En la provincia de Lárnaca, en el sureste de Chipre, los Bomberos y las brigadas forestales se mantienen el martes en estado de elevada alerta, un día después del gran incendio que se declaró en un campo de tiro militar y amenazó a comunidades vecinas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Potentes medios terrestres permanecieron en la zona durante toda la noche, realizando patrullas y controles para detectar posibles rebrotes. Según los servicios competentes, solo se registraron pequeños focos que fueron atajados de inmediato. Un avión de extinción de incendios forestales continuó además los vuelos preventivos sobre el área afectada.
El incendio provocó una fuerte indignación en las comunidades que se vieron en peligro y una condena pública por parte de la dirección política, después de que las autoridades confirmaran que se originó durante una operación de destrucción de municiones a cargo de una unidad de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas de la República de Chipre.
El ministro de Defensa, Vasilis Palmas, habló de "falta de profesionalidad", atribuyó la responsabilidad al 70º Batallón de Ingenieros y ordenó una investigación para esclarecer por qué la operación se llevó a cabo con temperaturas muy altas y un riesgo elevado de incendio.
El fuego se declaró hacia las 12:30 del lunes en el campo de tiro de Kaló Chorió, cerca de la ciudad de Lárnaca, durante la destrucción de seis proyectiles RPG por parte del 70º Batallón de Ingenieros.
Según el coordinador nacional de Protección Civil, el jefe del servicio de Bomberos Nikos Logginos, los primeros camiones de extinción del fuego llegaron a la zona siete minutos después del aviso inicial. El fuego, sin embargo, ya había empezado a extenderse fuera de los límites del campo de tiro.
Los fuertes vientos y la vegetación seca favorecieron la rápida propagación de las llamas hacia la comunidad de Ayia Anna. El pueblo fue evacuado por motivos de seguridad, mientras que también se emitió una orden preventiva de evacuación para los residentes de la vecina comunidad de Psevdas.
En Ayia Anna se evacuó de forma preventiva a unas diez personas mayores y se las trasladó a un lugar seguro, mientras que dos o tres casas amenazadas por las llamas se salvaron en el último momento gracias a los esfuerzos de los Bomberos, voluntarios y vecinos. No se registraron personas atrapadas.
En la gran operación de extinción participaron unas 100 personas del Departamento de Bosques y 40 miembros del Servicio de Bomberos, así como personal de la Defensa Civil, la Policía, la Guardia Nacional, la Administración de Distrito, el Servicio de Caza y el Servicio de Ambulancias.
En la zona se instaló un centro de operaciones local y se activó el plan nacional de lucha aérea contra incendios Íkaros II. En las labores de extinción intervinieron seis aviones de extinción y cinco helicópteros.
Durante la operación, un joven que intentaba ayudar en las tareas de extinción cayó desde cierta altura y fue trasladado al Hospital General de Lárnaca con lesiones en las extremidades inferiores. Otra persona sufrió heridas leves y recibió atención de primeros auxilios en el lugar. El incendio quedó completamente controlado hacia las 19:30, tras arrasar casi 120 hectáreas de matorral bajo, principalmente vegetación silvestre.
La intervención inicial dentro del campo de tiro fue especialmente peligrosa, ya que se producían explosiones que limitaron el acceso seguro de los equipos de extinción. "La extinción en un campo de tiro es especialmente difícil", declaró Nikos Logginos.
Explicó que, cuando el fuego salió de la zona militar, la fuerza del viento y la vegetación existente alrededor permitieron que se formara rápidamente un frente de gran extensión. La orografía del terreno y las condiciones meteorológicas complicaron aún más la operación, de modo que los equipos de extinción dieron prioridad a la protección de Ayia Anna y Psevdas.
El ministro de Defensa declaró que, según los datos disponibles hasta ahora, la responsabilidad del inicio del incendio recae en el 70º Batallón de Ingenieros. "Las responsabilidades tienen nombres y apellidos. Y la responsabilidad del incendio recae en el 70º Batallón de Ingenieros", señaló Vasilis Palmas.
El ministro afirmó que, pese a la prohibición de detonar explosiones con armas pesadas durante los meses de verano y con temperaturas que alcanzaban los 40ºC, la unidad militar procedió a la destrucción de los proyectiles.
Se espera que la investigación ordenada por el ministro esclarezca quién autorizó la operación, por qué se realizó en esas condiciones y si se aplicaron las medidas de seguridad previstas. El ministro se comprometió a ofrecer respuestas en un plazo de diez días y declaró que está dispuesto a asumir la responsabilidad política si se determina que le corresponde.
Las reacciones de los vecinos se centraron tanto en la decisión de realizar una actividad militar con temperaturas tan altas como en el retraso en la orden de evacuación. El responsable de la comunidad de Ayia Anna, Anastasis Georgiou, acusó a las autoridades de haber ignorado reiteradas advertencias de los vecinos sobre los riesgos vinculados al funcionamiento del campo de tiro durante los meses de verano. Sostuvo que el mensaje del sistema de alerta de emergencia CY-Alert llegó a la comunidad hacia las 17:20, casi cinco horas después del inicio del incendio.
Los habitantes de Ayia Anna y de las zonas circundantes reiteraron su petición permanente de trasladar el campo de tiro de Kaló Chorió. Aseguran que en el pasado también se han realizado disparos militares y destrucciones de municiones en verano, pese a las altas temperaturas y al mayor riesgo de incendio.
El responsable de la comunidad indicó que se habían expresado preocupaciones similares el año anterior cuando, según afirmó, se llevaron a cabo explosiones de municiones con temperaturas que llegaban a 45ºC. Los vecinos sostienen que el funcionamiento del campo de tiro pone en peligro de forma reiterada las viviendas, las comunidades y el entorno natural de la zona.

