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En los próximos diez años, Argentina podría protagonizar el mayor ciclo de inversiones mineras de su historia. Los proyectos de cobre, litio, oro y plata en distintas etapas de desarrollo prometen transformar al país en uno de los principales productores de minerales críticos, convirtiendo al sector en un pilar indiscutible de la matriz exportadora.
Durante años, el debate público y político se concentró casi exclusivamente en cómo atraer esos dólares y qué marcos impositivos ofrecer. Sin embargo, hoy la pregunta urgente debería ser otra: ¿estamos formando a las personas que harán posible esa nueva minería?
No es un interrogante menor. Según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), solo los siete proyectos de cobre más avanzados podrían generar alrededor de 125.000 puestos de trabajo durante su fase de construcción y cerca de 100.000 empleos, entre directos e indirectos, durante la operación. Si sumamos el desarrollo del litio y la continuidad de la minería metalífera tradicional, la demanda laboral crecerá de manera exponencial.
Pero el verdadero desafío excede por mucho la contratación directa en la boca de mina. Cada proyecto moviliza un denso entramado de pymes proveedoras que suele pasar inadvertido: metalmecánicas, constructoras, firmas de ingeniería, desarrolladoras de software, laboratorios, transportistas y especialistas en automatización y gestión ambiental.
La minería del siglo XXI no solo requerirá geólogos o ingenieros de minas; demandará técnicos electromecánicos, operadores de equipos autónomos, programadores, analistas de datos, soldadores de alta precisión y especialistas en ciberseguridad industrial. Se trata de perfiles que hoy escasean en el mercado local y cuya formación técnica requiere años de planificación estratégica.
La experiencia internacional demuestra que ningún país minero exitoso dejó el desarrollo de su capital humano librado a las dinámicas inerciales del mercado. En los casos más virtuosos, la competitividad no se define por la riqueza de las rocas bajo el suelo, sino por la solidez de las instituciones que se construyen sobre la superficie.
Australia es el ejemplo arquetípico de este enfoque. Allí, empresas, institutos técnicos y el prestigioso centro de investigación estatal CSIRO operan coordinadamente en un ecosistema que no solo volvió eficiente su extracción, sino que dio origen a una poderosa industria global de tecnología y servicios mineros (METS).
En la misma línea, Canadá creó el Mining Industry Human Resources Council (MiHR) para anticipar vacantes críticas y estandarizar competencias junto al sistema educativo antes de que la escasez de talento se volviera un cuello de botella. Chile, nuestro vecino y principal productor de cobre del mundo, hace lo propio mediante el Consejo de Competencias Mineras (CCM-Eleva), alineando los planes de estudio técnico-profesionales con las tecnologías de vanguardia que efectivamente se utilizan en las operaciones modernas.
Este fenómeno no es exclusivo de los gigantes tradicionales. Finlandia y Suecia, con volúmenes de extracción más acotados, se consolidaron como líderes de tecnología y automatización aplicada a la minería inteligente porque entendieron que el valor real reside en el conocimiento y la ingeniería de procesos.
Noruega, por su parte, utilizó históricamente la renta del Mar del Norte para financiar universidades y transferencia tecnológica hacia proveedores locales con una premisa clara: el objetivo final no era solo extraer crudo, sino sembrar capacidades profesionales que sostuvieran la economía nacional mucho después del agotamiento de los yacimientos.
Espesor institucional
El denominador común de estas naciones es lo que en la literatura de desarrollo se conoce como “espesor institucional”: una red densa y conectada de universidades, empresas, centros tecnológicos y agencias públicas que cooperan activamente para que el aprendizaje no se evapore con el fin del yacimiento.
Argentina necesita con urgencia dotarse de ese espesor institucional si quiere evitar que este auge sea un simple proceso extractivo de paso. Para lograrlo, es momento de impulsar una Política Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Minería, cuyo eje articulador sea la creación de un Instituto Nacional de Capacidades Mineras. No debemos pensar en esto como un nuevo establecimiento educativo que compita con las universidades o escuelas técnicas existentes, sino como una arquitectura de coordinación inteligente.
Su misión estratégica debería centrarse en identificar los perfiles laborales que demandará la industria a mediano y largo plazo, coordinar la actualización de la oferta técnica existente, certificar competencias a nivel federal para facilitar la movilidad del trabajador y capacitar a las pymes locales para integrarlas con éxito en la cadena de valor global.
Contamos con un antecedente valioso en nuestro propio territorio. La experiencia del Instituto Vaca Muerta demostró que es posible sentar en una misma mesa a empresas, sindicatos, gobiernos provinciales y al sistema educativo para formar trabajadores con los estándares de seguridad y eficiencia que requiere una industria de escala mundial. La minería tiene la oportunidad de capitalizar este aprendizaje y replicarlo con una mirada profundamente federal, adaptándolo a las realidades geográficas e identidades de cada una de las provincias cordilleranas.
La discusión minera suele estar monopolizada por variables macroeconómicas, regímenes cambiarios e infraestructura de transporte. Todos estos factores son indispensables, pero corren el riesgo de volverse estériles si descuidamos el factor humano.
la verdadera riqueza
Durante décadas, nos convencimos de que nuestra ventaja competitiva estaba oculta bajo la tierra, pero el siglo XXI nos demuestra que la verdadera riqueza se construye en la superficie: en las aulas, los talleres, los laboratorios y las pymes donde los trabajadores se transforman en el motor del desarrollo tecnológico.
Las minas tienen una vida útil finita y los minerales, tarde o temprano, se agotan. Las capacidades construidas en las personas, en cambio, son permanentes. De nuestra audacia para entender esta sutil diferencia dependerá que el próximo boom minero deje en Argentina algo más que un saldo comercial favorable: una economía genuinamente competitiva, innovadora y desarrollada para las próximas generaciones.
