La Confederación Nacional de Municipios de Brasil calculó este jueves que la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales generará un gasto anual de 6.600 millones de reales (1.300 millones de dólares / 1.170 millones de euros) para las arcas públicas en personal de empresas subcontratadas.
La enmienda constitucional aprobada el miércoles por el Senado pone fin a la jornada “6 por 1” y fija dos días de descanso por semana, con un límite de 40 horas semanales, por el mismo salario, algo que impactará en el gasto de la Administración Pública en personal externo.
Según una encuesta realizada entre gestores locales, la Confederación de Municipios estima un incremento de 5.140 millones de reales anuales (unos 1.000 millones de dólares) en el gasto con empresas subcontratistas.
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Además, habría que sumar unos 1.490 millones de reales (295 millones de dólares) por contrataciones directas.
La iniciativa, principal propuesta electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, salió adelante por una mayoría aplastante en la Cámara Alta, a la que incluso se sumó la oposición liderada por el candidato presidencial Flávio Bolsonaro.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se medirá a Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre, inicialmente se oponía al proyecto, pero cambió de postura para aceptar la voluntad popular, según dijo a la prensa.
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En un plazo de un año desde de la publicación de la enmienda constitucional, se prevé que se modifiquen los contratos entre las empresas proveedoras de personal y la Administración para adaptarse a la nueva legislación.
“Para mantener el mismo nivel de prestación de servicios públicos, las empresas subcontratadas tendrán que ampliar sus plantillas y repercutirán estos costes”, sostuvo el presidente de la Confederación, Paulo Ziulkoski.
Ziulkoski, que a su vez es alcalde de Mariana Pimentel, un municipio de menos de 4.000 habitantes a 93 kilómetros de Porto Alegre, alertó de que los ayuntamientos “ya tienen unos presupuestos al límite y no disponen de recursos para financiar esta medida”.
Por ello, desde la Confederación reclaman al Gobierno “una dotación presupuestaria adecuada” para que los servicios públicos no se vean reducidos “en perjuicio de la población”.
En la encuesta, elaborada en 2.146 municipios (un 38,6 % del total), el 75 % de los entrevistados afirmó contratar servicios externos.
Según el estudio, los trabajadores subcontratados por ayuntamientos superan el millón de personas en todo el país y hasta un 21 % de las administraciones locales emplean a más de 100 personas de esta manera.
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Los servicios subcontratados más habituales son la conservación, la limpieza urbana y la gestión de residuos sólidos; el mantenimiento de edificios y equipos; los servicios informáticos; y los de seguridad y vigilancia. (I)