Un feroz incendio arrasó con una escuela primaria de Bukavu, en el Congo, y dejó un saldo de al menos 27 menores fallecidos, aunque temen que la cifra pueda incrementarse.
El siniestro comenzó en la mañana del jueves pasado en una escuela de Mogo, localizado en la comuna de Kadutu, y se propagó rápidamente hacia las construcciones linderas.
En el primer reporte oficial se habían contabilizado 15 muertos, pero la cifra aumentó a 27 luego de que los equipos de rescate hallaran otros doce cuerpos sepultados entre los escombros de la escuela.
El alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, confirmó el hallazgo de más cuerpos de niños que se encontraban desaparecidos y señaló que "la cifra aún no es precisa", mientras las tareas de rastrillaje continúan en la zona afectada.
Por su parte, Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, ratificó el número de víctimas fatales y precisó que los operativos de búsqueda también se extienden a las viviendas vecinas al colegio.
Ante la saturación del hospital principal de Kadutu, múltiples heridos tuvieron que ser derivados a otros centros de salud.
En tanto, el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado que controla Bukavu, difundió un listado de víctimas alternativo que detalla 24 muertos y 29 personas internadas, de las cuales 21 se encuentran en cuidados intensivos.
Las autoridades indicaron que se abrió una investigación formal para esclarecer el origen y las circunstancias del incendio, aunque todavía no se emitieron precisiones oficiales sobre el detonante.
Los trabajos de búsqueda y rescate iniciales se complicaron por los problemas de acceso al lugar, lo que motivó que los vecinos intervinieran en las tareas y combatieran las llamas. Sin embargo, el fuego arrasó con numerosas casas antes de poder ser controlado.
La localidad de Bukavu atraviesa una temporada de riesgo debido a la reiteración de incendios durante la estación más seca. Más de 2.500 viviendas resultaron destruidas entre julio, agosto y los primeros días de septiembre, según datos aportados por el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi.

– River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un espantoso inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo.
De esta manera, el “Millonario” alcanzó los 10 puntos y escaló hasta la décima posición, por lo que una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.
Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en la octava fecha, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse cuarto.
El equipo tucumano, que es dirigido por Julio César Falcioni, también pudo escalar en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, lo que le permitió tomar un poco de respiro en la pelea por la permanencia.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
(Fuente: Agencia NA)

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.
Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.
PUBLICIDAD
El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.
Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.
PUBLICIDAD
El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.
El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.
PUBLICIDAD
El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.
El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.
PUBLICIDAD

Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.
Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.
PUBLICIDAD
La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.

El excorredor de la NFL LeShon Johnson fue condenado a cinco años de prisión federal por operar una red de peleas de perros en Oklahoma. Según el Departamento de Justicia, las autoridades incautaron 190 pitbulls, la mayor cantidad registrada en una investigación federal de este tipo contra una sola persona.
El tribunal también ordenó que Johnson, de 55 años, cumpla tres años de libertad supervisada tras salir de prisión y pague una multa de USD 30.000.
PUBLICIDAD
En agosto de 2025, un jurado federal lo declaró culpable de seis cargos relacionados con la posesión, venta, transporte y entrega de perros destinados a peleas, informó ABC News.
Los animales fueron retirados en 2024 de la vivienda y el criadero de Johnson, en Oklahoma. El Departamento de Justicia sostuvo que la operación, identificada como Mal Kant Kennels, provocó graves lesiones y la muerte a cientos de perros de tipo pitbull, indicó CBS Sports.
La fiscalía afirmó que el exjugador criaba y comercializaba animales destinados a peleas desde al menos 2007.
Durante los cuatro años previos a la incautación, recibió más de USD 400.000 por la venta de perros.
De acuerdo con las autoridades, Johnson ofrecía perros que presentaba como campeones de combate, vendía cachorros descritos como descendientes de esos ejemplares y cobraba tarifas por permitir la reproducción de sus machos con hembras de otros participantes de esa actividad ilegal, precisó NBC Sports.
PUBLICIDAD