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El 17 de julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) informó que recuperó más de 500.000 dólares en salarios atrasados en California para seis empleados de A Chau Sandwich, una tienda de delicatessen de San Diego. El monto correspondía a la diferencia por remuneraciones inferiores al mínimo local y primas por horas extras que la empresa había omitido.
La División de Salarios y Horas investigó a Chau Deli, que opera bajo el nombre de A Chau Sandwich. Los agentes determinaron que el establecimiento abonaba una tarifa fija de US$100 por día, aunque sus empleados solían completar jornadas de 11 horas, explicó el DOL en un comunicado.
Cada integrante del personal trabajaba un promedio de 55 horas semanales. La pesquisa concluyó que la remuneración habitual quedaba por debajo del salario mínimo local aplicable.
La empresa tampoco pagaba las primas correspondientes al tiempo que superaba las 40 horas por semana. Esta práctica infringía la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).
La intervención permitió recuperar un total de US$500.256. Cada una de las seis personas afectadas recibió aproximadamente US$83.000 por los pagos que el comercio había omitido.
Andrew Rogers, administrador de la división, afirmó que el organismo mantiene su compromiso con la aplicación de las protecciones laborales federales para los trabajadores.
El funcionario también señaló que la agencia está “preparada para ayudar a los empleadores a comprender y cumplir” las normas bajo su competencia.
El organismo cuenta con una herramienta de búsqueda para quienes consideren que la agencia recuperó fondos que les corresponden. Empleados y empleadores también pueden realizar consultas o solicitar asistencia sobre cumplimiento normativo mediante la línea gratuita 866-4US-WAGE, equivalente al 866-487-9243.
A su vez, la agencia ofrece el programa PAID, que permite a los empleadores informar voluntariamente y resolver posibles infracciones relacionadas con el salario mínimo y las horas extras conforme a la FLSA. La iniciativa incluye determinadas faltas contempladas en la Ley de Licencia Familiar y Médica.
La aplicación DOL-Timesheet puede utilizarse cuando el reloj de fichaje está averiado, el sistema de la empresa registra mal una jornada o existen diferencias con los datos del supervisor. También habilita comprobar si el empleador contabilizó y pagó todas las horas.
El procedimiento para los empleados consta de los siguientes pasos:
Los empleadores acceden a funciones similares, pero pueden incorporar varios trabajadores y registrar el inicio de la jornada de cada uno por separado. Esta opción permite controlar las horas y calcular los pagos correspondientes.
El DOL anticipó futuras actualizaciones destinadas a quienes reciben propinas o cobran según la cantidad de trabajos completados.
Sin feriado nacional ni festejos, la llegada del grupo de jugadores y cuerpo técnico del seleccionado argentino que aterrizó en el país tras la caída 1 a 0 frente a España se redujo a un recibimiento “protocolar” en Ezeiza. Con la participación de Granaderos, la Fanfarria Alto Perú y en medio de una imponente custodia policial, el agasajo fue coordinado entre la secretaría general de la Presidencia, que encabeza Karina Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde donde hicieron saber que los subcampeones del mundo no querían una recepción masiva. “Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos. No hay intención de los jugadores y el cuerpo técnico de ningún festejo”, aclararon fuentes de la Casa Rosada.
El cambio de planes se produjo horas después de que el propio Presidente, Javier Milei, anunciara -en la misma noche de la final en Nueva Jersey- un feriado nacional condicionado a lo que decidieran los jugadores.
“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió el mandatario ya en la medianoche del lunes. El mensaje dejaba la iniciativa política en manos del Gobierno, pero supeditada a una condición que terminaría siendo determinante: la voluntad del plantel. Finalmente, la idea del feriado se fue diluyendo con el correr de las horas y el lunes transcurrió como una jornada laboral normal, aunque con millones tratando de digerir el sabor amargo de la derrota.
Pese a ello, cerca de Milei descartaron la propuesta como una decisión apresurada antes de saber qué haría la selección e insistieron en que desde el primer momento la línea a seguir era la que impusieran los jugadores.
Incluso, ya tras el agónico triunfo ante Egipto en octavos de final el Presidente había ofrecido vaciar el edificio de gobierno de funcionarios para que el plantel pudiera usarlo como escenario del festejo, sin intervención política visible.
El mandatario también había deslizado la existencia de sedes alternativas para un eventual recibimiento, aunque no llegó a precisar cuáles. En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, llevaba días de gestiones con autoridades de la ciudad de Buenos Aires y mantenía contactos con la Provincia para delinear el operativo de custodia del plantel.
El quiebre
Contra lo que pretendía el Gobierno, la AFA le hizo saber a los funcionarios nacionales que -con el sueño del bicampeonato frustrado- no había ánimos para ningún tipo de celebración pública. Tras lo cual fuentes oficiales aceptaron el cambio de planes, pero subrayaron que la decisión de no festejar había sido tomada por los propios futbolistas. “No hubo margen de negociación para torcer esa voluntad”, admitió un funcionario, al ratificar que el feriado había sido descartado.
A eso se sumó otro dato que terminó de achicar cualquier expectativa de acto público: buena parte de la delegación, con Lionel Messi a la cabeza, optó por no viajar junto al resto del equipo y, en cambio, partió directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reintegrarse a sus clubes o para tomarse vacaciones.
Así, entre idas y vueltas, se pasó en cuestión de horas de la posibilidad de una jornada no laborable y un festejo con la Casa Rosada como escenario a un recibimiento protocolar sin feriado ni la presencia de funcionarios nacionales.
Fuerte operativo de seguridad
Con Messi como uno de los grandes ausentes, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que pasadas las 18 aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente de Nueva York viajaron -junto al cuerpo técnico y el presidente de la AFA- Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.
