A cuatro días de la resolución que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, ingresaron tres pedidos de juicio político contra la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual.
Las presentaciones fueron realizadas ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados por el diputado provincial Manuel Passaglia, del partido Hechos; el senador bonaerense Guillermo Montenegro, del PRO; y el abogado Alfredo Drocchi, quien se presentó por derecho propio y en carácter de ciudadano bonaerense.
Los tres planteos tienen como origen la resolución cautelar dictada el 7 de septiembre por Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, en el marco de una causa iniciada por la organización Federación Familia Grande Hogar de Cristo. En esa decisión, la magistrada dispuso suspender preventivamente la aplicación en toda la Provincia de la Ley Nacional 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil.
La norma, sancionada por el Congreso de la Nación, establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes y contempla la posibilidad de imputación desde los 14 años para determinados delitos, además de establecer las condiciones para eventuales medidas de privación de la libertad.
La resolución de Pascual generó cuestionamientos políticos y abrió una nueva controversia en torno a la implementación del régimen. Los denunciantes sostienen que la magistrada habría incurrido en distintas irregularidades que, a su criterio, podrían constituir causales de mal desempeño.
Entre los principales cuestionamientos planteados aparece la supuesta extralimitación de las facultades de la jueza. Los denunciantes consideran que Pascual habría suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de una ley nacional mediante una medida cautelar dictada en primera instancia, sin haber resuelto previamente la cuestión de fondo vinculada con su constitucionalidad.
También cuestionan su competencia para adoptar una medida de alcance provincial y sostienen que la resolución podría involucrar cuestiones que corresponden a otras instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otro de los argumentos está relacionado con la fundamentación de la medida. Según los denunciantes, la jueza habría utilizado como sustento las condiciones observadas en un establecimiento particular, el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, además de referencias a hechos de público conocimiento, sin contar —según sostienen— con información estadística que permita extender esas conclusiones a toda la Provincia.
Estos planteos forman parte de las presentaciones realizadas contra la magistrada y deberán ser analizados durante el proceso de enjuiciamiento.
La intervención de Pascual se produjo a partir de una presentación realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización vinculada al sacerdote José María “Padre Pepe” Di Paola. El planteo judicial buscaba evitar que adolescentes fueran alojados en establecimientos de Lomas de Zamora bajo el nuevo régimen penal juvenil.
Para fundamentar su decisión, la magistrada tomó en consideración informes e inspecciones realizados en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora. De acuerdo con esas actuaciones, el establecimiento había sido limitado previamente a un máximo de 60 adolescentes y, según las inspecciones citadas en la resolución, no reuniría los estándares mínimos requeridos.
La decisión judicial tuvo repercusión inmediata en el ámbito político. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó públicamente la medida y vinculó su origen con el gobierno de Axel Kicillof. Por su parte, el diputado nacional y dirigente bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja anunció que impulsaría un pedido de juicio político contra Pascual, aunque hasta el momento esa presentación no fue formalizada.
Los planteos que sí ingresaron fueron los de Passaglia, Montenegro y Drocchi.
“Por eso pretendemos que sea destituida”, sostuvo Passaglia al cuestionar la decisión judicial y señalar también la responsabilidad que, a su criterio, tendría el gobierno bonaerense en la adaptación de la Provincia al nuevo régimen.
Montenegro, exintendente de General Pueyrredón y exjuez federal, también cuestionó la resolución y reclamó que se avance con el proceso de enjuiciamiento.
El trámite se inició en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, que funciona en el ámbito del Senado bonaerense y está a cargo de Ulises Giménez.
El primer paso será la ratificación presencial de las denuncias. Montenegro, Passaglia y Drocchi deberán concurrir ante la Secretaría para confirmar formalmente sus presentaciones.
Debido a que los tres planteos tienen como objeto la misma resolución y están dirigidos contra la misma magistrada, se prevé que sean acumulados. A partir de allí, Giménez deberá elaborar un dictamen que será remitido a la Procuración General y a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento.
Ese dictamen no tiene carácter vinculante. La Procuración y la Comisión deberán evaluar los planteos y definir si corresponde avanzar con el proceso o disponer su archivo.
En caso de que la acusación prospere, comenzará otra etapa del procedimiento: se realizará el sorteo de los integrantes del jury de enjuiciamiento. La Suprema Corte bonaerense sorteará cinco conjueces abogados y la Secretaría de Enjuiciamiento hará lo propio con cinco conjueces legisladores.
El jury, presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, será el órgano encargado de analizar eventualmente la conducta de la magistrada y determinar si corresponde aplicar una sanción.
El proceso de enjuiciamiento constituye el mecanismo previsto en la Provincia de Buenos Aires para investigar y, eventualmente, suspender o remover a jueces y magistrados del Poder Judicial por las causales establecidas en la legislación.
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