El caso federal constituyó la segunda condena de Johnson por delitos vinculados a peleas de perros. En 2004, se declaró culpable ante un tribunal estatal de Oklahoma y recibió una pena en suspenso de cinco años.
En una presentación previa a la sentencia, el fiscal Ethan Eddy sostuvo que el acusado no abandonó esas prácticas tras el caso estatal, sino que amplió su negocio ilegal. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años debido a la magnitud y duración de la red.
A su vez, aseveró que “se burló” de su anterior condena y demostró “una profunda falta de respeto por la ley”, reportó ABC News.
PUBLICIDAD
Posteriormente, en un memorando de sentencia, el abogado defensor Billy Coyle solicitó una pena de entre 15 y 21 meses de prisión o libertad condicional.
Coyle argumentó que su cliente padece demencia grave, enfermedad de Parkinson y secuelas de conmociones cerebrales y traumatismos derivados de su carrera deportiva. Los documentos judiciales indican que Johnson cuenta con un cuidador diario desde hace dos años.
“Dada su edad, sus graves problemas de salud, la ausencia de antecedentes penales y su buen comportamiento durante la libertad condicional, una larga condena de prisión no es necesaria para proteger al público de futuros delitos”, expresó el abogado en una declaración recogida por ABC News.
PUBLICIDAD
La defensa también pidió que no se le impusiera una multa, ya que “perjudicaría la capacidad del Sr. Johnson para cumplir con sus obligaciones médicas, de cuidado y de manutención familiar”.
El abogado indicó a ESPN que recomendaría apelar la condena, aunque la decisión final corresponde a su cliente, detalló CBS Sports.

Antes de llegar al fútbol profesional, Johnson jugó en la Universidad del Norte de Illinois. Los Green Bay Packers lo seleccionaron en el puesto 84 de la tercera ronda del draft de 1994. Entre ese año y 1999, también formó parte de los Arizona Cardinals y los New York Giants.
PUBLICIDAD
En 62 partidos de la NFL, fue titular en 12 oportunidades, acumuló 955 yardas terrestres y anotó cinco touchdowns, con un promedio de 3,8 yardas por acarreo. Además, recibió 43 pases para 434 yardas y dos anotaciones.
Su mejor temporada fue en 1996 con los Cardinals, cuando registró 634 yardas terrestres, tres touchdowns y un promedio de 4,5 yardas por acarreo.
Un diagnóstico de linfoma no Hodgkin interrumpió su carrera en 1998. Al año siguiente, regresó a los Giants para disputar su última temporada y luego tuvo un breve paso por los Chicago Enforcers de la XFL, consignó CBS Sports.
PUBLICIDAD
La inseguridad dejó de ser solo una preocupación para convertirse en un factor que modifica las rutinas de millones de peruanos. El 85% de la población evita salir de su casa o de su barrio a partir de determinada hora por temor a la delincuencia, lo que equivale a cerca de 22 millones de personas, según una encuesta de Ipsos incluida en el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.
El estudio, realizado a nivel nacional urbano-rural entre el 20 y 23 de agosto, muestra que el repliegue empieza temprano para una parte importante de la población. Un 43% procura no salir desde las 8 de la noche o incluso antes, mientras que otro 42% fija las 10 de la noche como límite. En conjunto, estos grupos representan a más de 20 millones de personas que han restringido sus desplazamientos nocturnos.

El 85% de la población evita salir a partir de alguna hora, a partir de las 6 pm en adelante. Encuesta Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.

Hora a partir de la cual se evita salir, según la edad. Foto: Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
Lima presenta una situación todavía más marcada. El 90% de sus habitantes evita salir a partir de alguna hora por temor a la delincuencia. Además, el 49% establece las 10 de la noche como límite, frente al 42% registrado en el promedio nacional. El reporte señala que casi nueve de cada diez limeños se refugian en su casa o barrio antes de esa hora.
El efecto no queda restringido a la vida social. El 58% de los peruanos afirma que sale menos que hace 12 meses debido al temor a la delincuencia, equivalente a más de 15,146,000 personas. El impacto es mayor en los niveles socioeconómicos C y D: alcanza al 59% en el NSE C y llega a 65% en el NSE D, el grupo que más ha reducido sus salidas. El propio reporte vincula este comportamiento con una restricción indirecta del consumo en la economía.
La inseguridad también está modificando la manera en que los ciudadanos se desplazan. Entre quienes utilizan transporte público o mototaxi, un 26% señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo; 24% procura viajar acompañado y 16% cambió a taxi o aplicativo en algunos viajes, aun cuando ello implique un mayor gasto. Ese último grupo representa a poco más de 4,17 millones de personas.
A ello se suma otro 16% que dejó de utilizar el transporte público masivo durante la noche y un 4% que abandonó completamente este medio. El reporte identifica, además, una diferencia según la capacidad económica: los niveles socioeconómicos más altos recurren con mayor frecuencia al taxi o aplicativos, mientras que los NSE D y E priorizan viajar acompañados.
Dos de cada tres peruanos no esperan una mejora en los niveles de delincuencia y crimen organizado durante los próximos 12 meses. Según el reporte, el 35% considera que la situación seguirá igual, mientras que otro 31% cree que incluso empeorará. En conjunto, ambos grupos representan el 66% de la población.
El optimismo alcanza apenas al 27% de los encuestados, aunque muestra una mayor incidencia en Lima, donde llega al 31%. También es más elevado entre los niveles socioeconómicos A (43%) y B (33%).
El pesimismo, en cambio, se acentúa fuera de Lima: alcanza el 34% en el interior del país y 35% en el ámbito urbano. El NSE D concentra la mayor proporción de respuestas negativas. Por regiones, el Sur aparece como el segmento con mayor pesimismo, mientras que solo Lima y el NSE A registran una expectativa optimista superior a la pesimista.