Desde el aire, lo primero que vieron los dirigidos por Lionel Scaloni fue un “¡Gracias!” gigante pintado en uno de los espacios verdes que bordean la pista de aterrizaje. La inscripción, de unos 150 metros de longitud, demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor. Cerca de allí, los esperaban familiares y miles de hinchas decididos a sortear la persistente lluvia que cayó ayer y el férreo cordón de seguridad que se montó en la zona.
La aeronave que trasladó a los jugadores no descendió en la terminal principal, sino que se dirigió directamente al Hangar 5, uno de los espacios de mayor capacidad del aeropuerto, donde se desplegó la alfombra roja para recibir al seleccionado que desembarcó al ritmo de la fanfarria de granaderos a caballo que interpretó el hit mundialista “Muchachos”.
En cuanto al operativo de seguridad, se informó oficialmente que el dispositivo fue coordinado de manera conjunta entre la ministra Monteoliva, funcionarios de la Provincia y de la ciudad de Buenos Aires. En total se desplegaron más de 2.000 efectivos de distintas fuerzas “con el objetivo de resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación”.
Más de 2.000 efectivos de distintas fuerzas custodiaron la llegada del plantel
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La seguidilla de robos y actos vandálicos contra clubes de barrio de la Región no se detiene. En el contexto generalizado de una inseguridad que alcanza a todos, podría decirse que existe un especial ensañamiento contra estas entidades que vienen prestando servicios educativos, sociales, deportivos y recreativos a muchos miles de asociados en La Plata, Berisso y Ensenada.
Lo cierto es que ahora el turno de ser víctima de un delito le tocó al tradicional Club Social de Berisso. En los últimos días, delincuentes desconocidos ingresaron durante la madrugada a su sede ubicada en 8 entre 166 y Avenida Montevideo de esa ciudad, robaron y lograron escapar con parte de lo recaudado por el buffet tras forzar una ventana.
El hecho se descubrió en plena madrugada, cuando la cuando la empresa de monitoreo emitió un alerta sobre la activación de la alarma y la presencia de una persona dentro del edificio.
Un directivo se dirigió de inmediato a la institución y, junto a efectivos policiales, recorrió las instalaciones. Durante la inspección se comprobó que un acceso ubicado en la parte trasera, en el sector del depósito, había sido violentado, presumiéndose que por allí ingresaron los autores del robo. Sin embargo, al momento de la llegada de la Policía, los sospechosos ya habían escapado, pudiéndose constatar que habían forzado la caja registradora del buffet llevándose la suma de 70 mil pesos.
Posteriormente, al revisar las imágenes de las cámaras, se habría comprobado que el hecho habrían participado al menos dos personas y una de ellas aparentemente una mujer. Según la denuncia, habrían escapado por un baldío ubicado detrás de la institución.
Las páginas policiales de este diario registran numerosas situaciones similares que se presentan en clubes ubicados en los cuatro puntos cardinales de la Región. Y se conoce que directivos de las instituciones y los dirigentes de la federación que los representa mantienen constantes reuniones con autoridades policiales y funcionarios del área de Seguridad. Sin embargo, la ola delictiva no cesa.
En uno de esos encuentros los funcionarios cerraron el compromiso de otorgarles botones antipánico a las entidades que cuenten con caseros y la promesa de que aumentarían los patrullajes policiales, aunque, según dijeron “no se cumplió con nada de lo prometido”.
Sin dejar de tomar en cuenta el complejo contexto social, existen dos aspectos sobre los cuales las autoridades debieran profundizar acciones: el primero de ellos, en el educativo, inculcando en la sociedad principios de respeto a la obra que despliegan las entidades de bien público; el segundo y tan importante como el anterior, la actividad policial preventiva, reflejada en un aumento de los patrullajes y en las mínimas tareas de inteligencia barrial que debería realizar para poder identificar a los autores de estos delitos.
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La posibilidad de que avance la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y de la Ley del Libro volvió a encender las alarmas en el sector editorial argentino. En La Plata, donde funcionan numerosas librerías independientes que además desarrollan actividades culturales, la preocupación se centra en las consecuencias que una eventual desregulación podría tener sobre el ecosistema del libro.
Las entidades que representan a libreros, editores, distribuidores, imprentas, autores y bibliotecas comenzaron una campaña para visibilizar lo que consideran una amenaza para una actividad que involucra a miles de trabajadores en todo el país. Según advierten, la discusión no sólo afecta a quienes venden libros, sino también a toda la cadena de producción y circulación cultural.
Desde la Federación Argentina de Librerías (Falpa), su presidente Jorge García sostuvo que los comercios independientes serían los primeros perjudicados si se elimina el sistema actual. “Lo primero que va a desaparecer es la librería porque es el eslabón más débil. Ni hablar de las librerías del interior”, señaló en diálogo con EL DIA.
La Ley de Defensa de la Actividad Librera establece un sistema de precio uniforme que obliga a que un mismo libro tenga el mismo valor en cualquier punto de venta del país. Para los representantes del sector, esta herramienta evita que los grandes actores comerciales compitan exclusivamente mediante descuentos agresivos y permite que las librerías más pequeñas puedan sostenerse.
Según García, la experiencia de países que eliminaron mecanismos similares demuestra que la competencia termina favoreciendo a las empresas con mayor capacidad económica. Citó el caso de Inglaterra, donde la desaparición de regulaciones derivó en el cierre de miles de librerías y en una fuerte concentración del mercado editorial.
el rol cultural
En City Bell, la librera Ana Borean considera que existe una idea equivocada sobre los efectos que podría tener la derogación.
