
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación para suspender los pagos del convenio de pasaportes firmado con la Imprenta Nacional de Portugal, fallo que fue celebrado por el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.
La decisión judicial, emitida por el magistrado José Élver Muñoz Barrera, ratificó la vigencia financiera del acuerdo interadministrativo firmado el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la firma pública portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Frente a la determinación del alto tribunal, el presidente de la República se pronunció para respaldar el avance en la producción del documento de viaje bajo el nuevo esquema estatal, por lo que escribió en su cuenta de X: “Llevamos ya 330.000 pasaportes producidos de alta calidad y entregados. El esfuerzo judicial por devolverle el contrato a los hermanos Bautista como pago por sus servicios electorales, ha vuelto a fracasar”.
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El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en respuesta a una publicación de Alfredo Saade, exjefe de Despacho Presidencial, que promovió la salida de la firma privada Thomas Greg & Sons (TGS), multinacional presidida por los hermanos Bautista —a quienes el presidente atacó—, durante su paso por la Casa de Nariño para transferir la confección de las libretas a la Imprenta Nacional.
Y es que el manejo de los pasaportes se convirtió en uno de los principales problemas administrativos del gobierno de Gustavo Petro, ya que la crisis comenzó en 2023, cuando la Cancillería declaró desierta la licitación que durante más de 16 años había estado en manos de TGS, decisión que derivó en una millonaria demanda contra el Estado.
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El Gobierno buscó trasladar la producción a la Imprenta Nacional con el argumento de proteger los datos biométricos de los colombianos y poner fin a la dependencia de un operador privado. La iniciativa fue presentada como una apuesta por fortalecer la soberanía del Estado.

La demanda interpuesta por el Ministerio Público pretendía detener los giros presupuestales contemplados en la cláusula 11.2 del convenio, bajo el argumento de que el proceso debió tramitarse mediante licitación pública ordinaria y no mediante la figura de contratación internacional entre entidades públicas.
Sin embargo, el magistrado ponente concluyó que no existen elementos técnicos suficientes que demuestren un perjuicio económico para la nacional y advirtió que frenar los desembolsos pondría en riesgo la prestación del servicio a los ciudadanos.
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“La suspensión de los desembolsos podría comprometer, de manera inmediata, la continuidad y la meta de iniciar la prestación del servicio de expedición de pasaportes bajo el nuevo modelo, lo que obligaría a acudir a contratar, seguramente, por urgencia manifiesta”, se lee en el documento del alto tribunal.