Durante décadas, millones de personas refugiadas y apátridas quedaron atrapadas en un vacío legal. Quienes huían de la guerra, la persecución o la violencia cruzaban fronteras en busca de seguridad, pero no existía un marco jurídico internacional que les garantizara protección real. Esa falta de normas dejaba su destino sujeto a la voluntad de cada Estado a los que llegaban.
Ese escenario cambió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La enorme crisis humanitaria que desplazó a millones de personas en Europa, llevó a la Organización de las Naciones Unidas a impulsar un instrumento internacional que respondiera a esa realidad, hasta entonces sin precedentes. El 28 de julio de 1951 se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, un tratado internacional que se convirtió en punto de inflexión al reconocer el derecho de asilo y establecer garantías fundamentales para quienes lo habían perdido todo.
PUBLICIDAD
En sus inicios, la Convención estuvo limitada a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951. Sin embargo, ese alcance restringido no impidió que se convirtiera en la base del sistema internacional de protección de las personas refugiadas. La adopción del Protocolo de 1967 eliminó las limitaciones geográficas y temporales, dando al tratado un alcance mundial. Con el paso del tiempo, su interpretación se amplió para responder a nuevas formas de persecución y violencia. Así, mujeres y niñas que huyen de la violencia de género, al igual que personas desplazadas por conflictos armados y otras graves violaciones de derechos humanos, pueden acceder a la protección internacional que garantiza la Convención.

A mediados del siglo XX, Europa atravesaba una de las mayores crisis humanitarias de su historia. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz no significó el regreso a la normalidad. El continente quedó devastado, las fronteras fueron redibujadas y millones de personas se encontraron lejos de sus hogares, sin un lugar al que volver.
PUBLICIDAD
Entre los desplazados había supervivientes de los campos de concentración, trabajadores sometidos al régimen nazi, prisioneros de guerra y minorías étnicas expulsadas de sus territorios. Para muchos, el retorno era imposible. Sus comunidades habían desaparecido bajo la violencia del conflicto o sus países de origen habían quedado bajo regímenes autoritarios que los señalaban como enemigos del Estado.
La nacionalidad pasó entonces a ser mucho más que un vínculo jurídico: se convirtió en la diferencia entre tener derechos o quedar completamente desprotegido. La desaparición de antiguos Estados y la reorganización política de Europa del Este dejaron a miles de personas sin ciudadanía o sin forma de demostrarla. Sin documentos de identidad, muchas quedaron apátridas (personas que no son reconocidas como ciudadanas por ningún país) o sin posibilidad de acreditar su nacionalidad. No podían cruzar fronteras legalmente, acceder a un empleo, recibir atención médica o reclamar la protección de ningún gobierno.
PUBLICIDAD
Hasta ese momento, la respuesta internacional era insuficiente. Cada país gestionaba la llegada de refugiados según sus propias normas o mediante acuerdos temporales que variaban de una frontera a otra. La falta de un sistema común prolongaba el limbo jurídico de millones de personas, expuestas a expulsiones arbitrarias y privadas de garantías básicas.
Frente a esa realidad, la recién creada Organización de las Naciones Unidas comprendió que la asistencia humanitaria, por sí sola, no bastaba. Era necesario construir un marco legal que definiera quién debía ser protegido y qué obligaciones asumirían los Estados. Con ese objetivo, en julio de 1951 se convocó en Ginebra una conferencia diplomática destinada a redactar un tratado que cambiaría para siempre el derecho internacional.
PUBLICIDAD

La Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas reunió en Ginebra a delegaciones de veintiséis Estados. El desafío era ambicioso: establecer una definición común de refugiado y fijar un conjunto mínimo de derechos que ningún país pudiera desconocer.
El resultado fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Por primera vez, el derecho internacional definió quién podía ser reconocido como refugiado: alguien que, debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese Estado.
PUBLICIDAD
El corazón del tratado está en su artículo 33, que consagró el principio de non-refoulement o no devolución, o sea, la prohibición de enviar a una persona a un país donde su vida o su libertad corran peligro. Desde entonces, los Estados tienen prohibido expulsar (o devolver) a una persona de regreso al territorio donde pueda ser perseguida por alguna de las causas previstas en la Convención. Con esta disposición, el asilo dejó de depender exclusivamente de la voluntad política de cada gobierno y pasó a constituir una obligación jurídica internacional.
La Convención también reconoció otros derechos esenciales para quienes obtenían la condición de refugiado. Entre ellos: acceso al trabajo, a la educación, a la justicia, a la documentación de identidad y, en determinadas condiciones, a la libertad de circulación y a la protección social.
PUBLICIDAD
Su adopción marcó un cambio profundo en la manera en que la comunidad internacional entendía las migraciones forzadas. Por primera vez, la soberanía de los Estados encontró un límite claro cuando estaba en juego la protección de personas perseguidas.
Con el paso de las décadas, la Convención de 1951 tuvo que adaptarse a una realidad que había cambiado. El desplazamiento forzado dejó de estar asociado únicamente a la crisis europea de la posguerra y comenzó a aparecer en distintos continentes como consecuencia de guerras, procesos de independencia y crisis políticas.
PUBLICIDAD
Como en sus primeros años, el tratado solo se aplicaba a los acontecimientos ocurridos en Europa antes de 1951, fue necesario superar esa limitación. Por eso, el 31 de enero de 1967 se aprobó en Nueva York el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, un instrumento que eliminó las restricciones geográficas y temporales de la Convención. A partir de entonces, sus normas pudieron aplicarse a personas refugiadas de cualquier región del mundo, sin importar cuándo o dónde hubieran ocurrido los hechos que las obligaron a huir.
