A fines de noviembre del año pasado arrancó una investigación reservada en contra del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, y otras siete personas que ahora guardan prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos en el caso Blindaje.
La indagación judicial se originó a partir de un oficio reservado elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales e injustificadas de Villacís Tenorio y otras personas jurídicas.
Luego de siete meses, Villacís y los otros siete implicados fueron detenidos en una serie de allanamientos que se extendieron en las provincias de Santa Elena, Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, el 3 de junio anterior.
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En su presentación de la teoría del caso, la Fiscalía sostuvo que esta supuesta “estructura criminal” se organizó para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales, con la participación aparente del alcalde.
Fiscalía vincula al alcalde, quien ahora permanece en la cárcel de Latacunga, por supuestamente “coordinar con servidores públicos, empresas fachada, particulares y familiares” para encaminar acciones a la comisión de conductas relevantes para el derecho penal.
En el caso también son procesados Luis R. T., Juan L., Diego M., Carol L, Jonathan M.; Kléber S. y Jorge P., estos dos últimos exjueces.
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Para ello, el capital habría fluido desde dos fachadas: sentencias contra Petroecuador que determinaron millonarios pagos de $ 2 millones y $ 15 millones; y además contratos de mantenimiento por $ 5,2 millones captados por el Consorcio Torre VL-V1.
Para ello, el capital habría fluido en causas judiciales bajo dos fachadas: sentencias contra Petroecuador que determinaron millonarios pagos de $ 2 millones y $ 15 millones; y además contratos de mantenimiento por $ 5,2 millones captados por el Consorcio Torre VL-V1.
Para borrar el rastro, según la Fiscalía, la red habría usado “pases de mano” ultra rápidos. Es decir, un abogado recibió sus honorarios y ese mismo día transfirió el 95 % al alcalde y su círculo.
Además, se usaron carros blindados para mover $ 980.000 en efectivo físico, a fin de romper “la trazabilidad financiera”.
Como sistema de integración de la red delictiva, el dinero habría retornado a la economía como bienes “limpios”. Para ello, se identificaron depósitos en cuentas de Villacís y varios de los procesados, la colocación de depósito a plazo fijo y dinero enviado al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
Para la Fiscalía, el monto de dinero que supuestamente fue lavado alcanza los $ 7′543.716,52, que representa los ingresos inusuales e injustificados procesados por la red en el sistema financiero local de 2020 a mayo 2025.
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Entre los hallazgos relevantes del caso, la Fiscalía expuso una acción de protección que data de 2020, la cual presentó la compañía Reyten, ahora denominada King Trading Limited, a Petroecuador.
Esta firma tuvo como accionista y administrador a Vicko Villacís hasta el 26 de noviembre de 2020, cuando vendió el paquete accionario a Edrulfo R., ahora fallecido, quien en su calidad de gerente de la misma presentó la acción judicial contra la empresa pública el 26 de febrero de 2020.
En esa causa se exigía el pago de deudas derivadas de dos contratos.
En primera instancia, una jueza aceptó parcialmente la demanda disponiendo que Petroecuador respondiera a Reyten unos oficios. Sin embargo, la empresa interpuso un recurso de apelación que fue acogido con voto de mayoría de los jueces Juan J. y Luis O. y, por ende, se dispuso que la empresa pública cancelara a la empresa el valor de $ 2′001.755,11.
Una vez cancelado ese monto, según la Fiscalía, de forma inmediata se dieron movimientos financieros de la siguiente manera: $ 867.000 a la empresa Reypezpacific, $ 61.000 a Luis R.; $ 20.000 a Gabriela F., esposa del alcalde; y $ 20.000 a Andrea L., esposa de Luis R.
En este caso puntual, la Fiscalía argumenta que se observan las presentaciones de acciones de protección en contra de instituciones públicas, por lo que no se puede tratar de “hechos aislados”, sino de un modus operandi para “extraer dineros públicos contraviniendo la ley y haciendo un abuso arbitrario del derecho para mover activos en el sistema financiero nacional y luego estratificarlos entre diversas personas, así como operaciones e incluso en transacciones internacionales”.
Por este caso, en una sentencia, la Corte Constitucional dispuso dejar sin efecto lo actuado en el proceso de acción de protección y que Reyten devuelva los valores a Petroecuador. “Cosa que hasta el momento no ha sucedido”, según expuso el agente fiscal en el proceso en el que, además, se pidió indagar a los jueces que emitieron las sentencias.