Según relató, en una primera etapa podrían aparecer promociones y descuentos importantes sobre determinados títulos, especialmente aquellos de gran venta. Sin embargo, advirtió que esa situación beneficiaría principalmente a grandes cadenas, supermercados o plataformas de venta online. “Las librerías independientes no tenemos la espalda económica para competir con esos márgenes. Lo que termina ocurriendo es que muchas empiezan a cerrar y el mercado se concentra cada vez más”, sostuvo.
Para la librera, el problema no es solamente económico. También cree que una eventual concentración afectaría a las editoriales pequeñas y medianas que hoy sostienen gran parte de la diversidad literaria argentina. “Muchas editoriales independientes son las que publican por primera vez a escritores nuevos. Si esas editoriales desaparecen, también se reducen las oportunidades para que aparezcan nuevas voces”, señaló.
Borean remarcó además que las librerías de barrio cumplen una función que excede ampliamente la venta de ejemplares. En muchos casos organizan presentaciones de libros, talleres de lectura y escritura, encuentros con autores y actividades que fortalecen la vida cultural de cada comunidad. “La competencia hoy no pasa por quién vende más barato. Pasa por el asesoramiento, por conocer a los lectores, por recomendar un libro que sabemos que puede interesarle a determinada persona. También por generar espacios de encuentro alrededor de la lectura”, explicó.
En ese sentido, destacó que muchas librerías independientes funcionan como una puerta de entrada para autores locales que encuentran allí un lugar para difundir sus obras. “Hay escritores que editan sus libros de manera autogestiva y las librerías los ayudan a llegar a los lectores. Todo eso también podría perderse”, advirtió.
Las entidades del sector sostienen que la discusión tampoco debería limitarse al precio de los libros. Recuerdan que la Ley de Defensa de la Actividad Librera no implica subsidios ni gastos para el Estado y que su objetivo principal es garantizar condiciones de competencia similares para todos los actores de la cadena.
Mientras continúan las gestiones para abrir instancias de diálogo con legisladores, la incertidumbre crece entre los libreros. En ciudades como La Plata, donde muchas librerías se convirtieron en espacios culturales de referencia para sus barrios, el temor es que una eventual derogación termine afectando no sólo a los comercios sino también a la diversidad editorial, las fuentes de trabajo y la vida cultural que gira alrededor de los libros.
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El consumo de carne vacuna cayó más de 11 por ciento en el primer semestre del año, a la par de una aceleración en los precios de los cortes, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
El reporte reflejó que el consumo aparente de carne vacuna durante el primer semestre del año se situó en 1,02 millones de toneladas, lo que representa una caída del 11,5 por ciento anual en comparación con el mismo período de 2025. En términos absolutos, el mercado doméstico absorbió unas 131.830 toneladas menos que el año anterior.
EL CONSUMO POR HABITANTE
Esta retracción se refleja con claridad en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos 12 meses indica que el consumo per cápita anual se ubicó en 47 kilos, resultando un 8,2 por ciento menor al promedio registrado en junio del año pasado, lo que equivale a una pérdida de 4,2 kg por habitante al año.
La caída del consumo está ligada a la dinámica de los precios minoristas. Aunque el ritmo de crecimiento del nivel general de precios al consumidor se desaceleró en junio (1,9% mensual), el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 45,0 por ciento anual, superando el incremento del IPC general, que fue del 33,4 por ciento.
Al analizar específicamente los cortes vacunos, el aumento de precios fue mayor ya que escaló al 53,6 por ciento anual en junio. En contraste, el precio del pollo avanzó a un ritmo inferior, con un alza del 29,9 por ciento anual. En los últimos doce meses, el kilo de carne vacuna se encareció un 18,3 por ciento en relación con el kilo de pollo.
ESTABILIZACIÓN
Sin embargo, el informe destaca que en el último trimestre se ha observado una fase de estabilización de precios. En junio, el precio promedio de los cortes vacunos registró una leve baja del 0,1 por ciento mensual.
Dentro de esta tendencia, se destacaron las caídas en el precio del asado (-1,8%), la nalga (-0,9%) y el cuadril (-0,5%), mientras que la carne picada común subió un 2,1 por ciento y la paleta un 0,6 por ciento.
La debilidad de la demanda local ha alterado la distribución de la producción nacional. En el primer semestre de 2026, el mercado interno absorbió el 71,4 por ciento de la carne producida, una cifra menor al 75,6 por ciento que representaba en el mismo periodo de 2025.
Mientras el consumo doméstico retrocede, las exportaciones muestran una dinámica opuesta, con un crecimiento del 10,2 por ciento interanual en el volumen enviado al exterior durante la primera mitad del año.
Esta tracción externa, liderada por la ampliación de la cuota con Estados Unidos, compensa parcialmente la baja actividad de la industria frigorífica, que en junio operó con niveles históricamente bajos debido a la menor oferta de hacienda.
El comportamiento del consumo refleja el impacto que todavía tiene la pérdida de poder adquisitivo de los hogares sobre los alimentos de mayor valor. En ese contexto, muchas familias continúan reemplazando la carne vacuna por opciones de menor precio, como el pollo o el cerdo, una tendencia que el sector viene observando desde hace varios años y que se profundizó durante el último semestre.
Desde la industria también señalaron que, pese al leve retroceso de algunos cortes durante junio, todavía no se advierte una recuperación sostenida de la demanda en las carnicerías. El menor nivel de compras obligó a moderar los ajustes de precios registrados en los primeros meses del año, cuando la carne había mostrado incrementos muy por encima de la inflación general.
En este escenario, el sector frigorífico mantiene expectativas de que una eventual recuperación del poder de compra de los salarios permita recomponer parcialmente las ventas durante la segunda mitad del año. Sin embargo, las empresas advierten que la evolución del consumo seguirá condicionada por el comportamiento de los ingresos y por la brecha de precios entre la carne vacuna y otras proteínas de menor costo.