Con esa ampliación, la protección internacional comenzó a responder a nuevas formas de persecución. Sin embargo, durante décadas, el texto original de la Convención no contempló de manera expresa la violencia basada en el género. Las solicitudes de asilo se analizaban principalmente desde una perspectiva centrada en persecuciones por motivos políticos, religiosos o ideológicos, lo que dejaba fuera muchas experiencias de violencia que afectaban especialmente a mujeres y niñas.
PUBLICIDAD
El cambio comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando tribunales y organismos internacionales ampliaron la interpretación de la expresión “pertenencia a determinado grupo social” (una de las categorías de protección previstas por la Convención para personas perseguidas por compartir una condición o característica común). Esta evolución permitió reconocer que ciertas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual sistemática, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, podían constituir persecución y justificar una solicitud de refugio.
Las pautas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, la agencia de la ONU encargada de proteger a las personas refugiadas) consolidaron esta interpretación y ayudaron a que los Estados incorporaran una mirada más específica sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas desplazadas. Así, un tratado creado para responder a una crisis histórica logró adaptarse a nuevas formas de violencia y continúa siendo una herramienta fundamental para proteger a quienes huyen de situaciones que ponen en peligro sus vidas.

La Justicia de La Plata ordenó a una aseguradora abonar la indemnización por destrucción total de un Ford Fiesta, tras un siniestro ocurrido en 2023, y sumó $6 millones por daño moral. El fallo se dictó luego de que una pericia mecánica concluyera que el costo de reparación superaba el 80% del valor de mercado del vehículo, umbral previsto en la póliza para considerar la pérdida total. Además, el juez dispuso que la suma a pagar se actualice conforme a la inflación, para evitar que la indemnización quede desfasada respecto del valor real del rodado.
La demanda fue presentada en marzo de 2024 por una hombre de 52 años que había contratado una póliza para un Ford Fiesta modelo 2012. El vehículo, adquirido a una familiar directa, sufrió un accidente en septiembre de 2023, cuando otra persona lo embistió en la vía pública, lo que causó daños de consideración.
PUBLICIDAD
Según consta en la sentencia, el reclamante, siguiendo la sugerencia de su productor de seguros, recurrió a un taller especializado, donde se le informó que el daño equivalía o superaba el 80% del valor del auto. El presupuesto proporcionado por el taller fue aceptado inicialmente por el agente de la aseguradora, pero más tarde la empresa envió a un perito para realizar una valoración propia.


La aseguradora comunicó por carta documento que la reparación costaría 3.466.661 pesos, es decir, 700.000 menos que el presupuesto presentado por el asegurado, y sostuvo que el valor de mercado del vehículo ascendía a 6.130.000 pesos. El demandante consideró insuficiente la explicación técnica y cuestionó la falta de detalle en la respuesta de la compañía.
PUBLICIDAD
Durante el proceso, que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 21 de La Plata, se produjeron diversas pruebas, entre ellas una pericia mecánica anticipada a cargo de un ingeniero que inspeccionó el rodado y determinó que los daños afectaban principalmente la parte frontal y componentes mecánicos, pero no comprometían el motor, la computadora ni la estructura del chasis. El especialista calculó el costo de reparación en 3.988.500 pesos a octubre de 2023, cifra que ascendía a 8.990.700 pesos a valores de la fecha del dictamen.
El informe pericial estableció que el valor de mercado del vehículo, al momento del siniestro, era de 4.830.000 pesos. Por lo tanto, el costo de reparación superaba el 80% del valor del bien, lo que configuraba el supuesto de destrucción total según la póliza.
PUBLICIDAD


La aseguradora, en tanto, reconoció la existencia del siniestro, la denuncia y los intercambios previos, pero impugnó el monto reclamado y sostuvo que el costo de reparación no alcanzaba el umbral estipulado en el contrato para considerarse destrucción total. Sin embargo, no presentó pruebas técnicas que permitieran acreditar su postura, ni documentación que respaldara la determinación del valor del vehículo.
El juez consideró que la relación entre las partes se enmarca en la legislación de defensa del consumidor, por tratarse de un contrato de adhesión en el que el asegurado adhiere a cláusulas predispuestas por la compañía, y donde toda ambigüedad debe interpretarse a favor del consumidor. Citó, entre otras normas, la ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación, y señaló que el incumplimiento contractual quedó acreditado por la ausencia de prueba suficiente aportada por la empresa.
PUBLICIDAD
En cuanto a la indemnización, la sentencia dispuso que la aseguradora deberá abonar el valor de venta al público de un vehículo equivalente, actualizado a la fecha de la liquidación, con más los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan, y hasta el límite de la suma asegurada consignada en la póliza. De acuerdo al fallo, la suma asegurada no podrá ser inferior a la cobertura básica determinada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.


El juzgado también resolvió sobre los reclamos accesorios. El pedido de daño punitivo fue rechazado por tratarse de una sanción de carácter excepcional, reservada para supuestos de conducta particularmente grave por parte del proveedor, situación que no se verificó en este caso. El pedido de reintegro de períodos abonados también fue rechazado, ya que la póliza le otorgaba a la compañía el derecho a percibir la totalidad de la prima en caso de destrucción total.
PUBLICIDAD
Respecto al daño moral, el juez entendió que resultaba indemnizable por la lesión a la tranquilidad y el equilibrio anímico del reclamante, quien debió atravesar diversas instancias administrativas y judiciales para obtener respuesta a su reclamo. La sentencia fijó una suma de seis millones de pesos por este concepto.
La cuantía de la indemnización quedó sujeta a actualización, y el juez dispuso que la liquidación se realice a valores al momento del cumplimiento de la sentencia, considerando el contexto inflacionario y la depreciación de la moneda. Para el cálculo de intereses, estableció un interés puro anual del 6% desde la fecha de mora hasta el dictado del fallo, y a partir de allí, la aplicación de la tasa pasiva digital del Banco Provincia de Buenos Aires.