Expectativa sobre la delincuencia en los próximos 12 meses. Foto: Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
La expectativa por ámbito, región y nivel socioeconómico. Solo en Lima y en el NSE A el optimismo supera al pesimismo; el Sur es el segmento más pesimista.
La afectación a la movilidad no se limita a las decisiones de los pasajeros. El Índice del Crimen y la Violencia (IDCV) registró 251 casos contra transportistas entre enero y agosto de 2026, con una tendencia creciente desde marzo que se consolidó a partir de mayo. La secuencia mensual pasó de 24 casos en enero a 27 en febrero, 29 en marzo, 13 en abril y 48 en mayo. Luego se registraron 37 en junio, 35 en julio y 38 en agosto.
La concentración geográfica es otro de los elementos que plantea el reporte. Lima acumuló 143 casos en los primeros ocho meses del año, muy por encima del Callao, con 35, y La Libertad, con 22. Estas tres regiones concentran la mayor cantidad de registros del IDCV contra transportistas.
A nivel provincial, Lima aparece nuevamente muy por encima del resto, con 132 casos. Le siguen Sullana, con 11; Huaura, con 7; y Virú, con 6. En la focalización distrital, el Callao encabeza la lista con 23 casos, seguido por Comas, con 15; San Martín de Porres, con 12; San Juan de Miraflores, con 11; y Sullana, también con 11.

IDCV contra transportistas a nivel nacional.
El problema tampoco se limita a los casos que terminan en muertes o intentos de homicidio. El informe identifica 21 atentados con explosivos contra vehículos de transporte y 33 casos de disparos contra buses sin pasajeros entre enero y junio, utilizados como mecanismos de amedrentamiento contra conductores y propietarios.

Carlos Basombrío, Investigador en temas de seguridad y economías criminales; y Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social, presentaron el 7° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Foto: Giancarlos Torres - Gestión.
El fenómeno, además, empieza a aparecer en nuevas plazas. El reporte menciona el caso de Huancayo, donde en agosto extorsionadores exigieron S/10 diarios por conductor bajo amenaza de quemar los vehículos. Los choferes paralizaron sus servicios y posteriormente fueron destruidos e incendiados vehículos estacionados durante la noche.
Carlos Basombrío, también integrante del Observatorio, añadió otro efecto de la inseguridad: la salida de trabajadores del sector transporte. Según explicó, algunos choferes están optando por migrar a España ante el riesgo que enfrentan en el Perú.
“Muchos de los chóferes que han podido irse, se han ido a trabajar a España. Están siendo chóferes en vehículos de transporte en España, el argumento que ellos dicen: ‘acá por lo menos no me matan’”, comentó.
Basombrío advirtió que este fenómeno también puede tener consecuencias sobre la seguridad vial, debido a que los conductores con mayor experiencia estarían saliendo del país. “Se están yendo mucho los más calificados y están yendo choferes más jóvenes y menos calificados, con lo cual tiene ese subproducto de que aumentan los accidentes de tránsito”, señaló.
Frente a la respuesta de los transportistas, que vienen evaluando medidas como el blindaje de sus vehículos, Basombrío consideró que blindar completamente las unidades tendría un costo elevado y no necesariamente sería la solución más adecuada.
“Blindarlos va a costar una fortuna”, afirmó, al recordar que durante su gestión como ministro utilizó un vehículo blindado. Según explicó, el peso adicional incluso afectaba el desempeño del automóvil: “El motor de un vehículo blindado tiene que ser el doble de tamaño que el motor de un vehículo estándar”.
