Un severo choque de competencias normativas entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires mantiene en estado de parálisis e incertidumbre jurídica a cientos de establecimientos educativos privados bonaerenses. La controversia se originó a partir de la decisión de la Legislatura provincial de disponer el traspaso del personal no docente -ámbito que engloba a empleados administrativos, de maestranza, auxiliares y docentes extraprogramáticos- desde la caja nacional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hacia el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia.
Frente a esta colisión entre una ley nacional de mayor jerarquía jurídica y una norma provincial, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), a través de su secretario ejecutivo Martín Zurita, ratificó la postura institucional de “preferir no innovar” mientras los tribunales superiores no dictaminen una medida de fondo.
Actualmente, la pulseada institucional se encuentra abierta en dos frentes judiciales estratégicos:
Ámbito Provincial: AIEPA impulsó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), exigiendo un pronunciamiento que otorgue certeza formal a los institutos.
Ámbito Nacional: En una acción coordinada de volumen político y fiscal, la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Capital Humano -con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación- recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para frenar la migración de aportes y ratificar la titularidad de la caja federal.
La dilación de los tiempos judiciales ha agravado de forma crítica la operatividad financiera de las escuelas. La tensión escaló de manera inminente tras la emisión de oficios y notificaciones formales por parte de ARCA, reclamando el depósito de los fondos previsionales no ingresados mediante el Formulario 931 y advirtiendo sobre la existencia de un listado con establecimientos formalmente identificados en situación de incumplimiento por haber derivado dichos recursos al IPS.
Para dar cuenta de la indefensión institucional a la que se ven sometidos los colegios, Zurita graficó el conflicto sosteniendo que “es como si hoy hay una ruta nacional y mañana la legislatura dice ‘esta ruta ahora es provincial’”, dejando a los contribuyentes atrapados en un vacío de regulación. La mayor amenaza económica que se cierne sobre el sector es la eventual obligación de afrontar un doble aporte: haber liquidado las cargas previsionales en la caja provincial del IPS y quedar expuestos de forma simultánea a las ejecuciones fiscales que promuevan la ANSES y ARCA.
El diferendo causa además distorsiones inmediatas tanto en las cargas patronales como en las liquidaciones salariales de los trabajadores.
Con respecto al aporte del trabajador al IPS, se aplica una retención del 16% sobre la remuneración del empleado. El aporte del Trabajador a ANSES es del 11%.
En relación a las contribuciones patronales: Se registran diferencias sustanciales entre los coeficientes de contribución exigidos por el esquema provincial frente al régimen nacional.
Sobre el efecto en el sueldo de bolsillo, al aplicarse el descuento superior del 16% correspondiente al IPS, disminuye de forma directa el salario neto percibido por el personal no docente.
Transcurridos diez meses del año sin que la justicia emita un fallo definitivo, las instituciones educativas privadas continúan expuestas a una severa desprotección jurídica que compromete su planificación económica y administrativa, señalan en AIEPA.
ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES
En paralelo al conflicto previsional, las instituciones privadas avanzan en la readecuación de sus cuadros arancelarios, respondiendo a dos esquemas regulatorios claramente diferenciados:
Los establecimientos que perciben subvención estatal están sujetos a la autorización previa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para ajustar el valor de sus cuotas. Estas actualizaciones se habilitan de manera posterior a las negociaciones paritarias con el sector docente. En este contexto, y tras la oferta salarial presentada por el gobierno provincial para los meses de octubre y noviembre, AIEPA remitió notas formales al Ejecutivo bonaerense. De acuerdo con las gestiones en curso, la autorización oficial para aplicar los aumentos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre se proyectaba con carácter inminente para estos días y sería proporcional al 6 por ciento de aumento escalonado propuesto por el gobierno provincial.
Las escuelas que operan sin aporte estatal fijan sus aranceles en función de la evolución de su propia estructura de costos. En estricto cumplimiento del marco normativo que las rige, estas instituciones cuentan con la facultad de actualizar las cuotas ante cada anuncio de incremento en las paritarias docentes, sin requerir una autorización previa o expresa del gobierno provincial.
Ya hay un listado en ARCA de colegios en situación de incumplimiento
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