La base de datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) registra 486 puntos en todo el país que se han convertido en basureros ilegales, a los que llegan residuos orgánicos, desechos sanitarios, plástico, papel, cartón, vidrio y material ferroso. Son 337 mil 341.89 metros de terreno donde las personas tiran sus desechos sin ningún control.
Los departamentos de Chiquimula, Totonicapán y Sololá son los que acumulan la mayor cantidad de estos botaderos clandestinos: 66, 51 y 45, respectivamente, según la base de datos del Marn, que se alimenta de las denuncias de la ciudadanía, organizaciones comunitarias y autoridades locales, además de notificaciones de las municipalidades e información que el ministerio obtiene mediante monitoreos y recorridos de campo.
Estos basureros ilegales suelen identificarse en barrancos, riberas de ríos, carreteras y zonas periurbanas, pero su ubicación puede variar según el crecimiento, la reducción o la limpieza de estos espacios, o por la aparición de nuevos. Por ello, la base de datos sobre estos botaderos de basura se mantiene en constante actualización, al punto de que se han llegado a registrar más de dos mil, según datos históricos.
De acuerdo con Annelise Fernández, directora de la Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos (Dimards), los residuos y desechos sólidos representan uno de los principales desafíos ambientales del país.
La aparición de estos basureros clandestinos impacta el ambiente, la salud pública y el patrimonio cultural, como ocurre con el que se localiza en las cercanías del Sitio Arqueológico Iximché, en Chimaltenango, departamento en el que se han identificado 33 basureros ilegales.
El emprendimiento reciclemos.gt publicó recientemente en sus redes sociales un video en el que se observan toneladas de basura envueltas en llamas en ese punto.
Al respecto, el Marn refiere que la acumulación de residuos en espacios públicos es el resultado de una cadena de responsabilidades compartidas y que, en el caso del basurero cercano a Iximché, se requiere la participación de las autoridades locales y de las instituciones competentes para remover los residuos y evitar un mayor impacto en la zona.
“La limpieza del sitio es necesaria, pero para evitar que el problema se repita se necesitan servicios adecuados de recolección, participación ciudadana, educación ambiental, vigilancia comunitaria y una mayor corresponsabilidad de todos los actores involucrados”, indicó Fernández.
Los puntos de disposición ilegal de residuos pueden contaminar suelos y fuentes de agua, afectar la salud de las comunidades y deteriorar los ecosistemas. Además, cuando los residuos se acumulan en vertederos no controlados generan emisiones de metano —gas de efecto invernadero más potente que el CO₂—, recalcó Fernández.
De acuerdo con el reporte de la Dimards, se ha detectado que en el 41% de los basureros ilegales hay criaderos de zancudos, que se convierten en focos de enfermedades como el dengue.
Por eso, una adecuada gestión de residuos es importante tanto para prevenir la contaminación local como para contribuir a la lucha contra el cambio climático.
“La solución a los basureros ilegales requiere un enfoque integral que combine acciones de prevención y de gestión de los residuos que ya se generan”, agregó Fernández, y señaló que, además de las soluciones técnicas y de gestión, es importante reconocer que este es un desafío que requiere la participación de instituciones públicas, municipalidades, sector privado y ciudadanía.
La eliminación de un basurero clandestino no es tarea sencilla. El Marn indicó que la intervención y limpieza no necesariamente implican la erradicación definitiva.
“Hay sitios que, aun después de ser intervenidos, vuelven a registrar acumulación de residuos en períodos muy cortos, incluso en menos de 24 horas”, explicó el ministerio.
Por ello, las acciones deben ir más allá de solo limpiar el lugar, pues hay que evitar que en ese punto vuelva a acumularse basura.
El ministerio refirió que la limpieza de los basureros clandestinos está fuera de su competencia y que es un trabajo que corresponde a las municipalidades, a las cuales brinda acompañamiento técnico para fortalecer sus capacidades de planificación e implementación de la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos (Girds), así como para promover acciones orientadas a reducir la aparición de estos botaderos.
Agregó que se realizan diagnósticos y evaluaciones de capacidades técnicas, administrativas, legales y financieras para identificar oportunidades de mejora y apoyar a los gobiernos municipales en la toma de decisiones en cada territorio.
El Marn reporta 17 basureros ilegales en el departamento de Guatemala, de los cuales siete se ubican en la Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, la Municipalidad de Guatemala indica que en el 2010 llegó a registrar aproximadamente 438 basureros clandestinos en su jurisdicción. Con la implementación del proyecto la bocina inteligente —que comenzó en el 2021— la cifra se redujo a aproximadamente cien.
“Aunque se ha avanzado significativamente en la erradicación de estos puntos críticos, algunas personas continúan cambiando de ubicación para tirar desechos y basura, por lo que el número de focos varía constantemente”, señala la comuna capitalina.
Los basureros ilegales se ubican principalmente en las zonas 4, 5, 7, 12 y 18, en sectores aledaños a mercados. Parte del problema son los vecinos que no pagan debidamente el servicio de extracción de basura, refiere la municipalidad.
Además del proyecto la bocina inteligente, la Municipalidad de Guatemala menciona que ha implementado programas de capacitación y concientización para los vecinos, así como jornadas de limpieza y erradicación de basureros clandestinos organizadas por las alcaldías auxiliares junto con vecinos, establecimientos educativos y empresas privadas, lo que ha permitido reducir estos botaderos de desechos.