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El ganador de la Copa del Mundo alzó un trofeo, recibió por primera vez anillos de campeón y ganó una vida entera de gloria en lo que será un momento definitorio en la historia deportiva del país. Pero también recibirá un pago importante: se lleva (España) 51 millones de dólares. El segundo premio (Argentina) es de 34 millones de dólares.
La FIFA amplió los pagos para la Copa del Mundo de 2026, estableciendo una bolsa récord de 871 millones de dólares pagados a los 48 equipos participantes. Esa cifra incluye más de 100 millones de dólares que se añadieron en abril después de que algunas federaciones de Europa presionaran para obtener ayuda a fin de cubrir costos en un torneo repartido en tres países, que ha requerido amplios gastos de viaje y alojamiento.
Los 51 millones de dólares son una suma enorme, pero también palidecen en comparación con las fortunas que se gastan en el fútbol mundial. Además, es menos de lo que ganó el campeón del Mundial de Clubes del año pasado en un torneo que también se jugó en Estados Unidos.
Para ponerlo en perspectiva, los 51 millones de dólares para el campeón son menos que la tarifa de traspaso que pagó el club inglés Brighton por un defensor de 19 años que pasó la mayor parte de la Copa del Mundo en el banquillo: el croata Luka Vuškoviæ.
Cómo se reparte
La FIFA paga dinero a las 48 federaciones en dos categorías: bonificaciones de premios según hasta dónde avance cada equipo en el torneo y pagos generales para cubrir costos de entrenamiento y preparación.
Los 48 reciben al menos 12,5 millones de dólares por competir en la Copa del Mundo, incluidos 10 millones de dólares en premios por clasificarse y jugar la fase de grupos. Cada uno recibe 2,5 millones de dólares para entrenamiento y gastos previos al torneo. Ese dinero inicial se acordó en Copas del Mundo anteriores para ayudar a evitar tensiones antes del torneo.
El dinero de premios aumenta según hasta dónde avancen los equipos. Algunas federaciones, especialmente de Europa, habían dicho a la FIFA que la estructura de premios y los pagos por costos de preparación fijados el año pasado harían que perdieran dinero con el torneo, a menos que su equipo llegara lejos.
El presidente de la federación francesa, Philippe Diallo, comentó al diario deportivo L'Equipe que durante varios meses había llamado la atención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre que los equipos no estaban siendo recompensados adecuadamente, en comparación con lo que obtuvo el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, hace un año. Fueron 115 millones de dólares, después de que la FIFA tuviera que prometer una recompensa de nueve cifras que persuadió a históricos clubes europeos a disputar la renovada competencia.
Los equipos de la Copa del Mundo que juegan partidos en Estados Unidos también afrontaron algunas obligaciones fiscales de las que están exentos en Canadá y México.
Fueron 42 millones de dólares los que recibió Argentina por ganar el torneo de 2022 en Qatar. Esa edición de 32 equipos tuvo un fondo total de premios de 440 millones de dólares.
Además de las sumas de los pagos y según el reglamento de la Copa del Mundo, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas, que incluye a los jugadores. Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que quede eliminado.
La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 miembros de la delegación, y “una flota dedicada de vehículos, incluido un camión para el equipamiento”.
Las federaciones de fútbol de los equipos de la Copa del Mundo deben pagar “un seguro adecuado... que incluya, entre otros, lesiones, accidentes, enfermedades y viajes”, además de “costos incidentales de hotel” y el alojamiento de miembros adicionales de una delegación.
El mayor honor, por supuesto, es el trofeo de la Copa del Mundo. El original no se entrega de manera permanente. En su lugar, a los ganadores se les entregará una réplica bañada en oro, que sí pueden conservar.
En cuanto al dinero de premios de la Copa del Mundo, la FIFA se lo paga a las federaciones, no a los jugadores. La manera en que se maneja el dinero depende de las reglas de cada federación.
Por ejemplo: la federación de fútbol de Estados Unidos podrá quedarse con el 20% del dinero de premios. El 80% restante que reciba la selección masculina de fútbol se dividirá en partes iguales entre las selecciones nacionales masculina y femenina, después de que en 2022 llegaron a un acuerdo histórico para pagar por igual a sus equipos masculino y femenino, lo que convirtió al organismo rector nacional estadounidense en el primero del deporte en prometer a ambos sexos la misma remuneración.
AP
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La forma en que los habitantes del Gran La Plata se trasladan por la ciudad atraviesa una transformación profunda. La combinación entre la crisis del transporte público tradicional, la pérdida de regularidad en los servicios y la expansión de las plataformas digitales modificó las decisiones diarias de miles de usuarios, que cada vez recurren con mayor frecuencia a alternativas como Uber, Cabify y DiDi. Los resultados parciales de la Encuesta de Movilidad Cotidiana 2026 elaborada por el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata muestran un cambio de tendencia que ya impacta en la dinámica urbana de la región.
El relevamiento fue desarrollado por el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC), perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con respaldo del CONICET. El Observatorio de Movilidad del Gran La Plata trabaja sobre los patrones de traslado de la población, los modos elegidos para viajar y las condiciones que influyen en las decisiones de los pasajeros. La presentación formal de la encuesta se realizó en abril, con participación de investigadores y especialistas en planificación urbana, pero los resultados fueron publicados hace unos días.
Los primeros datos difundidos muestran un fenómeno claro: dentro del universo de viajes realizados mediante servicios individuales como aplicaciones, taxis y remises, las plataformas digitales se quedaron con la mayor parte de la demanda. El 62,9% de los usuarios consultados afirmó utilizar Uber, Cabify o DiDi en la modalidad auto, mientras que el 22,8% señaló que utiliza esas mismas plataformas mediante motos.