PUBLICIDAD

La sentencia también establece que el reclamante deberá tramitar la baja definitiva del vehículo por destrucción total ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, como condición previa a la percepción de la indemnización.
En materia de costas, la resolución impuso el pago a la compañía aseguradora por su condición de vencida en la demanda, y a la parte reclamante por el rechazo parcial de sus pretensiones accesorias.
PUBLICIDAD
El fallo se apoyó en antecedentes de la Suprema Corte bonaerense y en doctrina sobre la protección de los derechos del consumidor en contratos de seguro automotor, subrayando la obligación de las aseguradoras de cumplir con las condiciones pactadas y de respaldar técnicamente sus posiciones durante el proceso judicial.

La causa había transitado diversas etapas probatorias y administrativas, incluyendo la intervención de un agente fiscal y la producción de pruebas anticipadas. El juzgado recalcó que la aseguradora debe garantizar la indemnidad del asegurado y que, en contextos de alta inflación, la suma asegurada debe actualizarse a valores actuales para no desnaturalizar el contrato.
PUBLICIDAD
El fallo no estableció montos definitivos para el resarcimiento patrimonial por el valor del vehículo, sino que ordenó un informe pericial actualizado en la etapa de ejecución, a cargo del ingeniero que ya había intervenido en el expediente.
Madrid, 28 jul (EFE).- La falta de rentabilidad hace poco atractivo el pastoreo, un trabajo sacrificado que, a pesar de ser un recurso natural para la prevención de incendios, está en franco retroceso; el censo de animales para pastar cae a un ritmo de 520 cabezas de ovino y 82 cabras menos al día.
Los censos oficiales revelan que la cabaña de ganado ovino se ha desplomado en casi dos millones de cabezas en la última década y 300.000 cabras menos en ese mismo período, según los datos consultados por Efeagro.
PUBLICIDAD
En porcentaje, la reducción es del 11,11 % en ovino y del 12,3 % en caprino en 10 años.
Desde la interprofesional del ovino y el caprino de carne (Interovic) han reconocido que el pastoreo extensivo y la trashumancia "siguen siendo unas de las herramientas más eficaces y menos costosas" en la prevención.
PUBLICIDAD
Ha reclamado "apoyo institucional" para conseguir que la actividad sea rentable y se asegure el relevo generacional.
Además, ha hecho un llamamiento al consumidor porque otra forma de asegurar el mantenimiento de esta ganadería extensiva es consumiendo sus productos "durante todo el año".
PUBLICIDAD
Precisamente las Naciones Unidas declaró 2026 como el año internacional de los pastizales y los pastores para reclamar una mayor inversión responsable y políticas adaptadas para mejorar los medio de vida de los pastores y la gestión sostenible de los pastizales.
A nivel nacional, ha destacado la creación del Foro de reflexión para la prevención integral de los incendios forestales, que ve "esencial" implicar a la ganadería extensiva como herramienta de prevención.
PUBLICIDAD
Entre las medidas que proponen, está la promoción "activa" de la ganadería extensiva mediante normas específicas y comercialización de sus productos o la formación en nuevos manejos de ganadería regenerativa.
El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha lamentado, en declaraciones a Efeagro, que en España "falte ganado en los montes" tras haber perdido "casi el 30 %" de la cabaña extensiva "en los últimos 20 años".
PUBLICIDAD
Aunque reconoce que el ganado, por sí solo, "no evitaría un incendio", sí haría que el fuego fuese "más fácilmente controlable" porque habría "poca masa vegetal".
Uno de los motivos de esta desaparición paulatina del extensivo es la "falta de rentabilidad" y de competitividad frente a sistemas de producción intensivos: todo ello ha llevado a que falten "muchísimos millones de cabezas de ganado" en el campo.
PUBLICIDAD
Es partidario de que los ganaderos cobren por pastar los montes y lo justifica estableciendo la siguiente comparativa: "apagar una hectárea incendiada vale 10.000 euros, según los expertos", mientras una inversión aceptable sería "pagar 200 euros por hectárea al ganadero".
Julián Piracés lleva varias décadas vinculado al sector asociativo del ovino/caprino y cree que una de las razones del "bestial" descenso de la cabaña es porque las personas "no están por la labor de vivir en las zonas rurales" si no se les asegura unas "condiciones mínimas".
PUBLICIDAD
Actualmente, el cordero "es rentable" tener una explotación "profesionalizada" pero, "aún así, no se dan las condiciones óptimas para que la gente vuelva" al rural.
Para Piracés, es necesario aprobar leyes que sirvan de apoyo para los habitantes del entorno rural.
El sector quiere también que cundan ejemplos de relevo generacional como el de la pastora Alicia Fernández (32 años), que volvió a su aldea jiennense de La Matea tras estudiar en Murcia y vivir en Oporto (Portugal) y Birmingham (Reino Unido).
PUBLICIDAD
Tomó el relevo como cuarta generación en la explotación familiar de ganado ovino, a la que ahora ha sumado ganado bovino.
En declaraciones a Efeagro, ha incidido en la importancia del pastoreo para prevenir incendios: "Lo que hacemos es salir a pastar con nuestro rebaño; que es muy importante en la prevención" porque "consume hierba, matorral, restos de vegetales y reduce la cantidad de combustible" que puede arder.
Cree que la ganadería extensiva "no está lo suficientemente valorada" porque, más allá de producir alimentos, sirve "también para mantener vivo el medio rural".
Además, ha reclamado un mayor reconocimiento del pastoreo y que se fomente la rentabilidad de esta ganadería para que no desaparezca. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios 8023469108)
En la última década grandes fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas están dando pasos importantes en conducción autónoma para el transporte privado. Dentro de nada tendremos a Teslas conduciendo solos por España de hecho.