En cambio, consideró que blindar las lunas podría ser una alternativa más viable para proteger a los conductores. “Blindar las lunas sí: es menos caro y protege al chofer. Eso tiene más sentido”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que proteger únicamente al conductor no resuelve el problema de fondo, pues también están expuestos los pasajeros. “Un subproducto, de proteger solo al chofer, que es el más afectado, pero no es el único, ¿no es cierto? Están los ciudadanos, los pasajeros”, dijo. Por ello, planteó que la respuesta requiere una coordinación entre conductores, propietarios de vehículos y las zonas donde se concentra este tipo de violencia.
La percepción de inseguridad también empieza a trasladarse a la actividad económica y golpea el consumo: 58% de los peruanos sale menos que hace un año, lo que retrae el gasto en comercios y restaurantes de barrio y en el transporte público un 16% prefiere pagar más y cambiarse a taxi antes que exponerse a un asalto.
Ricardo Valdés, representante de CHS, explicó que el impacto sobre los negocios no se limita a la presión directa de las organizaciones criminales, sino que también se refleja en una menor demanda, debido a que las personas están restringiendo sus salidas para evitar convertirse en víctimas de delitos.
“No solamente es cómo afecta el negocio, la presión de la extorsión o la presión, por ejemplo, es un restaurante del ingreso de organizaciones armadas, a asaltar. Ese es un tipo de presión que impacta en los negocios”, señaló Valdés.
A ello se suma, según explicó, el menor movimiento de consumidores. “La otra es la falta de la demanda y la falta de demanda es como consecuencia de que la población se quede en sus casas, ya no quiere salir. Porque no quiere ser víctima, que lo roben, que lo asalten, o que su vida corra peligro”, sostuvo el exviceministro del Interior y coautor del informe.
Valdés indicó que ambos factores —la presión directa de la delincuencia y la caída de la demanda— estarían detrás del cierre de negocios. En Lima, precisó, el 55% de los negocios habría cerrado durante el último año, de acuerdo con la información presentada.
El impacto de la inseguridad también se observa en la migración. Valdés señaló que durante el último año 66,000 personas emigraron a España y alrededor de 16,000 retornaron, dejando un saldo neto cercano a 50,000 personas que permanecieron en ese país.
“Hay y estamos en la migración a España que va a un ritmo de crecimiento, empezó 14,000, 18,000, 19,000; o sea, cada vez hay más gente que está migrando a España, entre otras cosas también por la facilidad que está dando España para recibirlos. Hay un impacto muy fuerte en ese sentido, de la inseguridad”, afirmó.
Entre las alternativas planteadas figura desarrollar labores de inteligencia junto con propietarios y conductores para identificar y capturar a los líderes y operadores de las organizaciones criminales. También se propone una estrategia dinámica, debido a que una intervención efectiva puede provocar que los delincuentes trasladen sus operaciones hacia otros lugares.
El reporte también plantea ampliar el uso de cámaras dentro y fuera de los vehículos, empezando por los distritos ya identificados como de mayor riesgo. En cuanto al acompañamiento a los transportistas, sostiene que, incluso dentro de un eventual Plan Escudo, sería preferible contar con policías preparados para labores de calle antes que con militares armados con fusiles.
Así, mientras millones de ciudadanos optan por volver más temprano a casa, reducir sus salidas o pagar más para trasladarse, el transporte público enfrenta una presión adicional en los puntos donde la extorsión y la violencia ya muestran mayor presencia. El costo de la inseguridad, según los datos del reporte, no solo se expresa en víctimas: también se refleja en menos movilidad, menor consumo y mayores gastos para quienes buscan sentirse seguros.
SOBRE EL AUTOR
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.