En comparación, los servicios tradicionales quedaron relegados dentro de ese segmento. El taxi representa el 8,9% de las elecciones y el remis apenas alcanza el 5,4%. De esta manera, la encuesta expone que aproximadamente cuatro de cada cinco viajes que utilizan estas modalidades se realizan mediante aplicaciones digitales, una tendencia que refleja un cambio acelerado en los hábitos de movilidad.
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la frecuencia con la que los usuarios incorporaron estas plataformas. Los datos indican que las aplicaciones ya no funcionan solamente como una solución ante una emergencia o una situación puntual, sino que forman parte de la organización cotidiana de muchas personas que viven, estudian o trabajan en el Gran La Plata.
El 13,9% de los encuestados aseguró utilizar estos servicios todos los días, mientras que el 31,7% manifestó hacerlo entre tres y cuatro veces por semana. A su vez, el 28,3% los utiliza una o dos veces por semana. En conjunto, casi la mitad de los usuarios recurre a estas plataformas con una frecuencia alta, convirtiéndolas en un componente estable dentro de sus rutinas de traslado.
El crecimiento de las apps también está vinculado con una serie de ventajas que los usuarios identifican frente a otros modos de transporte. Entre las respuestas recogidas aparecen como factores determinantes la posibilidad de conocer el precio antes de iniciar el viaje, seguir el recorrido en tiempo real mediante GPS y contar con información permanente sobre la ubicación del vehículo.
La seguridad aparece como otro elemento central. Algunos testimonios incluidos en la encuesta reflejan que las demoras del colectivo durante determinados horarios generan preocupación. “A la noche muchas veces el micro no pasa o tengo que esperar mucho tiempo en lugares inseguros”, explicó uno de los usuarios consultados, poniendo en evidencia cómo la percepción de riesgo influye en la elección del modo de viaje.
La voz de los pasajeros
Los testimonios recogidos por el Observatorio muestran una paradoja: muchos pasajeros consideran que las aplicaciones son caras, pero igualmente las utilizan porque sienten que el transporte público dejó de garantizar tiempos previsibles. La variable económica pierde peso cuando la necesidad principal es llegar a destino sin demoras.
“A pesar de ser un servicio caro, no me queda opción al usarlo, en colectivo tardo mucho más tiempo y no puedo cumplir con mis horarios”, fue una de las respuestas registradas. La frase resume una percepción repetida: el usuario acepta pagar más cuando considera que el transporte público no cumple con las condiciones necesarias para sostener su vida cotidiana.
Otra opinión incluida en el relevamiento señala: “Solo uso Uber cuando el micro no pasa a horario”. Este tipo de respuesta muestra que, en muchos casos, las aplicaciones no reemplazaron completamente al colectivo, sino que funcionan como una alternativa frente a fallas del sistema, especialmente cuando hay demoras o problemas de frecuencia.
Los pasajeros también realizaron comparaciones vinculadas con la calidad del servicio. Algunos destacaron que los vehículos de las plataformas suelen encontrarse en mejores condiciones de higiene y mantenimiento. Otros mencionaron situaciones en las que el taxi terminó teniendo un costo superior al de una aplicación para un mismo recorrido, una percepción que también influye en las decisiones de los usuarios.
La crisis del transporte público
El crecimiento de las plataformas digitales ocurre en un contexto de fuerte tensión para el transporte público del Gran La Plata. El sistema de colectivos, que históricamente fue el principal mecanismo de movilidad masiva en la región, atraviesa desde hace años un proceso de pérdida de pasajeros y dificultades económicas que afectan la calidad del servicio.
Los estudios sobre movilidad urbana realizados por instituciones académicas de la región muestran que el transporte público sufrió una caída importante en la cantidad de usuarios. En 1993, el sistema movilizaba alrededor de 600 mil pasajeros diarios, mientras que con el paso de los años esa cifra comenzó a descender. Hacia 2015 se ubicaba cerca de los 550 mil viajes diarios, aunque la pandemia produjo una alteración profunda del esquema.
Tras la emergencia sanitaria, la recuperación fue parcial. Entre 2022 y 2025 el sistema se mantuvo en niveles inferiores a los históricos y, según datos difundidos por distintos actores del sector, llegó a ubicarse alrededor de los 300 mil viajes diarios en un escenario marcado por menores ingresos, aumento de costos y cambios en los hábitos de movilidad.
Las empresas de transporte explicaron que la situación económica se volvió cada vez más compleja por el incremento del combustible, los costos de mantenimiento, la inflación y las dificultades del financiamiento del sistema.
En ese contexto, comenzaron a reducir frecuencias y advertir sobre problemas para sostener la totalidad de los recorridos.
Menos frecuencias, más espera y una demanda que busca nuevas soluciones
El impacto de la crisis del transporte público se percibe especialmente en los horarios de mayor demanda y en los recorridos donde las frecuencias disminuyeron. Para muchos pasajeros, la pérdida de previsibilidad del colectivo se convirtió en el principal motivo para buscar otras opciones de traslado.
Líneas importantes del sistema platense enfrentaron problemas operativos vinculados con la caída de pasajeros y el aumento de los costos. Empresas del sector señalaron que el esquema económico actual dificulta mantener los niveles habituales de servicio y reclamaron respuestas para evitar nuevos recortes.
El 62,9% de los usuarios consultados afirmó utilizar apps de viajes en auto
La reducción de frecuencias genera consecuencias que van más allá del tiempo de espera. La movilidad urbana afecta la posibilidad de llegar al trabajo, asistir a clases, cumplir turnos médicos o realizar actividades familiares. Por eso, los especialistas sostienen que el transporte no debe analizarse únicamente como un servicio, sino como una pieza fundamental del funcionamiento social y económico de una ciudad.
En ese escenario, las aplicaciones encontraron un mercado dispuesto a utilizarlas. La encuesta del IIPAC-CONICET funciona como un indicador de una transformación más amplia: cuando el transporte público pierde confiabilidad, una parte de los usuarios busca soluciones individuales aunque representen un mayor esfuerzo económico.