Pero la idea de los coches autónomos no es nueva: su origen se remonta a finales de 1950 con el concept Pontiac Firebird II y, gracias a mentes como la de Ernst Dickmanns (un ingeniero que en los 80 ya trabajaba en la inteligencia artificial o algo parecido), no ha dejado de evolucionar.
Muestra de ello es que los primeros coches autónomos utilizaban imanes y cámaras de baja definición para guiarse.
En los años 90 el Gobierno de los EEUU hizo una importante inversión en infraestructuras para probar la tecnología que ayudó a allanar el camino hacia las ayudas a la conducción que equipan hoy en día los coches y, de paso, sentar las bases de la conducción autónoma con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir el tráfico en las carreteras.
Concretamente, en 1991 el Congreso de los EE.UU. aprobó una “Ley de Eficiencia de Transporte Intermodal”, una iniciativa de 155.000 millones de dólares que financió autopistas, seguridad en el transporte y transporte público hasta 1997.
Parte de esta normativa exigía al Departamento de Transportes “desarrollar un prototipo de autopista y vehículo automatizados” para que “la primera carretera totalmente automatizada estuviera en funcionamiento a finales de 1997”, con el fin de poner solución al grave problema de congestión del tráfico, dice el texto.
Así, en 1994 se constituyó el NAHS (National Automated Highway System Consortium) para ayudar a acometer esa tarea. Este Consorcio estaba formado por nueve entidades: Bechtel, el Departamento de Transportes de California, Carnegie Mellon, General Motors (incluidas sus filiales Delco Electronics y Hughes Electronics), Lockheed Martin, Parsons Brinckerhoff y la Universidad de Berkeley. El banco de pruebas escogido para el proyecto fue California.
A lo largo de los tres años siguientes, la NAHSC trabajó para construir un prototipo demostrativo de un sistema automatizado de autopistas que permitiera “conducir sin manos y sin pies”. Para ello se construyó un carril de poco más de 12,2 km (7,6 millas) en la carretera I-15 en California, en el que los coches estarían segregados del tráfico normal.
Habría que dar soporte a múltiples tipos de vehículos y tecnologías, así que varias empresas y universidades quisieron probar distintos tipos de vehículos y sistemas.
Entre ellos, el Centro de Investigación de Transporte Inteligente de la Universidad Estatal de Ohio (CITR) probó dos Honda Accords equipados con telémetros láser, cámaras ópticas y radares que centrarían el vehículo en el carril utilizando tiras reflectantes colocadas previamente en el asfalto.
Por su parte, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley se asoció con General Motors, Delco y Hughes para equipar ocho Buick LeSabres con una plataforma de sensores única.
En lugar de cámaras y láseres, estos contaban con radares para medir la distancia y magnetómetros. Pero para que estos magnetómetros ayudasen al coche a saber exactamente dónde estaba y por dónde iba, se habían insertado previamente 92.778 imanes guía por debajo del pavimento del tramo de carretera destinado a las pruebas.
Toyota también participó en las pruebas, con un vehículo equipado con una combinación de sensores magnéticos, cartografía de carreteras a bordo (para almacenar la geometría conocida de las carreteras) y sensores ópticos para guiar el vehículo. También dotaron al coche de advertencias de cambio de carril, puntos ciegos y obstáculos.
Esa tecnología se convertiría en la base de los “Sistemas de Transporte Inteligentes de Toyota” (ITS por sus siglas en ingles), que debutó casi dos décadas después. En la prueba de todas estas tecnologías, que finalmente se llevó a cabo en agosto de 1997, participaron en total más de 20 vehículos, y todos funcionaron perfectamente a pesar de la tecnología rudimentaria.
En aquel entonces, los coches apenas estaban recibiendo nuevas características como sillitas para niños, llaves inteligentes o los primeros sistemas de propulsión híbridos. Pensar que los vehículos pudieran conducirse solos en un pequeño tramo de autopista utilizando tecnologías tan rudimentarias es realmente sorprendente.
Curiosamente, esas áreas siguen siendo centros de desarrollo de la autonomía vehicular, aunque la tecnología de conducción autónoma ha cambiado bastante con la introducción de los LiDAR y los radares de alta definición. Algunos fabricantes siguen empeñados en usar solo las cámaras para desarrollar sus sistemas de conducción autónoma, mientras que otros equipan sus vehículos con LiDAR como equipo estándar para el futuro.
En Motorpasión | Probamos el nuevo Kia Niro híbrido: un SUV que gana tecnología y baja de precio para poner en serios problemas al Toyota C-HR
Pekín, 28 jul (EFE).- El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, afirmó este martes en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Bratislava está dispuesta a promover activamente la cooperación entre la Unión Europea (UE) y China y a encauzar sus diferencias mediante el diálogo, durante una visita que consolida el acercamiento bilateral entre ambos países.
Según la agencia oficial Xinhua, Pellegrini defendió que las discrepancias entre Pekín y Bruselas se aborden "mediante la consulta" y expresó la disposición de Eslovaquia a contribuir a una relación "más estable" entre ambas partes.
Xi, por su parte, pidió a Bratislava que desempeñe un papel "constructivo" para favorecer el entendimiento entre China y la UE, en un momento en que los vínculos entre Pekín y el bloque comunitario atraviesan tensiones políticas y comerciales.
El mandatario chino sostuvo que ambas partes deben centrarse en sus puntos de coincidencia y gestionar sus diferencias mediante el diálogo, además de insistir en que Pekín considera a la UE un "socio".
Pellegrini expresó asimismo el interés de su país en atraer nuevas inversiones chinas, mientras Xi propuso reforzar los intercambios en cultura, turismo, deporte, juventud y cooperación entre administraciones locales.