Natalia Ponce de León, activista, defensora de derechos humanos y sobreviviente de un ataque con ácido a manos del ciudadano Jonathan Vega en 2014, hará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Según informó a través de sus redes sociales el exsenador Carlos Felipe Mejía, designado embajador de Colombia en España, la incorporación de Ponce de León al equipo de la embajada de Colombia en España ya es un hecho.
PUBLICIDAD
El funcionario acompañó la publicación con una fotografía junto a la mujer, también gestora de la Ley 1773 de 2016 ―también conocida como la Ley Natalia Ponce de León, que castiga los ataques con ácido, agentes químicos y sustancias corrosivas como un delito penal autónomo en Colombia), y señaló que estará a cargo de asuntos culturales, académicos y de derechos humanos.

El excongresista añadió que Ponce de León se sumará a la representación diplomática colombiana en Madrid para seguir ampliando su trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres.
“¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres. Natalia liderará desde nuestra Embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!“, dijo el funcionario.
PUBLICIDAD
Por el momento, ninguna institución ha precisado la fecha en la que Natalia Ponce de León iniciará sus funciones ni el cargo formal que ocupará dentro de la embajada de Colombia en España.

A lo largo de la campaña presidencial del 2026, la también fundadora y directora de la fundación que lleva su nombre fue muy abierta en mostrar su respaldo político al hoy jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, que en su labor de abogado se echó el caso de Ponce de León sobre sus hombros para garantizar justicia.
De hecho, antes de las elecciones, De la Espriella recordó la batalla judicial —sin cobrar honorarios— que libró en defensa de la mujer bogotana que, en consecuencia, derivó en toda una legislación contra los ataques con ácido en Colombia con la aprobación de la Ley 1773 de 2016 y fijó penas que pueden llegar a 50 años de prisión.
PUBLICIDAD
“Gracias al trabajo jurídico liderado por Abelardo de la Espriella y su equipo, el caso de Natalia Ponce de León no quedó impune. En un momento en que los ataques con ácido eran tratados como simples lesiones personales, se logró una condena ejemplar por intento de homicidio agravado. La defensa de las mujeres ha sido siempre una convicción del Tigre”, fue un mensaje que publicó la página del movimiento político Defensores de la Patria.
De la Espriella, en su momento, puso a disposición de la víctima del ataque con ácido a su equipo jurídico de De la Espriella Lawyers para buscar una pena ejemplar contra Jonathan Vega.
PUBLICIDAD
En un video publicado en redes sociales, Ponce de León reconoció que el presidente logró “hacer justicia”.
“En ese año, pues los ataques con ácido estaban catalogados como una simple lesión personal. Sus penas eran muy bajitas. Fracias a Abelardo y a todo el equipo de Lawyers Enterprise logramos que mi caso no quedara impune, que se hiciera justicia. Y pues es de los primeros casos que en Colombia meten a una persona a la cárcel por un ataque con ácido, por intento de homicidio agravado. Si no hubiera sido por intento de homicidio agravado, seguramente hubiera sido por una lesión personal y el caso, pues ya estaría libre mi victimario”, expresó.
PUBLICIDAD
“Muchas gracias a Lawyers Enterprise y espero que haya mucha más justicia en muchos casos tan dolorosos que sufrimos día a día en nuestro país”, concluyó Natalia Ponce de León.

José Luis Esparza, conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves mientras atendía una taquería en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme. Medios locales ubicaron el ataque cerca de las 11:00 horas en el negocio conocido como “Los Güichos”, situado en las inmediaciones de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, el cual presuntamente pertenece a la familia de la víctima.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, a través de un comunicado, que mantiene abierta la investigación por el homicidio ocurrido en esa zona de la ciudad. La dependencia detalló que, de acuerdo con los primeros datos recabados, la víctima fue agredida con proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba atendiendo la taquería.
PUBLICIDAD
Según los primeros datos difundidos por la FGJES, José Luis, de 37 años, fue atacado por un sujeto que le disparó en el momento en que atendía el negocio de comida. La corporación precisó que el agresor huyó posteriormente a bordo de una motocicleta, en compañía de otra persona que lo acompañaba en el vehículo.

La dependencia estatal no proporcionó, en su comunicado, características físicas de los agresores ni de la motocicleta utilizada para la huida. Tampoco se especificó si las dos personas que escaparon del lugar portaban algún distintivo o si fueron captadas por cámaras de videovigilancia cercanas al negocio.
PUBLICIDAD
En el lugar del ataque fueron recolectados dos casquillos calibre .40, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGJES. La institución señaló que estos elementos forman parte de los indicios que serán sometidos a análisis por parte de Servicios Periciales, como parte del procedimiento habitual en este tipo de investigaciones.
La Fiscalía sonorense informó que se encuentra a la espera del trabajo de campo realizado por Servicios Periciales, uno de los tres elementos centrales que la corporación señaló como pendientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.
De manera paralela, la FGJES indicó que aguarda los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la víctima, procedimiento que permitirá precisar con exactitud la causa de muerte y las características de las heridas provocadas por los proyectiles.
PUBLICIDAD

El tercer elemento pendiente, según el propio comunicado, es el análisis de los elementos balísticos asegurados en la escena, entre ellos los dos casquillos calibre .40 recolectados por los peritos. La Fiscalía explicó que este análisis forma parte del protocolo para vincular el arma utilizada con otros hechos registrados previamente.
La corporación precisó que la finalidad de reunir estos tres insumos —trabajo de campo, necropsia y balística— es establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. Además, la FGJES señaló que buscará determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el ataque contra “El Piturris”, sin ofrecer, hasta el momento, hipótesis o líneas de investigación específicas.
PUBLICIDAD
Medios locales de Sonora señalaron que personal de servicios de emergencia acudió al lugar del ataque e intentó auxiliar a “El Piturris” antes de trasladarlo a un centro médico de la localidad. Además, indicaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al llegar al hospital.
En apego a los protocolos establecidos para este tipo de casos, la zona fue resguardada por elementos locales y federales, mientras los peritos de la FGJES se encargaban de la búsqueda y recolección de evidencias en el sitio del ataque.
Infobae México consultó el perfil de Instagram de la víctima, registrado bajo el usuario @el_piturris, donde constató 27 mil 300 seguidores y 504 publicaciones al momento del ataque. El perfil incluía la biografía “Soy el piturris” y un enlace a su cuenta de Facebook, registrada bajo el nombre José Luis Esparza, además de un vínculo con un perfil de Threads bajo el mismo nombre de usuario.
PUBLICIDAD