En un segundo escenario, la Fiscalía citó una acción de protección del año 2022.
En ese entonces, la Fiscalía sostuvo que David R. se encargó de figurar como procurador común de un grupo de 96 extrabajadores de Petroecuador para presentar una acción de protección que recayó en un juez de Atacames. Se pedía el reintegro a sus funciones, pago de haberes y sueldos dejados de percibir.
Por este caso, el entonces juez Jorge P., uno de los procesados en el caso Blindaje, aceptó la acción de protección y dispuso que el cálculo del monto de reparación económica se determinara por un peritaje. Según la Fiscalía, no hubo registros de que se haya efectuado el sorteo pericial para la designación del perito y, conforme a la insinuación realizada por los actores, se designó como perito a Rosa Elena E. V.
Con base en el peritaje, el entonces juez Kléber S. emitió un mandamiento de pago y dispuso que Petroecuador consignara el valor de $ 30′388.071,53. Jueces de la Sala Provincial de Familia de Esmeraldas ratificaron el pago del dinero.
Ante ello, la Corte Constitucional declaró que las dos sentencias vulneraron el derecho al debido proceso de Petroecuador y, entre otras medidas, dispuso la restitución de los millones que fue obligada a pagar.
Entre las irregularidades, la Fiscalía expuso la incompetencia territorial, violación a la norma legal, designación arbitraria de perito y la vía judicial inadecuada.
Según la exposición de la Fiscalía, Petroecuador cumplió con el pago de $ 15 millones. Ese monto se distribuyó de la siguiente manera: $ 75.000 a la perito, $ 2′238.750 al abogado Juan L., $ 2′985.000 al abogado Simón L. D. y el resto del dinero a los 93 ciudadanos accionantes.
Con base en las indagaciones de la Fiscalía, el agente encargado del proceso refirió que el abogado Juan L. recibió el dinero y el mismo día realizó una transferencia de $ 1′400.000 a Vicko Villacís a una cuenta de un banco local.
A su vez, el abogado constaría dentro del ranking de clientes de Villacís por un valor de $ 75.000 y el alcalde celebró un contrato de prestación de honorarios profesionales con el profesional del derecho Lastre “para justificar el pago de $ 1,4 millones”.
“Este contrato es posterior a la emisión de la sentencia y el pago de $ 15 millones por parte de Petroecuador”, indicó el fiscal, quien, además, acotó que Villacís no fue parte de los abogados que intervinieron en la acción de protección.
Con el dinero en su cuenta, según la Fiscalía, Villacís habría activado una logística para “sacarlo” del sistema financiero.
Entre enero y marzo de 2023, la Fiscalía aseveró que se dieron tres entregas de efectivo físico por medio de servicios de entrega de transporte de valores (blindados) por un total de $ 980.000, dinero que fue debitado de la cuenta de Villacís de un banco local.
El dinero fue trasladado de la siguiente manera: $ 380.000 para Carol L. en Esmeraldas; $ 200.000 para Diego M. en un exclusivo hotel del norte de Quito y $ 400.000 para su hermano Luis R. (hermanastro de Vicko Villacís) en un edificio de Iñaquito de la misma capital.
Entre los beneficiarios, Fiscalía detalló que Diego M. T. figuraba como ayudante judicial del juez de la Sala Provincial de Esmeraldas, Juan J. S., que ordenó el pago en segunda instancia de los $ 2′001.755 y confirmó en segunda instancia el pago de los $ 30 millones.
En tanto, Carol L., además, recibió una transferencia en 2023 por $ 746.250 por parte del abogado Juan L. y luego realizó transacciones financieras como la compra de un solar de una urbanización privada de La Aurora, por un monto de $ 118.000.
Ese mismo solar fue adquirido por Jonathan M. B., quien era técnico de ventanilla de la unidad judicial multicompetente de Atacames. Este hombre ha sido señalado de tener un “fuerte vínculo” con Villacís por haber compartido cuatro vuelos a Bogotá y Florida, en 2023 y 2024, y, además, haber recibido transferencias de $ 4.000 y $ 5.200 en 2023 y 2025, respectivamente.
La Fiscalía expuso que el alcalde habría empleado otras conductas ilícitas relacionadas con el delito investigado y habría usado varias empresas para dar apariencia de “legalidad a sus movimientos”.