China y Eslovaquia elevaron sus relaciones a una asociación estratégica en noviembre de 2024, durante una visita a Pekín del primer ministro eslovaco, Robert Fico, en la que ambos gobiernos acordaron ampliar la colaboración
El acercamiento político quedó de manifiesto en septiembre de 2025, cuando Fico fue el único jefe de Gobierno de un país de la UE que asistió al desfile militar celebrado en Pekín por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, junto a dirigentes como Xi, el presidente ruso, Vladímir Putin, o el líder norcoreano, Kim Jong-un.
PUBLICIDAD
Tras el acto, Fico afirmó que había sido "un honor" asistir y criticó la ausencia del resto de mandatarios comunitarios, al considerar que no fue China, sino la UE, la que quedó aislada.
La visita de Pellegrini, que se prolongará hasta el miércoles, da continuidad a la política del Gobierno eslovaco de estrechar los vínculos económicos y políticos con Pekín.
Pellegrini señaló en X al comienzo de su viaje que se trata de su primera visita de Estado a China desde que asumió la Presidencia en junio de 2024 y la segunda de un jefe del Estado eslovaco al país asiático. "En estos tiempos dinámicos, es crucial para nuestro futuro reforzar estos vínculos", agregó. EFE
PUBLICIDAD
(Foto) (Vídeo)
París, 28 jul (EFE).- Orange obtuvo un beneficio de 3.555 millones de euros de beneficios en el primer semestre del año, frente a los 105 millones de euros de pérdidas que había encajado en el mismo periodo de 2025, y mejoró su resultado en el principal indicador de rentabilidad.
En un comunicado publicado este martes, el operador francés de telecomunicaciones, que desde el mes de junio consolida íntegramente en sus cuentas los resultados de la que ha sido su filial española, MasOrange, y que ahora controla al 100 %, revisó al alza los objetivos financieros que se ha marcado para el conjunto del ejercicio de 2026.
PUBLICIDAD
El resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal), que es un indicador que la empresa utiliza para evaluar su rentabilidad operativa, se incrementó un 5 % en cifras comparables (y un 8 % en datos históricos), hasta 6.128 millones de euros.
A esa subida del ebitdaal contribuyó en particular su negocio en África y Oriente Medio, con una progresión del 16,1 %, hasta 1.762 millones de euros.
El mercado doméstico francés aportó 2.959 millones de euros a ese ebitdaal, con un alza del 2,4 % respecto al primer semestre de 2025.
España en el mes de junio (el único totalmente integrado en las cuentas) representó 225 millones de euros con una subida del 2,2 %, mientras el resto de Europa supuso 1.046 millones, con una progresión del 6,1 %.
La facturación semestral de Orange aumentó un 3,5 % en cifras comparables (un 5,5 % en datos brutos) hasta 20.948 millones de euros, y de nuevo el negocio en África y Oriente Medio fue el que más participó a ese ascenso (+13,9 % a 4.576 millones).
PUBLICIDAD
El endeudamiento de la empresa era a fecha del 30 de junio de 35.700 millones de euros, lo que significa 13.200 millones más que al terminar 2025, lo que se explica esencialmente por la compra del 50 % que no controlaba de MasOrange a Lorca, en una operación que valoraba la filial española en 8.500 millones.
Otra transacción importante en el primer semestre fue el anuncio del 6 de junio pasado de que, junto a sus competidores Bouygues Telecom y Free-Iliad, Orange se va a repartir los activos de SFR, el que ha sido hasta ahora el segundo operador de telecomunicaciones en Francia.
PUBLICIDAD
En el caso de Orange, se quedará con alrededor del 27 % de SFR, equivalente a un desembolso de 5.600 millones de euros.
A partir de los resultados obtenidos en África y Oriente Medio, pero también en Europa, y teniendo en cuenta la consolidación de MasOrange, Orange ha decidido incrementar sus objetivos para el conjunto de 2026, y en particular espera un incremento del ebitdaal superior al 4 % (hasta ahora la meta era elevarlo en más del 3 %). EFE
PUBLICIDAD

Un depósito ilegal de explosivos que pertenecería al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN fue desmantelado en zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander, durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el hallazgo se produjo en la vereda Cacahualá, donde unidades militares y policiales ubicaron material explosivo que, según las autoridades, estaba listo para ser utilizado en posibles acciones contra la población civil o la Fuerza Pública.
Durante la operación fueron encontrados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos acondicionados con explosivo tipo ANFO, además de dos bultos con aproximadamente 100 kilogramos del mismo material. También fueron hallados tres artefactos explosivos de cinco kilogramos cada uno.
PUBLICIDAD
Las autoridades indicaron que cada dispositivo tenía un sistema de iniciación eléctrico, elemento que aumenta la preocupación sobre el uso que se le podría dar al material. Por esa razón, el Ejército informó que los explosivos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado.
Además de los explosivos, los uniformados encontraron una bandera, un brazalete y una pañoleta con distintivos del ELN. Estos elementos serán incorporados a la investigación para avanzar en la identificación de los responsables y establecer el alcance de la estructura que tendría relación con el depósito.
La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante labores de inteligencia adelantadas por soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con unidades de la Sijín Antinarcóticos.
PUBLICIDAD
Según el reporte oficial, la ubicación del escondite permitió neutralizar una capacidad logística que podía ser usada para preparar ataques en el departamento. Las autoridades señalaron que el material representaba un riesgo para comunidades cercanas y para los uniformados que operan en esa zona.
El Ejército destacó que la destrucción controlada evitó que los explosivos fueran empleados en acciones violentas. La intervención se hizo bajo protocolos de seguridad y con apoyo de personal capacitado para el manejo de este tipo de elementos.

Norte de Santander sigue siendo una de las regiones con mayor presencia del ELN y de otros grupos armados ilegales. Las autoridades han identificado corredores estratégicos que son utilizados para actividades delictivas y para el movimiento de material, integrantes y recursos de estas organizaciones.