La regulación de Uber, Cabify y DiDi: el desafío de ordenar un mercado en expansión
El crecimiento de las plataformas abrió también una discusión política sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio. En el Concejo Deliberante de La Plata comenzó a avanzar un proyecto destinado a ordenar la actividad de las aplicaciones de transporte, que durante años funcionaron en una situación de debate legal.
La iniciativa plantea la creación de un registro municipal para las plataformas, los conductores y los vehículos habilitados. Además, contempla mecanismos de control, requisitos administrativos, sistemas de monitoreo y sanciones ante incumplimientos, con el objetivo de establecer reglas claras para todos los actores involucrados.
El debate también alcanzó al sector del taxi, que históricamente cuestionó la expansión de estas empresas por considerar que competían sin las mismas obligaciones. Sin embargo, desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros, su titular Juan Carlos Berón consideró que una regulación permitiría establecer condiciones más equilibradas y exigir que las plataformas cumplan con obligaciones similares.
La discusión refleja un cambio de escenario: las aplicaciones ya forman parte de la movilidad diaria de miles de platenses y el desafío de las políticas públicas es definir cómo integrarlas sin abandonar la necesidad de fortalecer el transporte público colectivo.
Una transformación que recién comienza
Los resultados parciales de la Encuesta de Movilidad Cotidiana 2026 permiten observar que el fenómeno no se limita a una moda tecnológica. La expansión de las aplicaciones responde a una combinación de factores: la necesidad de ahorrar tiempo, la búsqueda de mayor seguridad, la posibilidad de conocer el costo del viaje y la pérdida de confianza en algunos servicios tradicionales.
El dato más fuerte del estudio es que los usuarios no necesariamente abandonan el transporte público por preferencia, sino porque evalúan permanentemente qué alternativa les permite cumplir con sus obligaciones diarias. La movilidad se volvió una decisión estratégica donde pesan tanto el bolsillo como la certeza de llegar a destino.
Para los especialistas en planificación urbana, el desafío será evitar que la crisis del transporte colectivo profundice una dependencia creciente de soluciones individuales. Las aplicaciones pueden resolver necesidades inmediatas, pero no reemplazan la capacidad de un sistema público masivo para garantizar accesibilidad a toda la población.
La investigación del Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, junto con los estudios del IIPAC, la UNLP y el CONICET, aporta una fotografía precisa de un momento de transición. El futuro de la movilidad platense dependerá de cómo se combinen la innovación tecnológica, la regulación estatal y la recuperación de un transporte público confiable.
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Acaba de terminar el Mundial, con un regusto colectivo que mezcla reconocimiento a la Selección y amargura por la final. Vuelve la realidad del día a día. Y uno de los focos se corre entonces a la política. Es llamativo, pero a pesar de que el Congreso inicia sus virtuales vacaciones de invierno, la atención del Gobierno se concentra allí: el oficialismo necesita cerrar negociaciones para avanzar con su temario, porque las demoras desdibujan la idea de “recuperar” manejo de la agenda. Juegan a la par las internas, que siguen activas y en algunos casos alimentan frustraciones en el terreno legislativo.
Las internas, por supuesto, están lejos de ser un reflejo exclusivo del oficialismo. Y para cierto alivio del Gobierno, el peronismo/K sigue encerrado en su propio círculo, con el bando de CFK y la estructura que armó Axel Kicillof embarrados en su batalla. Es una disputa kirchnerista, con eje en la provincia de Buenos Aires. El resto, el PJ más tradicional y no bonaerense, se mueve por ahora con lentitud, todavía sin resolver sus movimientos o alimentar alguna alternativa.
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De todos modos, la crisis de arrastre del peronismo no modifica sustancialmente el panorama legislativo. En el Congreso, los bloques a veces crujen y ya fueron anotando bajas de legisladores atados a jefes provinciales que negocian, cada uno por su cuenta, con el Ejecutivo. El problema, para el Gobierno, es la dispersión de interlocutores para cerrar trato y avanzar con sus principales proyectos, en especial la reforma electoral, considerada prioritaria para el plan reeleccionista.
El trabajo de Diego Santilli como principal o más visible operador no es sencillo por varias razones, dos de ellas destacadas. La primera se resume en las necesidades de las provincias, con problemas de fondos por los números de la recaudación nacional y, según el distrito, la caída de impuestos locales. El primer semestre resultó negativo en materia de coparticipación y es un cuadro que no modifican las proyecciones de mejora en julio, después de la fuerte caída de junio.
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El segundo tema es el impreciso panorama electoral. En esa línea, se anotan las conversaciones que, lo sabe el jefe de Gabinete y no ignora Karina Milei, cada vez más entreveran cuestiones electorales de cada provincia y plata. Desde las cercanías de la secretaria General dejan trascender que, en las elecciones de gobernador, LLA no jugaría en contra de los jefes provinciales que vayan cerrando trato con el Gobierno. Los recelos, de todos modos, subsisten. Y afectan al Congreso, incluso en el caso de los contactos con legisladores cercanos pero sin alineamiento con gobernadores.
Ese cuadro está a la vista en Diputados, donde se diluye más la capacidad de ordenar desde las provincias en función de los acuerdos con el Gobierno nacional. El tablero a cargo de Martín Menem es más complejo. Sin embargo, los avances contados no empujan la aprobación de proyectos en el Senado, que agrega el componente de las internas con Patricia Bullrich. Un cuadro que expone a la vez los límites de la intervención directa de Karina Milei, por la vía de algunos senadores que le responden directamente y gestiones de Eduardo “Lule” Menem.