El tribunal agregó que una eventual parálisis en los pagos “generaría una situación de inestabilidad que podría poner en riesgo la continuidad de un servicio público directamente vinculado al derecho fundamental a la libre circulación”.
En el análisis probatorio, el despacho judicial señaló que la Procuraduría basó sus estimaciones de daño patrimonial en comparaciones con contratos anteriores, sin adjuntar estudios financieros o técnicos de respaldo con el rigor requerido para decretar una medida cautelar.
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Asimismo, el magistrado determinó que la ejecución de los recursos garantiza la protección de los derechos de terceros de buena fe e impide que el Estado deba acudir a contrataciones de emergencia para evitar el desabastecimiento de libretas en las sedes de la Cancillería.
Respecto al argumento de la Procuraduría sobre la pérdida de eficacia de una futura sentencia de nulidad, la providencia aclaró que el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas se encuentra contemplado en la ley de contratación estatal.
El fallo precisa que el pago de las labores ya realizadas no opera de manera automática, sino que estará sujeto a las verificaciones del juez administrativo al momento de dictar la sentencia definitiva sobre la validez del contrato.
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Con esta decisión contencioso-administrativa, el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional quedan facultados para continuar con la ejecución de los recursos asignados al socio internacional portugués dentro de la fase de implementación del nuevo modelo de pasaportes en el territorio nacional.
Actualizado Miércoles, 29 julio 2026 - 01:43
La preocupación de los españoles ante los incendios que se repiten verano tras verano arrasando el territorio y segando vidas es máxima. Un 96% así lo declara y pese a que, en los últimos años, el peligro ha aumentado y los efectos del fuego son cada vez más graves, los ciudadanos creen que la labor de prevención que desarrollan las administraciones deja mucho que desear y, además, a diferencia de los políticos, hacen también autocrítica y en un porcentaje muy alto -ocho de cada diez- admiten no estar concienciados para evitar los incendios.
La administración que cosecha peor valoración es el Gobierno central, un 60% califica su labor de prevención como mala o muy mala y le siguen los Ejecutivos autonómicos, con un 56,2%. Respecto a los ayuntamientos, el porcentaje negativo -46,9%- supera al positivo -41,2%- pero es el mejor de los tres niveles institucionales. La ciudadanía puntúa con un 5,1 la lucha del Gobierno de la nación contra los incendios; con un 5,4, la de los Ejecutivos autonómicos y con un 6 la de los Ayuntamientos.
El sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO finalizó su trabajo de campo el 21 de julio, dos días antes de que se desatara el infierno en la provincia de Ávila y se extendiera a Madrid y Toledo, y cinco antes de que las llamas devoraran Vall d'Uixó, en Castellón. Pese a ello recoge con nitidez el estupor de una opinión pública que acababa de asistir a los gravísimos incendios de La Mierla, en Guadalajara, con 32.000 hectáreas arrasadas y al de Los Gallardos, en Almería, con el trágico balance de doce víctimas mortales.
Frente a esto, el 64,4% de los encuestados afirma estar muy preocupado y el 31,9% bastante, frente a un insignificante 3,4% que asegura tener poca o ninguna inquietud. Las diferencias entre votantes de los distintos partidos son muy pequeñas, como tampoco lo son entre el abultado porcentaje de quienes creen que, en relación con el año pasado, la política de prevención de las administraciones se ha mantenido prácticamente igual: así lo considera el 54,7% de los ciudadanos. Quienes opinan que la gestión ha mejorado son apenas un 7,4%, un registro mínimo frente al 35,4% que considera que la labor de las instituciones incluso ha empeorado.

Los españoles se muestran claramente divididos cuando se les pregunta acerca de la colaboración que mantienen entre sí las distintas administraciones a la hora de luchar contra los incendios: un 46,4% la considera buena o muy buena y un 46,8 la tacha de mala o muy mala.
El sesgo que se aprecia en función de la ideología probablemente se arrastre desde el duro enfrentamiento entre gobiernos que estalló con ocasión de la Dana y, posteriormente, también con los fuegos del verano pasado que afectaron principalmente a las comunidades de Castilla y León, Andalucía y Galicia, gobernadas por el PP. Así, entre los votantes popularesse valora mucho más positivamente la gestión autonómica que la central, exactamente lo contrario que los electores del PSOE. o los de Sumar. Los votantes de Vox son los más duros -89%- con el Gobierno.
La encuesta no deja lugar a dudas: los españoles destacan y reconocen la labor de los actores que trabajan sobre el terreno afrontando cara a cara las llamas o protegiendo la vida de los ciudadanos.
Los bomberos con un 8,8 y la Unidad Militar de Emergencias con un 8,6 son los cuerpos que reciben mejor nota de los encuestados y en ello coinciden los votantes de todos los partidos. Les siguen Protección Civil, con un 8,1; Guardia Civil con un 7,9 y la propia sociedad civil con un 6,9.

Ramiro Cherñetz fue designado director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, un área clave para empresarios y, sobre todo, dirigentes gremiales que estaba vacante desde hace un año.
El flamante funcionario es un abogado vinculado al sector empleador que ocupará un cargo sensible que desempeñó hasta el 10 de julio de 2025 Claudio Aquino, otro asesor letrado de empresas que fue designado luego de que asumió Javier Milei, en enero de 2024.
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“Es un abogado que justamente se suma a la transparencia y objetividad que se busca en todo momento en el Gobierno”, definió a Infobae un alto funcionario de la administración libertaria.

