesiones: «Se han licitado 9.000 kilómetros de rutas, que eran los más importantes porque es por donde más transita la gente, y para octubre la totalidad va a estar en ejecución», aseguró, al tiempo que indicó que para la coyuntura las delegaciones de Vialidad Nacional cuentan con «material de bacheo, corte de pasto y pintura con dinero del Tesoro».
Añadió que en una segunda etapa «se han licitado otros 6.000 kilómetros más, que están actualmente en proceso de pliegos, licitaciones y adjudicaciones».
El caso Río Negro: entre los acuerdos provinciales y la traba por los controles de peso
Al referirse a la relación con los gobernadores, Ravier remarcó que el plan oficial contempla «sentarse con las provincias para llegar a acuerdos donde la administración de algunas rutas nacionales sea ejercida localmente». La declaración alude a procesos que ya se pusieron en marcha en Neuquén y Río Negro, aunque a un ritmo mucho más lento del que demandan las autoridades locales.
En el plano provincial, la urgencia de la gestión de Alberto Weretilneck por asumir de inmediato el control de las Rutas Nacionales 22 y 151 choca directamente con la pretensión de la Casa Rosada. Mientras Río Negro necesita tomar posesión cuanto antes para reparar los sectores más deteriorados —como el tramo crítico de Puente 83—, el Gobierno nacional busca desprenderse del corredor entregando un «paquete cerrado» que traslada a la Provincia todo el pasivo legal, incluyendo los contratos paralizados y los juicios pendientes con las constructoras.
Para evitar quedar atrapado en los litigios de la Nación, la estrategia rionegrina consiste en firmar un acta marco para tomar la administración de forma escalonada, asumiendo de inmediato los tramos liberados de conflictos (como Choele Choel-Río Colorado) y ejecutando un crédito de US$ 60 millones gestionado ante el Fonplata. Sin embargo, la negociación se encuentra empantanada porque el Ejecutivo nacional se niega a resolver previamente las rescisiones contractuales y pretende que sea la provincia la que absorba los reclamos de las empresas.
A este frente judicial se le suma un segundo punto de fricción técnica: la exigencia de Río Negro de instalar balanzas y puestos de control de peso para proteger la inversión realizada con endeudamiento provincial. Pese a que el objetivo local es evitar que la sobrecarga del tránsito pesado vuelva a destruir el asfalto, la medida encuentra fuertes resistencias en Vialidad Nacional, dilatando un traspaso que en el Alto Valle reclaman con carácter de urgencia.
Para más detalles el caso de Río Negro se puede consultar la nota original.