
La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación buscaba imputar cargos a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud Daniel Quintero Calle, fue declarada fallida el lunes 31 de agosto por un vicio en su reasignación.
La decisión de la jueza 39 Penal Municipal con funciones de control de garantías obligó a programar otra diligencia dentro de los próximos cinco días hábiles.
El cambio de despacho ocurrió luego de que el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, que tenía la audiencia en agenda, informó la incapacidad de su titular. En ese orden de ideas, el Centro de Servicios Judiciales asignó entonces el caso al Juzgado 39. La defensa cuestionó ese traslado y sostuvo que una diligencia programada, a diferencia de una urgente, debía volver al juzgado que la había fijado inicialmente.
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Sin embargo, el abogado Santiago Trespalacios, representante de Quintero Calle, planteó la objeción cuando la sesión ya había empezado. A las 4:30 p. m., la jueza suspendió el trámite para estudiar el reclamo y a las 5:26 p. m. aceptó el argumento y declaró fallida la audiencia.
De esta forma, la validez de la asignación judicial quedó en entredicho, tras la incapacidad del juez inicialmente designado para esta diligencia.

En la audiencia, Miguel Quintero confirmó sus datos de identidad después de que el juzgado verificó la presencia de las partes. También comparecieron Álvaro Alonso Villada García, exdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín; y frente a esto, los cuatro serán citados de nuevo.
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La Fiscalía prepara imputaciones por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación examina contratos por $17.645 millones que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribió con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; en un caso en el que el ente acusador buscaría una medida de aseguramiento contra los imputados.
El expediente, de acuerdo con los elementos divulgados en torno a la investigación, incluye conversaciones de WhatsApp de un grupo llamado “Amigos”. Allí, la Fiscalía ubica intercambios entre Quintero y antiguos funcionarios que, según la hipótesis del caso, se relacionarían con decisiones sobre hojas de vida, contratos y un comité paralelo de contratación. Se trata de uno de los más sonados casos en la historia reciente de la ciudad.
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“Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”, habría dicho Quintero. Además, declaraciones en el proceso apuntarían a la aparente exigencia de una comisión del 20% sobre los contratos; y de eso, el 10% tendría como destino a Miguel Quintero, mientras que el resto se repartiría entre otros integrantes de la estructura.
Las referencias a vehículos, relojes y una finca hacen parte de los materiales que la Fiscalía deberá sustentar ante el juzgado. Según el ente, estas serían las pruebas de incremento patrimonial injustificado y presuntos lujos costeados con coimas que sustentarían la imputación, pese a que el implicado ha alegado ser inocente de lo que se le sindica; en una defensa en la que también ha estado su hermano, Daniel Quintero.
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La diligencia de este lunes fue el tercer intento de instalar la imputación. La fecha inicial, prevista para el 3 de agosto, se aplazó a petición del delegado de la Fiscalía, que solicitó más tiempo para preparar el escrito. El 25 de agosto hubo una nueva postergación, esta vez por solicitud de la defensa de Quintero; y tras ese aplazamiento, no tardó en registrarse una fuerte reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, indicó el mandatario local. “Pueden inventarse todas las estrategias que quieran, ya nadie les cree y no pueden borrar las pruebas ni el daño que le hicieron a la ciudad”, acotó Gutiérrez, que ha promovido denuncias sobre presuntas irregularidades en entidades de la administración anterior, que gobernó entre 2020 y 2023.
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Según el balance citado en este expediente, relacionado con El Colombiano, las pesquisas de la Fiscalía habían derivado hasta ahora en 55 imputaciones y sumarían 59 si se formalizan las cuatro previstas. Como se mencionó, el proceso también alcanza al exdirector de Área Metropolitana Juan Palacio y las exsubdirectoras Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla; mientras que Juan Alberto Cardona Henao aceptó responsabilidad y espera sentencia el próximo 18 de septiembre.