En su sitio web, Cherñetz se presenta a sí mismo de esta forma: “Abogado especializado en Derecho Laboral y Relaciones Laborales, con una sólida trayectoria en asesoramiento corporativo integral. A lo largo de mi carrera, he liderado áreas legales en empresas de servicios, gestionando conflictos laborales, negociaciones sindicales y asegurando el cumplimiento normativo. Me distingo por mi enfoque estratégico, capacidad de resolución y una mirada preventiva para reducir riesgos legales. Con formación continua y experiencia en la implementación de programas de retiro, representación ante organismos administrativos y coordinación de equipos legales internos y externos, ofrezco soluciones prácticas y eficientes adaptadas a las necesidades empresariales”.
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La Dirección de Asociaciones Sindicales que encabezaba Aquino fue intervenida en abril de 2024 por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte de una decisión del Gobierno de investigar distintas áreas del Estado que están bajo la lupa por presuntas irregularidades.
Esa dependencia de Trabajo tiene una importancia estratégica para los empresarios y para el gremialismo porque allí se resuelven los conflictos de encuadramiento sindical, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías o de simple inscripción a organizaciones nuevas, además de fiscalizar los movimientos económicos-financieros, la realización de asambleas, congresos y elecciones gremiales y la aprobación y modificación de los estatutos.
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En realidad, la Dirección de Asociaciones Sindicales siempre fue el eje de sospechas y versiones sobre expedientes que impactan en la situación jurídica, institucional y económica de los gremios. Y la intervención de Capital Humano implicó que un equipo especializado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera que dirige Pettovello fue “revisando carpeta por carpeta" de esa repartición para analizarla, evaluar dictámenes opinables y “darle transparencia” a un lugar rodeado de suspicacias.
En su momento, en Trabajo aclararon que la intervención a Asociaciones Sindicales se había hecho de manera “preventiva en un área donde estaba todo medio sospechado, manejado a dedo, con dictámenes opinables”, pero que el origen no fue una denuncia concreta ni la comprobación de alguna irregularidad.
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En la CGT, sin embargo, deslizaron que al funcionario saliente lo acusaban de “falta de transparencia en su gestión”, aunque no aportaron pruebas sobre ello.

No son nuevas las sospechas en aquella área de Trabajo. Ideler Tonelli, el último ministro de Trabajo del gobierno de Raúl Alfonsín, hizo una fuerte revelación en el libro “CGT, el poder que no fue”, de la periodista María Grande, acerca de lo que encontró al asumir su cargo, en 1987: “Se cobraba todo; se cobraban las inscripciones gremiales, las personerías gremiales. Yo juré un miércoles a las 18 y estuvieron hasta las 5 de la mañana del día siguiente cobrando inscripciones y personerías gremiales; 5 mil dólares, 10 mil dólares”. No hay constancias de qué sucedió luego de semejante denuncia, pero sí insistentes versiones sobre hechos similares registrados antes y después de ese momento.
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Asociaciones Sindicales fue una dependencia siempre codiciada por el sindicalismo. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, se produjeron tironeos entre los dirigentes gremiales para designar allí a alguien de confianza. Hugo Moyano pretendía ubicar al frente de esa dirección a un hombre propio, pero el entonces Presidente desistió porque significaba un poder inmenso que podría haber afectado las relaciones con otros sindicatos, ya que el líder camionero mantiene permanentes conflictos de encuadramiento para quedarse con afiliados de otro gremios, como Comercio, Alimentación o Carga y Descarga. El puesto finalmente recayó en Mónica Rissotto, abogada del sindicato de los taxistas que lideraba Jorge Omar Viviani, clásico rival de Moyano.

La captura de un hombre señalado por un homicidio ocurrido en el norte de Bogotá llevó a la Fiscalía General de la Nación a presentar ante un juez de control de garantías los detalles de una investigación que ahora avanza en la justicia. El caso está relacionado con la muerte de un joven en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, luego de un ataque ocurrido durante la tarde del pasado sábado 25 de julio.
Según la reconstrucción entregada por las autoridades durante la audiencia, el hecho se registró aproximadamente a las 2:50 p. m. La víctima caminaba por el sector cuando habría sido abordada por Julián Andrés Díaz Correal, quien presuntamente le pidió dinero. La Fiscalía señaló que, después de que el joven se negó a entregarle una moneda, el hombre habría sacado un arma cortopunzante que llevaba escondida y le causó una herida en el pecho. La gravedad de la lesión provocó que la víctima quedara tendida sobre la vía pública y falleciera minutos después.
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Durante la diligencia judicial, una fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá explicó la forma en la que, según la investigación, ocurrieron los hechos. “En ese momento, usted, Julián Andrés, le exigió al joven que le entregara dinero. Ante la negativa de él, extrajo de manera sorpresiva un cuchillo que tenía escondido y le propinó una herida en la región mamaria”, señaló la fiscal durante la audiencia.
El procedimiento de captura se realizó poco después del ataque. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ubicaron a Díaz Correal a varias cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio, luego de que, según las autoridades, intentara escapar del sitio. Al momento de su detención, el hombre habría manifestado su inocencia frente a las personas que lo señalaban como responsable del crimen. “Yo no he matado a nadie”, decía el señalado mientras era retenido por las autoridades.
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Posteriormente, una fiscal le imputó el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia, Díaz Correal no aceptó los cargos formulados en su contra, mientras la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El juez de control de garantías avaló la petición y ordenó su traslado a una prisión. La decisión corresponde a una medida preventiva dentro del proceso judicial y no representa una condena ni establece responsabilidad definitiva sobre el acusado.

