Abelardo de la Espriella confirmó que presentará proyectos de ley para frenar abusos y sobrecostos a conductores: “Una sanción proporcional”
calendar_today 29.08.2026 - person - timer ~4 Minutos
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que presentará proyectos ante el Congreso de la República para reducir costos asociados a trámites y sanciones de tránsito, advirtiendo: “voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos”.
La lista de iniciativas incluye una rebaja de hasta 50% en el valor de las multas. “Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana”, expuso De la Espriella en su cuenta de X.
El primer mandatario también planteó cambios en los cursos que permiten acceder a descuentos en comparendos. “Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada ‘casa cárcel’ para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios”, dijo, y agregó que si intención es recortar en 25% el costo de esos cursos y permitir que las autoridades de tránsito los impartan directamente.
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Sobre las licencias de conducción, el líder del movimiento Defensores de la Patria indicó que pretende revisar el valor del trámite y su duración. “Voy a revisar y buscar reducir el costo de las licencias de conducción, eliminar costos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a 8 o 10 años”, afirmó.
De la Espriella también puso el foco en las fotodetecciones. “Voy a ponerle freno al negocio de las fotomultas”, señaló. Añadió que endurecerá los controles para su autorización “porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo”. En esa misma línea, anunció que buscará fijar reglas sobre “parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas”.
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Otras de las medidas que adelantó apunta al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). “Voy a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos”, señaló.
Finalmente, dijo que revisará el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluida “la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos”. “Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente”, concluyó.
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El mandatario colombiano pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar a fondo el funcionamiento y la legalidad de las fotomultas en todo el territorio nacional, con el argumento de que estos sistemas deben enfocarse en la seguridad vial y no en fines recaudatorios. El pedido se difundió en un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial en X.
“Ministra @ElsaNogueraBaq, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo. Donde haya irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia. No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, escribió.
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La ministra respondió también en X: “Así se hará de inmediato, señor presidente. Revisaremos a fondo el funcionamiento de las fotomultas en todo el país. Las cámaras deben salvar vidas y prevenir siniestros, no convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos o irregularidades, actuaremos con la contundencia que corresponde”.
Según el planteo oficial, la revisión busca verificar que las cámaras de detección electrónica se ajusten a la normativa vigente, con prioridad en la reducción de la siniestralidad en los corredores viales, y que se intervenga ante esquemas diseñados con fines de recaudo, además de investigar posibles irregularidades en el cobro y la notificación de sanciones.
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