PUBLICIDAD
En ese contexto, las operaciones militares buscan reducir la capacidad de acción de los grupos armados y prevenir atentados que puedan afectar a civiles, unidades de la Fuerza Pública o infraestructura en el departamento.
La Trigésima Brigada del Ejército reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107 Antiterrorismo. La información ciudadana, según las autoridades, es clave para detectar movimientos extraños, depósitos ilegales o presencia de estructuras armadas en zonas rurales.
El hallazgo en Santiago se suma a las acciones de control que la Fuerza Pública adelanta en Norte de Santander para ubicar material explosivo y afectar las redes logísticas de los grupos ilegales. Aunque las autoridades no reportaron capturas en esta operación, sí indicaron que los elementos encontrados quedarán como parte del proceso investigativo.
PUBLICIDAD
Por ahora, el Ejército y la Policía mantienen las verificaciones en la zona para establecer si existen más depósitos o rutas asociadas al frente señalado. La prioridad, según el reporte, es evitar que este tipo de material llegue a ser usado en ataques y reducir el riesgo para las comunidades del departamento.
Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años, según las cuentas presentadas por la compañía.
Vivo mantuvo en el segundo trimestre de 2026 la senda de crecimiento de sus principales magnitudes financieras, con un beneficio neto de 1.600 millones de reales (275 millones de euros), un 17% más en comparación interanual.
Entre abril y junio de 2026, los ingresos netos se situaron en 15.800 millones de reales (2.711 millones de euros), lo que supuso un incremento del 7,6%, impulsados por la fortaleza del negocio de pospago y fibra, así como por la expansión de los servicios digitales.
PUBLICIDAD
En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó en el segundo tramo del año los 6.600 millones de reales (1.132 millones de euros), un 10,9% más y su mayor nivel desde el tercer trimestre de 2023, con un margen del 41,8%, 1,3 puntos porcentuales superior al de un año antes.
Las inversiones de Telefónica Brasil aumentaron un 6,1% en el segundo trimestre del ejercicio, hasta situarse en 2.600 millones de reales brasileños (446,0 millones de euros), con el grueso de los recursos destinado al refuerzo de las infraestructuras móvil y fija para atender la creciente demanda de datos y mejorar la experiencia de cliente.
PUBLICIDAD
En este contexto, la compañía consolidó su liderazgo en conectividad, con tecnología 5G disponible en 978 municipios y una cobertura superior al 73% de la población, mientras que en fibra alcanzó los 32 millones de hogares pasados, un 6,4% más, manteniendo la mayor red del país.
NEGOCIO COMERCIAL Y RED EN SEGUNDO TRIMESTRE
En el negocio móvil, los ingresos por servicios se elevaron a 10.200 millones de reales (1.749,7 millones de euros) entre abril y junio, un 6,6% más, impulsados por el segmento pospago, que creció un 7,9% hasta 8.900 millones de reales (1.526,7 millones de euros) y ya representaba el 87% del total. Esta evolución se apoyó en la migración hacia planes de mayor valor, la ampliación de la base de clientes y el refuerzo de la propuesta comercial.
PUBLICIDAD
En concreto, el parque pospago alcanzó los 73,2 millones de accesos, un 6,9% más, con un ingreso medio por usuario (ARPU), excluyendo 'M2M' y 'dongles', de 53,90 reales (9,25 euros).
Por su parte, los ingresos de la división de dispositivos y electrónica sumaron 1.000 millones de reales (171,5 millones de euros), un 27,8% más, gracias a una oferta más competitiva y a la ampliación del catálogo en tiendas, donde los terminales compatibles con 5G representaron el 98,8% de las ventas del trimestre.
PUBLICIDAD
En el segmento fijo, la facturación alcanzó los 4.500 millones de reales (771,9 millones de euros), con un avance del 6%, apoyado en el desempeño de la fibra y de los servicios corporativos de datos, TIC y soluciones digitales.
Los ingresos de fibra crecieron un 10,7%, hasta 2.100 millones de reales (360,2 millones de euros), con una base de 8,2 millones de accesos, un 11,3% más, y una tasa de penetración del 25,6%, 1,1 puntos porcentuales superior, mientras que el churn se redujo al 1,4%. Asimismo, los ingresos de datos corporativos, TIC y servicios digitales se situaron en 1.500 millones de reales (257,3 millones de euros), un 7,8% más.
PUBLICIDAD
Finalmente, la estrategia de convergencia se mantuvo como uno de los principales motores de crecimiento, con una base de fibra convergente de 5,3 millones de accesos, de los que 3,8 millones correspondían a Vivo Total, la oferta integrada de fibra y móvil, tras crecer un 29,4% interanual. Este modelo ya representaba el 46,3% de la base de fibra y concentraba el 86% de las altas en tiendas, lo que reforzó el peso de las soluciones integradas en la captación y fidelización de clientes.
"Terminamos el trimestre con un crecimiento constante de los ingresos y un aumento de la rentabilidad, resultado de una estrategia que combina la mejor conectividad, inversiones continuas y diversificación de ingresos. Mantenemos nuestro liderazgo en fibra y 5G, mientras que los servicios digitales y los nuevos negocios continúan ganando escala y relevancia, fortaleciendo nuestro ecosistema y ampliando la creación de valor para clientes y accionistas", ha afirmado el presidente de Vivo, Christian Gebara.
PUBLICIDAD
ECOSISTEMA DIGITAL
Los nuevos negocios y los servicios digitales corporativos continuaron ganando peso en Telefónica Brasil hasta representar el 12,2% de los ingresos totales en los últimos 12 meses.
En el segmento B2B, la cartera de soluciones digitales -que abarca nube, ciberseguridad, big data, IoT, mensajería y servicios de TI- generó unos ingresos de 5.500 millones de reales (943,5 millones de euros), un 14,9% más, equivalentes al 8,8% de la facturación del grupo.