De acuerdo con la determinación judicial, la medida busca garantizar la comparecencia del procesado ante las autoridades, proteger el desarrollo de la investigación y reducir posibles riesgos mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Díaz Correal mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.
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Aunque los primeros reportes ubicaron el caso cerca de la estación de Transmilenio Héroes, la información presentada durante la audiencia precisó que el lugar de los hechos corresponde al barrio Polo Club. Algunas versiones iniciales mencionaron como referencia la Autopista Norte con calle 81 y sectores cercanos a la calle 80.
La familia de la víctima también entregó detalles sobre lo ocurrido. En una entrevista con RCN, la hermana del joven explicó su versión de los acontecimientos y aseguró que el ataque ocurrió durante un intento de robo. “Esa persona se cruza con él y hubo un intento de robo. Esa persona, su accionar fue sacar el puñal y atentar al corazoncito de mi hermano”, afirmó.
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Además, hizo un llamado para evitar que otros jóvenes enfrenten situaciones similares y pidió mayores condiciones de seguridad para quienes salen diariamente a las calles. “No existan mas niños con el miedo y temor de salir a la calle, porque a el le arrebataron sus sueños, el quería trabajar el próximo año”. La investigación continuará mientras las autoridades recopilan elementos para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades dentro del proceso judicial.
En la previa de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, la administración Trump recurrió a la Corte Suprema para intentar aplicar partes de una orden ejecutiva sobre el voto por correo mientras continúa el litigio. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió suspender la decisión que bloquea esas disposiciones en los 23 estados demandantes y Washington D. C.
En los comicios de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de distintos cargos estatales y locales. De acuerdo con AP, el pedido llegó después de que un tribunal federal de apelaciones mantuviera el bloqueo sobre la disposición firmada por Trump en marzo.
Los magistrados consideraron que parte de su contenido podría exceder las facultades del Poder Ejecutivo e invadir competencias que la Constitución reserva a los estados y al Congreso para organizar los procesos electorales.
Entre las disposiciones cuestionadas, la orden instruye al gobierno federal a elaborar para cada estado una lista de ciudadanos considerados elegibles para votar. También dispone que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) entregue boletas electorales únicamente a las personas incluidas en esa nómina e implemente mecanismos seguros para rastrear los sobres enviados y devueltos.
La elaboración de las listas utilizaría información de distintas dependencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado.
De acuerdo con la presentación realizada por el Departamento de Justicia, el objetivo es reforzar la integridad del sistema electoral y reducir el riesgo de irregularidades durante la votación.
Los fiscales generales de 23 estados y Washington D. C. demandaron al gobierno para impugnar distintas disposiciones de la orden. Sostienen que el presidente excedió sus facultades porque la Constitución concede a los estados la administración inicial de las elecciones y permite al Congreso modificar esas reglas.
La jueza federal Indira Talwani falló a favor de los estados y bloqueó la mayor parte de las medidas cuestionadas dentro de esas jurisdicciones. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión por mayoría. El gobierno pidió ahora a la Corte Suprema que suspenda temporalmente el fallo, y las partes contrarias deberán responder a la solicitud antes del 3 de agosto.
Según AP, la presentación forma parte de la ofensiva que Trump mantiene desde hace años contra el voto por correo. El mandatario sostiene que esta modalidad facilita irregularidades, aunque autoridades electorales, tribunales y funcionarios de su propia administración no encontraron pruebas de fraude generalizado que hubiera alterado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.
En los últimos meses, además, la Casa Blanca impulsó otras iniciativas relacionadas con el sistema electoral. Entre ellas se encuentran:
La Corte Suprema deberá decidir si el gobierno puede comenzar a aplicar el decreto mientras el proceso judicial continúa en las instancias inferiores. La decisión definirá si las nuevas condiciones para el voto por correo entran en vigor antes de los comicios del 3 de noviembre, cuando EE.UU. renovará parte del Congreso.
El Senado de la Nación retomará el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. Entre otros cambios, la iniciativa propone eliminar las principales restricciones federales vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
En ese contexto, una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba mostró un amplio rechazo a esa modificación. De acuerdo con el estudio, el 77% de los argentinos considera que debe mantenerse un límite a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, mientras que solo el 16% se manifestó a favor de eliminar esas restricciones. El 7% restante respondió que no conoce el tema o no tiene una posición definida.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la politóloga y directora de la consultora, Paola Zuban, sostuvo que los resultados sorprendieron por el nivel de consenso registrado.
“El consenso social se inclina por limitar la compra de tierras por parte de los extranjeros. Nos llamó la atención el alto porcentaje. Pareciera que hay temas mayoritarios en la sociedad argentina que no se negocian”, afirmó.

