Abogado de Gustavo Petro reveló que el presidiente sabía que Gloria Arizabaleta iba a pedir su suspensión: esto dijo en la Corte
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~4 Minutos
El presidente Gustavo Petro fue alertado con antelación sobre la intención de suspenderlo de su cargo, según lo reveló su propio abogado penalista, Alejandro Carranza, ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el video de la declaración de Carranza revelado en la tarde del miércoles 5 de agosto por El Tiempo, dos días antes de que la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta formalizara la medida, ya había informado al mandatario sobre la inminencia de esa propuesta, que finalmente no prosperó.
Durante la investigación contra la exparlamentaria del Pacto Histórico por presunto prevaricato, Carranza entregó detalles precisos de sus reuniones con Arizabaleta, quien integraba la Comisión de Acusaciones.
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La exrepresentante, según el testimonio, buscó al abogado en al menos cuatro ocasiones para sugerir un acuerdo político que beneficiara las denuncias y procesos disciplinarios contra Petro, a cambio de favores.
En medio de estos encuentros, Carranza recibió información confidencial sobre movimientos dentro de la Comisión, incluyendo un borrador de providencia sobre la presunta violación de topes de campaña por parte del presidente. El abogado presentó ante la Corte pruebas de estos intercambios, mostrando incluso los mensajes recibidos antes de que se oficializara cualquier decisión.
El abogado aseguró que, tras una conversación con Arizabaleta, advirtió a Petro sobre la propuesta. En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Nariño con la presencia del entonces ministro de Hacienda, Carranza informó al presidente sobre la intención de suspenderlo y le transmitió el contenido de la reunión. Petro, según la declaración, calificó la maniobra de la exrepresentante como un acto de extorsión y pidió a su abogado que tomara medidas jurídicas.
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“Le dije que ella estaba diciendo que la siguiente semana iba a citar justo unos días antes de la elección y que eso tenía que arreglarse. Entonces elministro de Hacienda dijo que no, y el presidente de inmediato dijo: ‘ella es una extorsionista’ y me pidió que tomara cartas en el asunto”, señaló el abogado ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Carranza, la reacción del presidente fue inmediata, instruyéndolo para activar una estrategia legal que contemplaba solicitar la aclaración de la decisión, pedir su nulidad y, si era necesario, presentar una acción de tutela. Dos días después, la suspensión se hizo pública mediante el Auto 002, decisión que habría tomado Arizabaleta de manera individual, sin consenso en la Comisión.
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La secuencia de estos hechos deja claro que el presidente Petro fue advertido por su abogado sobre la inminente suspensión y que, tras conocer la medida, desplegó recursos legales para enfrentarla. La información anticipada permitió preparar la defensa antes de que la determinación llegara a la opinión pública.
Carranza también implicó a Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusaciones, como participante en la mayoría de las reuniones con Arizabaleta. Corzo, de acuerdo con el testimonio, era quien lo contactaba para concertar los encuentros, como ocurrió el 8 de julio, cuando coordinaron una cita en un local de comidas rápidas en Bogotá.
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Durante una de esas reuniones, Arizabaleta comentó abiertamente que había recibido el encargo de proponer la suspensión del presidente. Carranza le respondió que la medida sería arbitraria y dañina, especialmente en tiempo de campaña.
El abogado reconoció ante la Corte que su experiencia en el ámbito político era reciente, pero consideró que una decisión de esa naturaleza tendría repercusiones negativas.
La exposición de Carranza ante la Sala de Instrucción también implicó que Corzo, como secretario, estaba al tanto del auto que preparaba Arizabaleta, lo que refuerza la hipótesis de un conocimiento previo y coordinado dentro de la Comisión sobre la intención de apartar al presidente.
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A pesar de su colaboración con la justicia, Carranza enfrenta ahora posibles sanciones disciplinarias y penales por haber mantenido contacto indebido con la investigadora del caso durante más de seis meses. El abogado entregó a la Corte detalles de los intercambios y reuniones, aportando elementos clave para la investigación contra Arizabaleta.