PUBLICIDAD
Si se consideraba el conjunto del negocio, incluyendo también conectividad y equipos, su aportación se elevaba al 22,5% de los ingresos totales, 0,4 puntos porcentuales más en términos interanuales.
En 'B2C', las alianzas con plataformas de música y vídeo siguieron ampliando su alcance, con ingresos de 890 millones de reales (152,7 millones de euros) en los últimos 12 meses, un 25,7% más, apoyados en una base de 4,9 millones de suscriptores, un 33,3% superior.
PUBLICIDAD
Durante el trimestre, la oferta se reforzó con la incorporación de YouTube Premium en determinados paquetes. Asimismo, los servicios financieros elevaron sus ingresos un 12,8% en el periodo, hasta 433 millones de reales (74,3 millones de euros).
Desde el lanzamiento de Vivo Pay, el volumen de operaciones de crédito personal alcanzaba ya los 1.300 millones de reales (223,0 millones de euros).
En paralelo, el negocio de seguros mantenía una evolución positiva, con más del 45% de los smartphones vendidos en tiendas asociados a algún tipo de protección, cinco puntos porcentuales más que un año antes.
En el ámbito de salud y bienestar, Vale Saúde acumulaba 511.000 suscripciones desde su lanzamiento. En los últimos 12 meses, la plataforma había facilitado 79.000 consultas, exámenes y procedimientos, así como la adquisición de 2,6 millones de productos en farmacias con descuento, generando ingresos de 126 millones de reales (21,6 millones de euros), un 58,2% más.
La integración entre conectividad y servicios digitales reforzó la presencia de la compañía en el día a día de los clientes, elevando el ingreso medio mensual 'B2C' por 'CPF' hasta 68,52 reales (11,75 euros) en los últimos 12 meses, un 7,6% más.
En cuanto a la gestión operativa, los costes totales, excluyendo depreciación y amortización, se situaron en 9.200 millones de reales (1.578,2 millones de euros) en el trimestre, un 5,3% más interanual, aunque 1,2 puntos porcentuales por debajo del trimestre previo, apoyados en eficiencias como el mayor uso de canales digitales y la venta de activos vinculados a la antigua concesión por 202 millones de reales (34,7 millones de euros).
El flujo de caja operativo alcanzó los 4.000 millones de reales (686,2 millones de euros), un 14,3% más, con un margen del 25,3%.
En materia de retribución al accionista, la compañía reiteró su compromiso de distribuir al menos el 100% del beneficio neto en 2026.
En los siete primeros meses del año, ya había abonado 7.000 millones de reales (1.200,8 millones de euros), de los cuales 3.000 millones de reales (514,6 millones de euros) correspondían a intereses sobre capital propio (JSCP) declarados en 2025 y 4.000 millones de reales (686,2 millones de euros) a reducción de capital, lo que supuso un incremento del 31,6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.
Además, en 2026 había declarado 2.200 millones de reales (377,4 millones de euros) en JSCP, un 34,5% más.
Taipéi, 28 jul (EFE).- La Justicia taiwanesa emprendió su tercera ola de registros en el marco de la investigación por el presunto envío ilegal a China de servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) sujetos a medidas de control de exportación, un operativo que, según Bloomberg, se saldó con la detención de un empleado local de Nvidia.
En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Keelung (norte) señaló este martes que el pasado 24 de julio ordenó registros en el domicilio de un sospechoso, de apellido Chang, y en la empresa para la que trabaja, sin identificar en ningún momento de qué compañía se trata.
PUBLICIDAD
Según el órgano judicial, Chang es sospechoso, entre otros, de un delito de falsedad en documentos elaborados en el ejercicio de su actividad profesional.
Tras interrogarlo, la Fiscalía consideró que los indicios de criminalidad eran "graves" y que existía riesgo de fuga, destrucción de pruebas y confabulación con cómplices y testigos, por lo que solicitó al tribunal de distrito la prisión preventiva del sospechoso, con prohibición de comunicación y visitas, medida que fue concedida.
PUBLICIDAD
La agencia Bloomberg, por su parte, informó este mismo martes, citando fuentes anónimas, de que la Fiscalía había ordenado la detención de un empleado local de Nvidia en el marco de esos registros.
Según este medio, se trataría del primer caso conocido de acciones legales emprendidas por las autoridades taiwanesas contra un profesional de Nvidia.
Esta medida se produce semanas después de la detención de dos empleados locales de la firma estadounidense Super Micro y de un directivo de Albatron, distribuidora de la compañía norteamericana en la isla, como parte de la segunda ola de registros ordenada por la misma fiscalía.
PUBLICIDAD
En un comunicado del pasado 21 de mayo, los investigadores señalaron que los tres primeros sospechosos -de apellidos You, Wang y Chen- eran "plenamente conscientes" de que los servidores en cuestión estaban sujetos a "estrictos controles" de exportación y tenían "completamente prohibida" su venta a China, Hong Kong y Macao.
La Fiscalía abrió esta investigación dos meses después de que la Justicia de EE.UU. imputara a tres personas, entre ellas el cofundador de Super Micro, Yih-Shyan 'Wally' Liaw, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones.
Según la acusación estadounidense, los tres implicados conspiraron para enviar miles de millones de dólares en servidores con tecnología sensible -que incluían tarjetas gráficas (GPU)- a clientes en China sin las licencias necesarias.
Además, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, las autoridades taiwanesas incautaron alrededor de cincuenta servidores antes de que abandonaran la isla.
Con todo, un envío anterior sí habría logrado salir de Taiwán, pasando por Japón antes de llegar a Hong Kong, un punto de tránsito habitual para el hardware que después se reenvía a China continental. EFE