La especialista consideró que la defensa de los límites a la extranjerización de tierras alcanza niveles de consenso similares a los que muestran otras políticas públicas.
“La salud y la educación pública tienen valores muy parecidos. En nuestra encuesta, el 77% rechazó eliminar las restricciones para la compra de tierras, mientras que el respaldo a la salud y la educación públicas ronda entre el 76% y el 77%”, comparó.
La discusión estaba prevista para la sesión del 16 de julio, pero el oficialismo resolvió postergar el tratamiento al no reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó pasar a un cuarto intermedio y continuar el debate después del receso legislativo.
El proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Si bien incorpora modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y tierras afectadas por incendios, uno de los puntos que genera mayor controversia es la reforma de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
La iniciativa elimina los principales límites nacionales para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, una propuesta que reabrió el debate sobre la soberanía territorial y el control de los recursos estratégicos.
Días atrás, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, estimó que más de 13 millones de hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros. Esa superficie representa cerca del 5% del territorio argentino, una extensión similar a la de Inglaterra.

Según explicó Zuban, el respaldo al proyecto se concentra principalmente entre quienes apoyan al Gobierno nacional.
“Claramente hay un altísimo porcentaje, casi la totalidad de ese 16%, que adhiere al Gobierno nacional y a las ideas libertarias. Son, sobre todo, varones jóvenes”, indicó.
No obstante, remarcó que el respaldo a la gestión de Javier Milei es considerablemente superior al apoyo específico que recibe esta propuesta.
“Si el 77% está en desacuerdo y solo el 16% está de acuerdo, hay un desfasaje con la aprobación del Gobierno, que hoy ronda entre el 33% y el 34%. Incluso muchas personas que votaron a Javier Milei o respaldan su gestión están en contra de esta reforma”, sostuvo.

La politóloga también aseguró que la mayoría de la población conoce el alcance de la iniciativa y no la reduce únicamente a las modificaciones sobre desalojos o usurpaciones.
“La narrativa que intentó instalar el Gobierno se concentró en la posibilidad de desalojar rápidamente a ocupantes ilegales o a inquilinos que incumplen con el pago. Sin embargo, la ley va mucho más allá”, explicó.
En ese sentido, afirmó que el 94% de los consultados manifestó conocer el contenido general del proyecto y vinculó el rechazo con la posibilidad de habilitar la compra de tierras por extranjeros sin las restricciones actuales.
“A la gente la interpela especialmente la posibilidad de que se puedan adquirir campos en zonas de frontera o con acceso a ríos, vías navegables y otros recursos estratégicos”, señaló.
Finalmente, Zuban consideró que el resultado de la encuesta podría influir en la discusión parlamentaria.
“Me parece que los legisladores sienten la presión de la ciudadanía. Habrá que ver qué pesa más: esa presión o las negociaciones que muchos gobernadores mantienen con el Gobierno nacional para la aprobación de distintas leyes”, concluyó.