En TikTok, donde operaba bajo el usuario @el.piturris2, Infobae México verificó que la cuenta acumulaba 40 mil 100 seguidores, 360 cuentas seguidas y un total de 137 mil 100 “me gusta” en el conjunto de sus publicaciones. Algunos de sus videos superaron las 180 mil reproducciones, cifras que dieron cuenta del alcance que había logrado su contenido en la plataforma antes del homicidio.
Su contenido se caracterizaba por un tono humorístico, con videos donde aparecía escuchando corridos y mensajes en los que motivaba a sus seguidores. Esparza formaba parte además del canal de YouTube “Desde la O”, donde participaba en el podcast “La Guarida” y otros contenidos.
PUBLICIDAD
En ese mismo canal se encuentra publicado, desde el pasado 30 de mayo, un video grabado en la taquería donde posteriormente fue asesinado, con más de 40 mil visualizaciones. El material, titulado “Los GHuichos Vlogs Ep-04”, muestra a “El Piturris” trabajando en el negocio y presenta a otras personas vinculadas al lugar, entre ellas la propietaria, identificada como Tía Nena, y las meseras conocidas como Chilihuili y Chile Guajillo.
La FGJES continuaba, hasta el momento de la publicación de esta nota, con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias completas del homicidio y esclarecer si el ataque contra el creador de contenido estuvo relacionado con algún otro hecho registrado previamente en la zona.
PUBLICIDAD
El homicidio de “El Piturris” se registró 37 días después del asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo desde la plataforma Kick. Gastélum recibió un disparo en la cabeza en el estacionamiento de un restaurante KFC, a manos de dos sujetos que se aproximaron en motocicleta.
El 26 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo en el estado de Puebla a Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron”, señalado como uno de los responsables del ataque contra Gastélum. Durante el operativo, tres sujetos armados agredieron a los agentes; uno de ellos murió y otro, identificado como Jesús Daniel Cazares, también fue detenido.
PUBLICIDAD
Entre las líneas de investigación de ese caso figuraron publicaciones del propio creador de contenido, en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Este viernes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, pidió a las nueva generación de estudiantes que ejerzan un pensamiento crítico y mantengan el rigor académico durante su formación profesional ante las nuevas tecnologías.
En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2026-2027, Lomelí indicó que la educación universitaria implica cuestionar de manera permanente las explicaciones que se dan por válidas, revisar las fuentes de información y contrastar los conocimientos antes de asumirlos como ciertos.
PUBLICIDAD
“Por eso el rigor académico es esencial. Leer con detenimiento y asimilar los conceptos de cada disciplina nos permite formar un criterio propio. Admitir la posibilidad de equivocarnos y revisar nuestras conclusiones cuando existan motivos para hacerlo es fundamental para el progreso del conocimiento”, dijo el rector.
Durante su discurso, Lomelí Vanegas consideró que parte fundamental de la formación universitaria consiste en reconocer la posibilidad de equivocarse, así como revisar las conclusiones cuando existan razones para hacerlo, ya que esto, dijo, resulta fundamental para el progreso del conocimiento.
“Reconocer las ideas de los demás. Comunicar con fidelidad los resultados de una investigación y responder por nuestras afirmaciones son deberes de toda la comunidad universitaria. Lo anterior adquiere especial relevancia en el universo digital que ofrece múltiples y novedosas formas de estudiar, crear y compartir saberes”, agregó.
PUBLICIDAD

Por otro lado, el rector de la UNAM recordó que la Máxima Casa de Estudios reconoció las fallas y errores que pudieron presentarse, al tiempo que agradeció el trabajo de la comisión técnica de personas expertas que revisó el examen de ingreso.
“A partir de sus hallazgos nos hemos comprometido a revisar y modificar la estructura y los procedimientos de ingreso, particularmente en las áreas de administración escolar y evaluación educativa.
“Los próximos exámenes serán presenciales con dispositivos electrónicos precargados y se realizarán en múltiples sedes para facilitar la asistencia de las y los aspirantes”, expresó Lomelí.
PUBLICIDAD
Sobre la más reciente polémica de la Universiada Nacional, el rector reveló que la institución continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y que las medidas buscan brindar mayor certeza, fortalecer la coordinación, así como mejorar la seguridad y la calidad de los procedimientos de selección.
Leonardo Lomelí también dedicó parte de su mensaje al impacto de las nuevas tecnologías en la educación, particularmente ante el crecimiento de las herramientas digitales y la inteligencia artificial.