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Precisamente, en la Cámara alta se amontonan iniciativas del Ejecutivo. Y dos -la reforma electoral y el recorte de subsidios al gas en zonas frías- integran el lote principal del oficialismo, junto a la segunda versión de la Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En rigor, esas dos últimas iniciativas están en proceso de elaboración. Existe la intención de apurar los textos -trascendió que primero sería el anuncio sobre el BCRA-, para mostrar iniciativa aunque el Congreso recién sería reactivado en agosto.
Por lo pronto, para la primera semana de agosto está anotada la sesión para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que acumula frustraciones de LLA y fue recortado y modificado varias veces. La última postergación, la semana pasada, potenció precisamente las internas del oficialismo y, a la vez, terminó de generar malestar con aliados frente a las idas y vueltas libertarias.
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Patricia Bullrich, que además viene de un fuerte cruce con Victoria Villarruel, fue apuntada desde las cercanías de Karina Milei que, como se sabe, viene operando sobre el bloque libertario y también con algunos aliados, empezando por el reducido bloque del PRO. En el caso específico del proyecto sobre propiedad privada, se anotaron una andanada de la vicepresidente y críticas al papel de Federico Sturzenegger desde las oficinas de la ex ministro. Este capítulo incluyó también alguna factura a la jefatura de Gabinete.
El oficialismo busca ahora reordenarse, al menos en cuanto a prioridades y división de tareas entre las Cámaras. La lista del Senado incluye, además de los proyectos referidos -en lugar destacado, el objetivo de terminar con las PASO-, iniciativas que ya cuentan con aprobación de Diputados, como la segunda entrega del RIGI y la ley Hojarasca. La Cámara baja tiene con menos carga, aunque se destaca un texto muy polémico como la regulación del lobby. Se supone que sumará temas de peso. Por supuesto, como corresponde, recibirá más adelante el Presupuesto 2027.
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Lo dicho: se irán sumando además el proyecto más expuesto por Javier Milei -la reforma sobre el Banco Central- y uno de los más reclamados por Economía, Inocencia Fiscal II. El Gobierno deberá ir resolviendo cómo negocia con los jefes provinciales, es decir, si uno a uno o por paquetes. Ese es un dato central. Hasta el momento, el tema no está saldado. Y volverá a ser elemento central cuando se vaya diluyendo el clima mundialista.
El Gobierno no pudo explotar el efecto del Mundial ni siquiera en el tramo de mayor atención colectiva, es decir, el que borró por unos días todo otro tema, entre el partido con Inglaterra y la final. Quedó impactado especialmente por el tema Malvinas. Y entre otras cosas, eso habría generado malestar Adrián Ravier, en su primer andar como vocero. Otro punto de atención para una interna siempre recargada.
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El mercado inmobiliario continúa mostrando señales mixtas y un escenario de transición compleja. Según el relevamiento mensual realizado por el Colegio de Escribanos bonaerense, durante el mes de junio se concretaron 10.702 compraventas de inmuebles. La cifra enciende una luz de alerta al registrar un descenso interanual del 9 % en comparación con las 11.706 operaciones que se habían realizado en el mismo período de 2025.
Sin embargo, el comportamiento inmediato ofrece otra cara de la moneda: al medir la evolución respecto a mayo —cuando se habían contabilizado 9.068 escrituras—, junio reflejó una suba intermensual del 18 %.
En relación a las hipotecas, en junio se firmaron 1.226 actos hipotecarios, lo que significó una caída interanual del 37 %. En la comparación con el mes previo evidenció una recuperación del 35 %.
EN LA PLATA
La realidad del mercado provincial se refleja de manera muy particular en La Plata. El martillero público Ramón Penayo advierte que La Plata no escapa a la tendencia general de la provincia, pero sufre el impacto con matices propios debido a su matriz económica.
“La Plata no escapa al mercado provincial, sobre todo por ser la capital de la provincia de Buenos Aires”, analiza Penayo, quien destaca el perfil socioproductivo local: “Aquí la mayoría son empleados públicos o pertenecen al ámbito de las universidades; al no tener un desarrollo industrial fuerte, dependemos casi exclusivamente de la administración pública”. En este contexto de ingresos fijos y estructuras estatales, el profesional es categórico: “Sin créditos, es imposible”.
Por su parte, la martillera pública Gisela Agostinelli coincide en el diagnóstico y explica el vuelco de la demanda hacia las propiedades usadas: “Construir de cero resulta hoy menos rentable y más costoso debido a la inflación y al aumento del dólar. Ante este panorama, se registran muchas consultas, pero el cliente se ha vuelto sumamente selectivo. La demanda se concentra casi exclusivamente en un segmento muy específico: departamentos monoambientes y de un dormitorio, cuyos valores oscilan entre los 35.000 y los 60.000 dólares. Este es hoy el principal refugio para los inversores que buscan poner a resguardo su capital”.
Según la profesional, el perfil del comprador actual se caracteriza por un análisis riguroso, comparan precios minuciosamente antes de concretar una operación. Exigencia edilicia, priorizan de forma excluyente que la propiedad esté en perfecto estado y cuente con una ubicación estratégica. Y renta inmediata: El objetivo principal de los inversores es volcar la unidad rápidamente al mercado de alquileres para obtener ingresos pasivos seguros.
Si bien ambos profesionales coinciden en que la sola mención de los créditos hipotecarios dinamiza el movimiento y dispara las consultas de potenciales compradores, el “boom” inicial en las ventas ha entrado en una fase de meseta.
La principal traba actual ya no es solo el valor de la propiedad, sino el acceso al dinero. Agostinelli apunta sobre las exigencias del sistema bancario: “Los bancos manejan una burocracia que a veces al cliente le resulta muy difícil de cumplir”, una traba que ralentiza las operaciones y que se suma al pedido de Penayo de seguir perforando a la baja las tasas de interés para que el financiamiento sea realmente accesible.
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