Cinco galgos fueron rescatados en La Plata luego de un allanamiento por presunto maltrato animal. Los perros estaban enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición, y ahora se encuentran bajo atención veterinaria a cargo de la organización proteccionista Rescatando Narices Frías.
El procedimiento se realizó en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, tras una denuncia que alertó sobre la presencia de varios animales encerrados en una jaula.
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En el operativo participaron efectivos de la Policía junto a integrantes de Rescatando Narices Frías —que informaron el caso a través de un comunicado compartido en sus redes sociales—, quienes intervinieron para evaluar las condiciones en que se hallaban los animales.

Durante el allanamiento, el propietario del lugar accedió a entregar voluntariamente a los cinco perros. El hombre manifestó que no consideraba que las condiciones en las que se encontraban los animales constituyeran una situación de maltrato.
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Ante esa postura, desde la organización proteccionista le explicaron que mantener animales encerrados en jaulas vulnera su bienestar y no representa una forma adecuada de tenencia. Los galgos, además, presentaban un evidente cuadro de bajo peso y falta de alimentación.
Tras el rescate, los cinco animales fueron trasladados a un espacio seguro donde dieron inicio a su proceso de recuperación. La etapa que viene implica una serie de estudios y tratamientos: análisis de sangre, ecografías, radiografías, castraciones y controles clínicos para determinar el estado de salud de cada uno.
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Desde Rescatando Narices Frías describieron este momento como “la etapa más difícil”, dado el volumen de intervenciones veterinarias que deberán afrontar en los próximos días.
Los costos de esa atención no serán menores. Por eso, la organización anunció que pedirá colaboración para solventar los gastos que demande la recuperación de los animales. “Cada estudio, cada consulta y cada tratamiento tiene un costo, por eso cualquier colaboración será de enorme importancia para que estos cinco galgos puedan tener la oportunidad de empezar una nueva vida”, señalaron desde la entidad.
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Una vez que los animales reciban el alta médica y se encuentren en condiciones, los cinco galgos serán entregados en adopción responsable a familias que puedan garantizarles los cuidados necesarios.

Los vecinos de la calle 53 entre 195 y 196 de Lisandro Olmos, en La Plata, vivieron con indignación un hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad domiciliaria: un remisero atropelló a un perro y se fue del lugar sin detenerse. El episodio tuvo lugar pasadas las 9 de la mañana, hace dos semanas.
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Las imágenes muestran el instante en que el vehículo golpea al animal. El perro estaba tendido sobre el asfalto, pero el conductor disponía de margen suficiente para esquivarlo. En el momento del impacto, se escucha el quejido del can.
Después del golpe, el animal se puso de pie con gran dificultad a causa de las heridas. El conductor no frenó: primero metió marcha atrás y luego aceleró para seguir su camino.
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Una vecina que pasaba por el lugar fue testigo directo y, al ver que el chofer se retiraba sin más, le gritó: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.
El video se propagó con rapidez por los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los residentes pusieron en marcha una búsqueda para dar con la identidad del remisero y del vehículo, con el objetivo de presentar una denuncia penal.
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El rechazo se extendió más allá de los vecinos del sector: organizaciones proteccionistas de animales también se plegaron al reclamo y exigen que el responsable dé explicaciones ante la Justicia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve, lluvia, viento y frío extremo en Neuquén y Río Negro para este miércoles 29 y jueves 30 de julio. Las zonas afectadas y los peores horarios.
El organismo nacional emitió alerta por bajas temperaturas en toda la Patagonia, la cual se escala a «rojo» en algunos sectores de Santa Cruz.
La alerta amarilla que rige en Neuquén y Río Negro significa que el frío puede provocar un «efecto leve a moderado en la salud«, y añadieron que las bajas temperaturas que se registrarán «pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas«.
Entre las zonas afectadas en ambas provincias se encuentran:

A su vez, para mañana el SMN también emitió alerta amarilla por nieve en un sector de la cordillera de Neuquén. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia«, detalla el parte.
Entre las zonas afectadas en horas de la noche de este 29 de julio están:

La alerta amarilla por nieve continuará vigente en algunos sectores de Neuquén y Río Negro este jueves 30 de julio.
Del lado rionegrino, las zonas afectadas en horas de la mañana son:
Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla por nieve en horas de la mañana son:
Después, la alerta regirá en horas de la noche en:
Por otra parte, el SMN también emitió alerta amarilla por lluvias para este jueves 30. «El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada», acotaron.
Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta por lluvia únicamente en horas de la madrugada son:
En donde la alerta por lluvia regirá desde la madrugada hasta la mañana inclusive es en:
Después, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por lluvia únicamente en horas de la tarde son:
Del lado neuquino, estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la madrugada en:
Las zonas bajo alerta en la madrugada y la mañana inclusive este 30 de julio son:
Por su parte, las zonas con alerta por lluvia durante la tarde son:
Por último, el SMN emitió alerta por viento para este jueves 30 en Neuquén. «El área será afectada por vientos del sector noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«, acotaron.
Las zonas que estarán afectadas desde la tarde hasta la noche inclusive son:

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, echó este martes a Darío Genua, quien oficiaba como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
El funcionario saliente respondía al estratega Santiago Caputo, pero tenía diferencias de larga data con Santilli, que apenas puso un pie en la Jefatura de Gabinete comunicó que quería ubicar otro nombre al frente del área.
“Fue una decisión del ministro”, reportaron a LA NACION fuentes oficiales de la Casa Rosada. Acto seguido, Genua presentó la renuncia.
Según informaron en el Gobierno, Santilli comienza así con el reordenamiento de áreas que heredó en su papel de jefe de Gabinete tras reemplazar a Manuel Adorni.
Más allá de que esto le quita al asesor un área importante que tenía bajo su conducción, y de que sectores del karinismo se entusiasman con sacarle poder en medio de la interna oficialista, distintas voces del Gobierno coinciden en que la distancia entre Santilli y Genua era irreconciliable.
Pero con el descabezamiento del área de Innovación queda una vacante para que Santilli ubique un propio, con injerencia de la secretaria general, Karina Milei, y los suyos. Por ahora, el reemplazo no está confirmado.
Como ya adelantó LA NACION el 14 de julio pasado, la salida de Genua era vox populi en Balcarce 50. En ese momento, Santilli ya había cambiado áreas importantes que dependían de la Secretaría de Innovación, es decir, de Genua y por ende de Caputo.
Por decreto, tres organismos que respondían a Innovación pasaron a tener terminal en Santilli. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se giró en línea directa a la Jefatura de Gabinete, mientras que la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial quedaron a cargo del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, que es la mano derecha de “El Colo”.
Las direcciones de las áreas se mantuvieron en gente de Santiago Caputo. Una parte del Gobierno buscó explicar que el enroque había sido acordado.
Quienes conocen los movimientos del asesor advierten que está en buena sintonía con Santilli y que ambos tienen sus acuerdos que -por ahora- marchan. Dicen los que saben que el caputismo no ve en el jefe de Gabinete un funcionario que haya llegado a la coordinación de los ministros con “ánimos de romper” y que espera un relevo de Genua que trabaje en equipo.
No obstante, Santilli -un equilibrista a lo largo de su extensa carrera política- tomó la posta de Adorni promocionado por Karina Milei, quien puso la confianza en él respecto de un cargo clave en la gestión. El Presidente no dudó en ascenderlo.
Desde el triunfo en las elecciones de 2025, el karinismo intentó ganar poder en el esquema oficialista. La secretaria general junto a sus laderos, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lograron dar un zarpazo en el Ministerio de Justicia cuando desplazaron sin previo aviso a Sebastián Amerio tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, y promocionaron a la dupla Juan Mahiques y Santiago Viola.
Después, con el escándalo Adorni -un fiel de Karina Milei-, la avanzada mermó aunque siempre forma parte del ideario de aquellos que se referencian en la hermana presidencial. Por ahora, no hubo otro movimiento de fuste en áreas clave que maneja el asesor como la SIDE o ARCA.
En este caso, Caputo resigna un eslabón. Parte del Gobierno da por descontado que Santilli desembarcará en esa secretaría con gente propia, pese a que todavía el reemplazo no fue confirmado oficialmente y -aseguran- está en debate.
En esa dependencia del Estado, Santilli ya tiene una terminal: el actual subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.