Señaló que la información pertinente y confiable es apenas el inicio del proceso de aprendizaje. Su aprovechamiento requiere rastrear las fuentes, analizar sus fundamentos, contrastarla y contextualizarla.
PUBLICIDAD
Ante este escenario, sostuvo que la actividad en línea exige que los estudiantes decidan qué información compartir y a qué fuentes otorgar credibilidad.
Por último, consideró necesario que la UNAM profundice en los efectos socioemocionales y educativos del uso de las tecnologías antes descritas, tomando en cuenta las desigualdades que existen en su acceso y aprovechamiento.
Asimismo, Leonardo Lomelí llamó a los estudiantes a aprovechar la libertad de cátedra y de investigación, así como las diversas actividades de perspectivas que encontrarán en su paso por la Máxima Casa de Estudios.
Tras todo lo ocurrido con el examen de admisión digital a nivel licenciatura y la aplicación del Examen de Control –como medida extraordinaria–; el rector de la UNAM pidió a la nueva generación de estudiantes que mantengan el pensamiento crítico y rigor académico ante los avances de la tecnología digital.
PUBLICIDAD
11 de septiembre 2026, 20:35hs
Santiago Maratea contó la verdad detrás de su impactante cambio físico (Foto: captura Instagram/santimaratea)
Santiago Maratea compartió este jueves una foto en el gimnasio y dejó a sus más de tres millones de seguidores sin palabras al mostrar su impactante cambio físico.
Fue tal el shock de los usuarios que comenzaron a preguntarse si utilizó esteroides o anabólicos para aumentar su masa muscular, algo que provocó que el influencer cuente su verdad.
“Ya arrancaban a decir que me pincho. ¡Oh, amigo! ¡Qué bueno, bolu...!“, destacó sobre los comentarios que recibió.
Santiago Maratea mostró su cambio físico (Foto: captura Instagram/santimaratea)
De hecho, se mostró contento de que alguien de su círculo íntimo creyera que la foto estaba editada con Inteligencia Artificial: “Un amigo también me mandó ‘es IA’. ¿Hay algún halago, hoy en día, mayor a que te confundan con la IA? Lo dudo, bolu..."
Finalmente, aclaró la verdad de su cambio físico: “No, chicos, no me pincho y no es IA, solamente es la foto. O sea, me sacan una foto en la mitad del ejercicio. Aparte, ese fue el último ejercicio que hice de toda la rutina, o sea, que estaba con los brazos explotados”.
“Aparte era el banco Scott, que vos tenés todo el brazo apoyado, entonces hace que todo el músculo te salga para afuera, por así decir. Los haters dirán que me pincho, cosa que me la sube rotundamente”, sentenció. Además, sobre ese video que compartió en sus historias de Instagram, escribió: “No me pincho, amigo, solo soy un toro”.
En medio del escándalo familiar que sacude a Tini Stoessel, una versión sobre su pasado sorprendió a sus fans. Se trata de un romance que la cantante habría tenido hace algunos años con uno de los influencers más famosos del país: Santiago Maratea.
El rumor fue dado a conocer por el periodista Pepe Ochoa al aire de LAM (América), donde expuso cómo habrían hecho los famosos para mantener sus encuentros en secreto. “Anduvieron un tiempo juntos”, indicó.

Qué dijo Santiago Maratea sobre los rumores de romance con Tini Stoessel (Foto: Instagram / santimaratea - tinistoessel)
Luego, explicó por qué la supuesta relación nunca salió a la luz: “No trascendió más que un touch and go de unos meses. Fue en la época en la que estábamos saliendo de la pandemia. Justo en ese momento. Postpandemia, Tini y Santi se encontraron un tiempo. Anduvieron y no fue más que eso”.
Ochoa contó que el vínculo surgió a partir de conocer gente en común. “Había un amigo común. Ella fue a un colegio en San Isidro y sus amigos compartían un grupo con Santi Maratea. Así linkearon y anduvieron. Se juntaban y armaban juntadas preboliches para que ellos estén juntos”.

11 de septiembre 2026, 20:35hs

El gobernador Axel Kicillof gastó más de US$3 millones para modernizar un avión ejecutivo en las puertas de la campaña. (Foto: prensa Axel Kicillof)
Zona liberada: lugar en que la protección o vigilancia policial está deliberadamente ausente, reducida o retirada de modo que un delito puede cometerse con menor riesgo para el delincuente. Si querés ver una zona liberada en vivo y en directo, alcanza con escuchar a los vecinos del Conurbano.
El martes, un expolicía que llevaba a su nena al jardín de infantes en El Palomar, partido de Morón, sufrió un intento de robo. Se identificó como oficial. Le pegaron un tiro en el abdomen y quedó tirado en la puerta del establecimiento. Las ironías de la vida: ese colegio, el Emaús de El Palomar, fue utilizado en 2022 como sede de un plenario del partido Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Lucas Ghi, con más de 1500 militantes presentes, en lo que la oposición denunció como un acto de adoctrinamiento político en una escuela pública.
Pero hay algo más. El mismo ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, celebró que la jueza Pascual haya suspendido el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esto lo venimos diciendo toda la semana: Pascual es una jueza política. Responde políticamente a dos personas: Mariano Cascallares —exintendente de Almirante Brown— y el propio Javier Alonso. Alonso es técnico en Minoridad y Familia de la Universidad de Lomas de Zamora. Pascual es directora de la Especialización en Derecho de Familia de esa misma universidad. Se conocen de ahí. Y sus familias son muy amigas.
No sería descabellado pensar que el ministro Alonso le haya encargado a la jueza Pascual que suspenda el Régimen Penal Juvenil para liberar chorros. No sería descabellado que se termine confirmando que hubo una orden política del gobernador Kicillof de no meter presos a los jóvenes.
¿Qué responde la Provincia? “No pasa nada, son pocos casos, no hacen al tema principal”. Mentira absoluta. Según la Procuración General, el año pasado hubo 18.188 menores imputados en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 2593 tienen menos de 14 años. Eso significa 1516 menores imputados por mes, 350 por semana, 50 por día, dos por hora. Sin Régimen Penal Juvenil, se van a su casa y siguen choreando. Evidentemente eso es lo que quieren Kicillof, Alonso, Lucas Ghi y la jueza Pascual.

