Bogotá avanzó con el cobro del alumbrado público de la reforma tributaria: alertan impacto negativo en hogares y pequeños comercios
calendar_today 10.09.2026 - person - timer ~6 Minutos
La reforma tributaria de Bogotá aprobó en primer debate la creación de un nuevo cobro para el alumbrado público, que recaería sobre cerca de 870.000 predios de la ciudad. El Partido Político Mira advirtió que la medida elevaría la presión económica sobre la clase media, los hogares y los pequeños negocios, mientras el proyecto continúa su trámite en el Concejo de Bogotá.
La decisión fue adoptada en la noche del 8 de septiembre por la Comisión de Hacienda, que avanzó con la iniciativa presentada por la Administración Distrital. El cobro de alumbrado público fue una de las cargas aprobadas durante esa sesión, aunque la reforma todavía requiere nuevas discusiones y no cuenta con aprobación definitiva.
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El concejal de Bogotá Samir Bedoya Piraquive, del Partido Político Mira, sostuvo que el análisis de la reforma debe contemplar el conjunto de gastos que afrontan los contribuyentes. Según indicó, los hogares no reciben de forma separada el impacto del impuesto predial, los servicios públicos, las cuotas de crédito, el mercado y otras obligaciones cotidianas.
“¿Cuánto más puede soportar una familia de clase media que ya paga predial, servicios, crédito y todas las obligaciones de su hogar?”, afirmó Bedoya Piraquive. El cabildante aseguró que la aprobación en primer debate representa “un primer paso para crear nuevas cargas sobre los bogotanos”.
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Para Mira, el debate no se centra en la necesidad de modernizar el sistema de iluminación pública de Bogotá. La bancada cuestionó por qué esa finalidad debe financiarse mediante un cobro adicional a los ciudadanos y cuál sería el efecto acumulado de la medida sobre la capacidad de pago de quienes habitan o tienen actividades económicas en la capital.
Bedoya recordó que el alumbrado público ya contaba con financiación mediante recursos del presupuesto distrital. El partido planteó que antes de establecer una nueva obligación debe precisarse el costo del servicio, los recursos ya asignados y el alcance que tendría el cobro para los diferentes tipos de predios.
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El concejal también pidió revisar el recaudo de obligaciones existentes antes de crear gravámenes adicionales. Según expuso, Bogotá mantiene una cartera morosa del impuesto predial cercana a $7,8 billones, mientras la reforma solicita un esfuerzo económico adicional a los contribuyentes que cumplen con sus pagos.
Las advertencias de Mira incluyeron reparos sobre el procedimiento legislativo de la reforma. La primera observación se relaciona con la acumulación de iniciativas durante el trámite, frente a la cual Bedoya Piraquive había manifestado dudas jurídicas sobre posibles efectos posteriores para el proyecto.
La segunda inquietud corresponde a la votación de las ponencias. Durante el primer debate se presentaron tres ponencias favorables: una fue negada y las otras continuaron hacia un proceso de unificación. Para Bedoya Piraquive, el Concejo deberá aclarar qué conclusión fue sometida a votación, cuál fue el efecto jurídico de esa determinación y qué norma reglamentaria respaldó la continuación del trámite.
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“Conseguir los votos para superar un primer debate no elimina las dudas jurídicas”, señaló Bedoya Piraquive. El concejal afirmó que, si existieron vicios sin subsanar, serán los jueces quienes determinen posteriormente los efectos de la reforma.
El cobro de alumbrado público fue aprobado con los votos de Rolando González, de Cambio Radical; Andrea Hernández, Humberto Amin y Julián Uscátegui, del Centro Democrático; Armando Gutiérrez y Samir Abisambra, del Partido Liberal; Juan Manuel Díaz y Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo; y Julián Sastoque y Julián Triana, de la Alianza Verde.
Votaron en contra José Cuesta y Óscar Bastidas, del Pacto Histórico; Angelo Schiavenato, del Partido Ecologista Colombiano; Samir Bedoya, del Partido Político Mira; y Julián Uscátegui, del Centro Democrático. La reforma deberá continuar su discusión en el Concejo, donde MIRA anunció que revisará el contenido de cada artículo.
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El director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamarca pidió a los concejales revisar los aumentos previstos en el impuesto de industria y comercio (ICA) para algunos sectores. Según afirmó, el ajuste en las tarifas puede afectar la rentabilidad de pequeños comercios y la permanencia de empresas en Bogotá.
El vocero gremial se refirió a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y tabaco, como tiendas pequeñas que pertenecen al régimen común, tiendas de conveniencia y supermercados. “Debemos proteger el tejido empresarial de nuestra ciudad”, manifestó al cuestionar el aumento de la tarifa del ICA para esas actividades.
De acuerdo con Fenalco Bogotá Cundinamarca, el ICA para bebidas alcohólicas y tabaco pasaría de 13,8 por mil a 21 por mil. El gremio señaló que la modificación afectaría negocios que operan con márgenes estrechos y pidió no aprobar el incremento para evitar que el costo llegue a los precios para los consumidores.
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El director ejecutivo también cuestionó el aumento previsto para las actividades relacionadas con vehículos y motocicletas, cuya tarifa subiría de 6,9 por mil a 11 por mil. Según advirtió, ese cambio podría llevar a que algunas compañías decidan operar desde municipios o ciudades fuera de Bogotá.
Fenalco Bogotá Cundinamarca solicitó respaldo de los concejales frente a esos ajustes. El gremio sostuvo que los incrementos planteados para ambos sectores tendrían efectos sobre las utilidades de los comercios y las empresas vinculadas con la venta de vehículos, motocicletas, bebidas alcohólicas y tabaco.
El concejal de Bogotá Julián Espinosa rechazó la reforma tributaria y cuestionó en particular el aumento del ICA para la venta de vehículos y motocicletas. El cabildante sostuvo que la modificación afectaría a quienes compren estos bienes en la ciudad.
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“Hay una guerra contra quien quiere tener un carro o una moto en Bogotá”, afirmó Espinosa. Según explicó, la tarifa para ese sector pasaría de 6,9 por mil a 11 por mil, un cambio que, en su criterio, también tendrá consecuencias para los comerciantes y los sectores que generan empleo.
Espinosa vinculó ese ajuste con otras medidas que, según dijo, han elevado los costos para los ciudadanos: el aumento a 250 pesos por minuto de parqueadero, el alza de 350 pesos en la tarifa de Transmilenio y la instalación de 18 nuevas cámaras de fotocomparendo. El concejal afirmó que la reforma representa la tercera iniciativa tributaria presentada ante el Concejo.
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El cabildante señaló que el proyecto reduciría las tarifas del ICA de 13 a siete, frente a las cuatro incluidas en la propuesta retirada en 2025. Sin embargo, sostuvo que la estructura conserva una lógica de recaudo que se sumaría a las cargas tributarias nacionales que enfrentan las empresas.
Espinosa cuestionó también el aumento del ICA para licores y tabaco, que pasaría de 13,9 por mil a 21 por mil. El concejal comparó esa tarifa con las de Barranquilla, donde indicó que es de 12 por mil; Medellín y Cartagena, con 10 por mil; y Cali, con siete por mil.
El sector financiero pasaría de 14 a 21 por mil, según planteó Espinosa, que afirmó que el costo podría trasladarse a las personas que soliciten créditos de vivienda o de libre inversión. Restaurantes, bares y hoteles quedarían con una tarifa de 13 por mil, mientras el proyecto contempla exenciones del ICA hasta por 10 años para quienes inviertan en Bogotá.