La empresa pública Red.es, dependiente del ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, garantiza "el total registro y la absoluta trazabilidad por los sistemas de gestión de contabilidad" de sus bases de datos, sin desmentir que se haya alterado uno de los expedientes del empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña de Gómez.
Además, la entidad pública, tras la información publicada ayer por EL MUNDO sobre la "orden directa" de un alto cargo para eliminar registros de Barrabés, asegura que ha hecho una "comprobación interna", en referencia al expediente señalado en la información. Red.es encabeza su respuesta a este medio destacando que "desde el inicio de los requerimientos de información", hace más de dos años y medio, ha colaborado siempre con la justicia.
Ese análisis interno se habría producido 18 días después de que la contable Claudia C. denunciara ante la Policía que un superior le ordenó eliminar información contable de una de las tres adjudicaciones al empresario amigo de Begoña Gómez. Esos contratos están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Europea. En concreto, la denuncia relataba como la trabajadora recibió instrucciones para alterar los datos del expediente 044/20-ED, investigado por una posible prevaricación en favor de las ofertas presentadas por Barrabés para, después, eliminar de forma definitiva cualquier evidencia de esas actuaciones. Según la versión ofrecida por esta trabajadora, la orden directa fue la de eliminar "de forma permanente" el cambio, "sin hacer referencia al expediente" y "únicamente indicando YA ESTÁ".
Posteriormente, y convencida de que dichas órdenes podrían incurrir en una posible actuación "irregular", la contable decidió entregar a los investigadores la documentación original del expediente y el contenido previo a las modificaciones, con el objetivo de preservar la trazabilidad de dichos cambios que, de acuerdo a la respuesta de Red.es ayer, estaría garantizada también en sus sistemas internos.
Ante esta posible alteración y tras conocer la información publicada por este periódico, el Partido Popular anunció que exigirá explicaciones al Gobierno en el Senado, con el fin de conocer si el Ministerio era conocedor de estos hechos, qué se va a hacer con la persona que dio esa orden y si, a día de hoy, continúa teniendo acceso a la contabilidad.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, opina que "el delito y el borrado de datos para taparlo es la marca de la casa del sanchismo", conectando así con el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Pensábamos que estábamos ante la excepción, pero no lo es, es la regla", añade la senadora. "Vemos que siempre que el sanchismo está en problemas por una comisión o por una actividad irregular o sospechosa, se acaban borrando datos o pruebas que puedan impedir conocer la verdad sobre el delito cometido", insiste.
En este sentido, desde su grupo también interpelarán al Ejecutivo sobre si esa orden salió directamente de la dirección de Red.es, de la Secretaría de Estado, del propio Ministro (Óscar López) o, incluso, desde el mismo Palacio de La Moncloa, pues, al haber sido López el jefe de Gabinete de Sánchez antes de asumir su actual cartera, "sabe mejor que nadie cómo viajan las órdenes en este gobierno: Hoy [Óscar López] tiene tres obligaciones: decir cuándo lo supo, apartar de inmediato a quien dio esa orden y proteger a la trabajadora que ha cumplido con su deber cuando su ministerio no lo hizo".
Desde el PP, anuncian que la inclusión en el listado de la Comisión de Investigación a los directivos de esta empresa pública que participaron en el presunto amaño de contratos en favor de Barrabés.