El mismo ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, celebró que la jueza Pascual haya suspendido el nuevo Régimen Penal Juvenil. (Foto: NA)
Y sin embargo, periodistas de C5N siguen promoviendo que los pibes chorros queden libres. La respuesta es simple: se los aloja en cárceles para menores, se los mantiene presos hasta que cumplan la pena, y lo paga el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tienen plata? Sí, mucha.
Tienen plata. La usan para la política y para la rosca.
Cuando no gastás la plata en seguridad, tenés la Provincia explotada. Los datos oficiales son contundentes: entre 2020 y 2025, hubo 5029 personas asesinadas en la provincia de Buenos Aires. Un promedio de 70 homicidios por mes, 16 por semana, 2,3 por día. Un homicidio cada 10 horas y 28 minutos.
¿Dónde está Kicillof mientras matan dos personas por día? Clarín publicó hoy que el gobernador gasta más de tres millones de dólares para modernizar un avión ejecutivo —un Cessna 550 Citation II— en las puertas de la campaña. El costo exacto: US$3.358.001. Plata hay. Pero Kicillof la usa para hacer campaña. Este año ya visitó Formosa, Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Chaco, La Pampa y Misiones. Es Larreta en 2022.
La diputada Victoria Tolosa Paz defiende a la jueza Pascual, pero vive en una mansión de más de 800 metros cuadrados en el country Grand Bell de City Bell, en La Plata; tiene custodia de la Policía Federal por ser diputada nacional, seguridad privada del country y chofer. (Foto Cámara de Diputados.)
Y hay más. El secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla, denunció en Radio La Red que Kicillof le mandó al municipio 150 policías, pero estaban todos con carpeta médica. ¿Qué significa eso? Que mandan policías que no pueden trabajar. La Bonaerense tiene 100.000 efectivos. ¿Cuántos tienen carpeta médica? 7000. El 7% de la fuerza. Y a José C. Paz mandan esos. Obviamente no están operativos.
¿Por qué hay una epidemia de chicos de 14 y 15 años que roban y matan? Guillermo Moreno respondió que es porque Milei le regaló un libro al gabinete donde defiende al narcotráfico. Estimado Moreno: ¿no será que el populismo hizo un desastre con la educación y rompió el tejido de valores de la Argentina? Respetar al otro. Respetar la ley. Respetar a los padres. Respetar al maestro. Respetar al policía. Valorar el esfuerzo. Valorar el mérito. Cumplir la palabra. Tener límites. Aceptar un no. Estudiar. Trabajar. No robar. No mentir. No hacer trampa. Cuidar lo público. Entender que nada es gratis. Eso es el tejido de valores. Las reglas básicas de convivencia que permiten vivir juntos.
Leé también: LLA bonaerense le exigió al ministro de Seguridad de Kicillof que dé explicaciones en la Legislatura sobre la suspensión del Régimen Penal Juvenil
Sin embargo, la diputada Victoria Tolosa Paz defiende a la jueza pro-delincuentes. Tolosa Paz vive en una mansión de más de 800 metros cuadrados en el country Grand Bell de City Bell, en La Plata. Tiene custodia de la Policía Federal por ser diputada nacional, seguridad privada del country y chofer. Así cualquiera. Hacen progresismo leyendo Página/12 y tomándose un café en el club house del country de City Bell.
Entonces, cuando esta gente cante “vamos a volver”, pensemos bien el combo completo. Ya volvieron y nos hicieron pelota. Ya volvieron y nos dejaron el 12% de inflación mensual. Ya volvieron y dejaron a la Provincia con 800 asesinatos por año. Ya volvieron y liberaron más de 5000 presos en la pandemia. Ya volvieron e hicieron mucho daño. Ojalá que no vuelvan más.
Opiniones libres; hechos sagrados.