En la empresa Rey Pez Pacific, actualmente en liquidación, se habrían dado movimientos bancarios por $ 12 millones entre 2020 y 2023.
Según la Fiscalía, esta empresa habría recibido dinero de la primera acción de protección por un valor de $ 867.088.
A su vez, esta empresa, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, mantendría vínculos con personas con antecedentes penales.
Entre los casos citados, la Fiscalía detalló a Jackson Antonio A. V., quien habría recibido transferencias y cheques de Rey Pez Pacific por $ 874.372 en 2021. Este hombre tenía antecedentes penales por tenencia de armas, secuestro extorsivo e intimidación y fue asesinado en febrero de 2023 en Manta.
Entre los supuestos nexos comerciales también se menciona a la empresa Pezymar, que se encuentra en juicio por supuesto lavado de activos, con la que mantendría un modus operandi similar.
Esta firma pertenecía a Flavio Leonardo Briones, supuesto cabecilla de Los Lobos, que fue asesinado en junio de 2025 en Manta. Con esa empresa se habría emitido una factura por $ 158.665,51, pero ese valor “no se ve reflejado en el sistema financiero nacional”.
Por aquello, el fiscal expuso que se trataría de una simulación comercial entre empresas, para dar apariencia de legalidad a sus movimientos.
Dentro de su análisis, la Fiscalía sostuvo que esta empresa tendría diferencias entre los ingresos en el sistema financiero nacional de $ 12′064.369 y lo reportado al Servicio de Rentas Internas de $ 7′835.317,70 en el periodo de 2020 a 2023.
La Fiscalía señaló que Rey Pez Pacific recibió “inyecciones de capital” por $ 867.088 de Edrulfo R., socio fallecido que habría captado dinero de King Trading, y por $ 402.723,89 adicionales de Villacís entre 2020 y 2024, además de que se dieron adquisiciones de bienes y entrega de dinero a personas.
El Consorcio Torre VL-V1, constituido en 2024, registra como otorgantes a la empresa King Trading Limited KT&V y Teknhikmec S.A, anteriormente Reyten CIA LTDA y Suministros y Mantenimientos de Equipos Petroleros Symep S.A., respectivamente.
Esta empresa fue supuestamente adjudicataria de un contrato para la ejecución de trabajos en la Unidad No. Catalíticas 2, para lo cual, registró una facturación con Petroecuador por $ 5′371.020,47 en 2024.
Para la Fiscalía, resultó llamativo que esa cantidad representó el 99,54% de todos sus ingresos y ese mismo año registró al SRI apenas $ 1 de ingresos.
En 2025, Villacís registró como beneficiario del pago de un cheque del Consorcio Torre VL-V1 por $ 2′500.000. Ese valor, según la Fiscalía, correspondió a un supuesto compromiso adquirido por un pagaré a la orden suscrito entre Edrulfo Rivadeneira en representación de Reyten CIA, ahora King Trading Limited, que se obligaba a pagar a favor del alcalde, sin que antes de la supuesta deuda se evidenciaran transferencias de Villacís a favor de Reyten o el Consorcio Torre VL-V1.
De ese cobro, Villacís habría realizado dos giros hacia Luis R. T. en enero de 2025 por $ 500.000 en total.
Además, en ese mismo mes de enero, Villacís habría realizado otro giro de $ 800.000 a una cuenta propia de Miami.
Del dinero obtenido de la acción de protección contra Petroecuador, la Fiscalía siguió el rastro del dinero y determinó que, de $ 5′234.389,86, un total de $ 795.296,28 fue dirigido a King Trading Limited, socia fundadora del consorcio. “Lo que configura un pago del consorcio a su propio dueño”, sostuvo la Fiscalía.
Como autoridad local, según la Fiscalía, las cuentas de Villacís muestran un flujo masivo con el que sus declaraciones de impuestos no son compatibles. Entre 2020 y 2024, él tuvo ingresos en el sistema financiero por $ 5′007.810,57, pero al SRI solo declaró $ 192.474,05.
Al sumar lo movido hasta mayo de 2025, la agente investigadora sostuvo que la cifra en sus cuentas sube a $ 7′543.716,52, mientras sus reportes tributarios se mantienen en valores “estancados” mínimos. Así, por ejemplo, en 2024, recibió más de $ 2,1 millones y declaró solo $ 59.000. (I)